En toda democracia moderna, la comunicación pública cumple un rol esencial. El Estado debe informar, orientar, educar y rendir cuentas. Nadie discute eso. Lo que sí merece discusión y una discusión seria, es el uso, la magnitud y, sobre todo, la prioridad que se le está dando a ese instrumento en la República Dominicana.
El Presupuesto General del Estado 2026 nos coloca frente a una realidad que no puede ser ignorada: el gasto en publicidad, comunicación y difusión institucional ha alcanzado niveles que ya no son marginales, sino estructurales dentro del gasto público.
Desde la perspectiva de asignación presupuestaria, el gasto en comunicación institucional, al consolidar sus distintas expresiones en el aparato estatal, alcanza un orden de magnitud cercano a los RD$11 mil millones anuales. Este nivel no solo supera estructuras completas del Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), sino que se sitúa en rangos comparables a instituciones del sistema de justicia, como la Procuraduría General de la República, y se aproxima al del Poder Judicial, además de representar más de la mitad del presupuesto de la principal universidad pública del país.
En cualquier análisis de finanzas públicas, cuando un componente de gasto adquiere una escala similar a funciones estructurales del Estado, deja de ser un instrumento accesorio y pasa a reflejar una prioridad de política pública: crear percepción.
Dicho de forma simple: estamos destinando a comunicación una cantidad de recursos comparable a la de instituciones clave del sistema democrático, judicial y educativo. Y eso obliga a una pregunta inevitable: ¿estamos invirtiendo en transformar el país… o en proyectar una imagen de gestión?
Esta semana que concluye nos dejó una señal clara. Las lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos del país, particularmente en el Gran Santo Domingo. Y mientras aún se procesan sus efectos, ya sufrimos los efectos de una nueva vaguada que podría volver a poner a prueba la capacidad de respuesta de nuestras ciudades.
En ese contexto, conviene ser justos. No, el problema no es solo la conducta de los ciudadanos. Sí, hay basura en las calles. Sí, se lanzan desechos en cañadas y filtrantes. Sí, hay un déficit de educación cívica evidente. Pero reducir el problema únicamente a eso es incompleto… y, en cierto modo, cómodo e irresponsable.
Porque también hay una responsabilidad ineludible del Estado. Falta inversión suficiente en drenaje pluvial. Falta mantenimiento sistemático. Falta limpieza preventiva. Falta planificación urbana. Y falta continuidad en las políticas públicas que deberían garantizar que, cuando llueva, el agua fluya y no colapse la ciudad.
Las recientes declaraciones de Fellito Suberví apuntan a una verdad importante: “la basura en las calles y las cañadas” es uno de los principales desafíos que enfrenta la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). Y es cierto. Pero esa verdad no puede ser utilizada para desplazar la otra mitad del problema.
Porque el sistema de drenaje de una ciudad no puede depender exclusivamente del comportamiento perfecto de sus ciudadanos. Debe estar diseñado para resistir, para canalizar y para funcionar incluso bajo condiciones imperfectas. Ahí es donde entra la política pública. Y ahí es donde el presupuesto revela sus prioridades.
Porque mientras enfrentamos déficits evidentes en infraestructura, mantenimiento y gestión urbana, el Estado destina miles de millones a comunicación institucional, gran parte de ella orientada a difundir ejecutorias y proyectar una narrativa positiva de la gestión.
No se trata de eliminar ese gasto. Se trata de cuestionar su peso relativo. Porque aquí es donde la contradicción se vuelve evidente. Si el Estado dispone de más de RD$11 mil millones para comunicación, ¿por qué no convertir una parte significativa de ese presupuesto en una gran estrategia nacional de educación cívica? ¿Por qué no combinar inversión en infraestructura con campañas sostenidas que transformen conductas?
Educar para no tirar basura.
Educar para respetar los drenajes.
Educar para convivir en el espacio público.
Educar para respetar las leyes de tránsito.
Educar para prevenir la violencia.
Porque si ese gasto, que hoy luce excesivo, se utilizara de manera sistemática para educar, prevenir y transformar, al menos podríamos discutir su rentabilidad social. Pero si la prioridad es la construcción de percepción, el gasto deja de ser inversión y se convierte en relato. Y ese relato se enfrenta a la realidad cada vez que llueve.
Cada inundación no es solo un evento climático. Es la manifestación de una falla acumulada: de conducta ciudadana, sí, pero porque no los educamos… pero también de planificación, inversión y mantenimiento.
Por eso, el debate no debe simplificarse. No es ciudadano versus Estado. Es ciudadano y Estado. Pero también es, claramente, un problema de prioridades. Porque cada peso que se invierte en prevenir, educar y mantener, evita muchos más pesos que luego deben gastarse en reparar, asistir y reconstruir. Esa es la diferencia entre gasto y desarrollo.
Y ningún país se transforma invirtiendo más en cómo se ve… que en cómo funciona.
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