Cada Semana Santa, el guion se repite. Las autoridades anuncian medidas para preservar el orden: control del volumen de la música en espacios públicos, restricciones en la venta de alcohol el Viernes Santo y el habitual llamado a la convivencia básica.
No son disposiciones nuevas. Sin embargo, como si se tratara de un rito estacional, surge un rechazo casi automático. En la radio y las redes, la queja es la misma: se percibe la norma como un ataque a la libertad de empresa o a la alegría dominicana. Pero, ¿de qué libertad hablamos exactamente?
La habitación clausurada
Hace años, cuando aún era soltero, viví en carne propia la otra cara de esa "alegría". Residía en un apartamento donde dos de las habitaciones eran prácticamente inutilizables. Nadie podía dormir en ellas. ¿La razón? Un colmadón cercano cuyos niveles de ruido anulaban cualquier derecho al descanso. Me mudé y desconozco si esa situación persiste, pero sé que esa realidad, la de vivir prisionero del estruendo ajeno, sigue siendo cotidiana para miles de ciudadanos.
Esa experiencia me enseñó que el volumen de una bocina no es solo una expresión de disfrute personal; es, en muchos casos, una invasión. Cuando defendemos el derecho a "hacer ruido", a menudo olvidamos que estamos defendiendo el derecho a invadir la propiedad, el sueño y la salud mental del vecino.
El espacio compartido
El espacio público, por definición, no es una extensión de la sala de nuestra casa. Es el lugar donde conviven realidades, edades y necesidades distintas. Lo que para uno es "ambiente", para otro es la imposibilidad de trabajar, estudiar o simplemente recuperar fuerzas.
En sociedades con mayor cohesión, estas normas no requieren de una vigilancia asfixiante. No porque el Estado sea más fuerte, sino porque el ciudadano es más consciente. Existe una cultura cívica interiorizada donde el autocontrol sustituye a la patrulla. En esos contextos, se entiende que el consumo de alcohol o el ruido excesivo no son decisiones aisladas, sino factores que afectan la seguridad y la paz colectiva.
El reto de la madurez
En República Dominicana hemos avanzado en infraestructura, pero persistimos en una tensión no resuelta entre derechos y responsabilidades. Defendemos nuestra libertad individual con intensidad, pero nos mostramos esquivos a la hora de asumir las implicaciones que esa libertad genera en la convivencia.
Esta resistencia se manifiesta en múltiples niveles: desde el caos del tránsito hasta la forma en que abordamos debates nacionales. Incluso en temas de alta complejidad, hemos demostrado que cuando actuamos con responsabilidad compartida, somos capaces de proyectar una madurez institucional envidiable. Sin embargo, esa misma lucidez no siempre se traduce en lo cotidiano, en la acera, en el vecindario o en los pequeños actos que sostienen la convivencia.
La convivencia no se decreta
La ciudadanía activa no consiste solo en exigir derechos. Se valida en lo invisible: bajar el volumen sin que nos lo pidan, respetar el descanso ajeno y acatar la norma aunque no haya un agente mirando. Diversos enfoques sobre ciudadanía global coinciden en que la madurez de una nación se mide por la capacidad de sus individuos de prever el impacto de sus actos en los demás. El debate sobre las restricciones de Semana Santa es, en realidad, una oportunidad para hacernos una pregunta incómoda: ¿Qué tipo de sociedad queremos ser?
El verdadero desafío no es si la autoridad interviene más o menos, sino si somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Quizás entonces descubramos que el problema nunca fue únicamente el ruido de las bocinas, sino el estruendo de una sociedad que aún no sabe respetar el silencio del otro.
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