En los últimos años, la República Dominicana ha comenzado a aparecer en una posición relativamente favorable dentro del mapa latinoamericano de desigualdad. Según datos armonizados de la CEPAL, el índice de Gini del país pasó de 0.395 en 2021 a 0.387 en 2023, antes de retornar a 0.395 en 2024. En el mismo período, el promedio simple de doce países de América Latina incluidos en la medición descendió de 0.469 a 0.452, confirmando una reducción regional lenta, pero persistente, de la desigualdad.

En términos comparativos, el país se sitúa por debajo de la media regional y en una franja cercana a economías tradicionalmente consideradas más igualitarias, como Uruguay (0.398) y Argentina (0.386), muy lejos de los niveles observados en Colombia (0.559), Brasil (0.504) o Panamá (0.506). El Banco Mundial confirma esta ubicación relativa, al estimar el coeficiente de Gini dominicano más reciente en torno a 0.39.

A primera vista, el dato parece alentador; sin embargo, una lectura estrictamente estadística corre el riesgo de ocultar una paradoja cada vez más visible en la vida cotidiana: la desigualdad medida se contiene, pero el malestar social asociado al costo de vida, la informalidad y el acceso desigual a oportunidades persiste, e incluso se intensifica.

La trayectoria reciente del Gini ayuda a comprender esta tensión. La reducción observada en 2023 coincide con un período de dinamismo del mercado laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Dominicana, el número de personas ocupadas superó los 5.1 millones, con una tasa de desempleo abierto históricamente baja. Este patrón no es exclusivo del país; la CEPAL ha documentado que, tras la pandemia, la mejora de la distribución del ingreso en varios países de América Latina respondió principalmente al comportamiento del empleo y del ingreso laboral real, más que a transformaciones estructurales de fondo.

La reversión registrada en 2024 confirma el carácter coyuntural de esa mejora. Aunque la inflación general se moderó, los componentes que pesan con mayor fuerza en el presupuesto de los hogares de menores ingresos (alimentos, transporte y vivienda) mantuvieron presiones persistentes. En 2024, la inflación acumulada de alimentos se mantuvo sistemáticamente por encima de la inflación promedio, mientras que el rubro vivienda continuó reflejando tensiones asociadas al mercado de alquileres. Datos oficiales muestran que los hogares de los primeros quintiles destinan más del 40% de su ingreso a estos rubros, frente a proporciones sensiblemente menores en los estratos altos. Desde una perspectiva distributiva, el costo de vida actúa como un impuesto regresivo implícito, capaz de neutralizar incrementos nominales del ingreso sin que el índice de Gini lo refleje plenamente.

Aquí emerge una limitación central del indicador. El Gini mide la distribución del ingreso corriente, pero no captura la desigualdad funcional; es decir, aquella que se manifiesta en la capacidad real de las personas para transformar ingreso en bienestar, seguridad y trayectorias vitales estables. Este enfoque (que distingue entre igualdad estadística e igualdad efectiva) resulta clave para interpretar el caso dominicano. La estabilidad del Gini alrededor de 0.39 no implica equilibrio social, sino un resultado inercial, producto de fuerzas que se compensan como mejoras temporales del ingreso laboral en la base y presiones estructurales persistentes asociadas a informalidad, precios y concentración económica.

En el mercado laboral dominicano, esta desigualdad funcional se expresa con nitidez en la informalidad, que afecta a alrededor del 55% de los ocupados, según la ENCFT. La informalidad no solo implica ingresos más bajos y volátiles en el presente; implica también menor acceso efectivo a servicios de salud, menor densidad contributiva al sistema de pensiones y una protección social fragmentada, reproduciendo desigualdad intertemporal. El ingreso puede mejorar en el corto plazo, pero la vulnerabilidad estructural permanece y se traslada al futuro.

La educación constituye otro eje crítico de esta dinámica porque aun cuando la cobertura educativa ha aumentado de forma sostenida, persisten brechas significativas en calidad, aprendizajes y pertinencia, estrechamente vinculadas al origen socioeconómico y al territorio. Estas brechas se traducen en diferencias sustantivas en capital humano y productividad, condicionando la inserción laboral y los salarios a lo largo del ciclo de vida. Desde el punto de vista distributivo, no se trata solo de cuántos años se estudia, sino de qué competencias se adquieren y qué posibilidades reales ofrece el mercado de trabajo a quienes las poseen.

En salud, la desigualdad adopta una forma aún más silenciosa. Si bien la cobertura nominal del aseguramiento es elevada, el acceso efectivo continúa mediado por la capacidad de pago, la ubicación geográfica y la disponibilidad de servicios resolutivos. El gasto de bolsillo sigue representando una proporción significativa del financiamiento sanitario de los hogares de menores ingresos, lo que convierte a la enfermedad en un riesgo económico distribuido de manera desigual. Desde esta perspectiva, la desigualdad en salud no es solo un problema de cobertura, sino una desigualdad de protección que amplifica la vulnerabilidad social.

La pobreza monetaria, por su parte, ha mostrado reducciones en determinados períodos, pero continúa siendo altamente sensible a choques. Una fracción importante de los hogares que logra superar la línea de pobreza permanece en situación de vulnerabilidad, susceptible de recaer ante una enfermedad, la pérdida de empleo o un aumento abrupto del costo de vida. Este fenómeno se articula con formas de pobreza multidimensional, donde carencias en educación, vivienda, salud y protección social se acumulan incluso cuando el ingreso corriente parece suficiente.

A estas dimensiones se suma una variable estructural frecuentemente ausente en el debate público, la limitada capacidad redistributiva del sistema fiscal. La República Dominicana presenta una presión tributaria baja en comparación regional y un esquema impositivo con escasa progresividad, lo que restringe el impacto redistributivo de impuestos y transferencias. En este contexto, la reducción de la desigualdad descansa casi exclusivamente en el mercado laboral, volviéndose altamente dependiente del ciclo económico y vulnerable a cualquier deterioro del ingreso real.

Finalmente, la desigualdad de ingresos convive con una alta concentración patrimonial y de poder de mercado, dimensiones que el índice de Gini no refleja adecuadamente. La evidencia regional muestra que la concentración de activos y rentas tiende a aumentar incluso cuando la desigualdad de ingresos se estabiliza. Este fenómeno limita la movilidad social, erosiona la percepción de equidad y alimenta la sensación de que el crecimiento beneficia de manera desproporcionada a unos pocos, aun cuando los indicadores agregados parezcan favorables.

Mirando hacia el período 2026–2030, el escenario más probable para la República Dominicana es de persistencia inercial; esto es, un coeficiente de Gini que oscila alrededor de 0.39–0.41, con mejoras transitorias impulsadas por el empleo y retrocesos asociados al costo de vida, la informalidad, la baja capacidad redistributiva y la concentración económica. Sin intervenciones estructurales, la desigualdad no se disparará, pero tampoco se resolverá.

El desafío central no es únicamente reducir un indicador, sino transformar la estructura de oportunidades y de protección social. Formalizar el empleo con productividad, proteger el salario real frente al aumento del costo de vida, elevar la calidad del capital humano, garantizar acceso efectivo a salud y seguridad social y fortalecer la capacidad redistributiva del Estado son condiciones necesarias para que la mejora distributiva sea sostenible. De lo contrario, la República Dominicana continuará exhibiendo una desigualdad “moderada” en las estadísticas, mientras la desigualdad real en bienestar, seguridad y expectativas de futuro continúa acumulándose silenciosamente bajo la superficie.

Referencias

  • Banco Central de la República Dominicana. (2024). Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). Santo Domingo: BCRD.
  • Banco Central de la República Dominicana. (2024). Informe de inflación y evolución de precios. Santo Domingo: BCRD.
  • Banco Mundial. (2024). World Development Indicators: Gini index (Dominican Republic). Washington, DC.
  • CEPAL. (2024). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile.
  • CEPAL. (2023). Brechas estructurales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
  • ONE. (2023). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). Santo Domingo.
  • Ramírez Slaibe, P. (2023). Desigualdad funcional, protección social y sostenibilidad sistémica. Documento de trabajo.

Pedro Ramírez Slaibe

Médico

Dr. Pedro Ramírez Slaibe Médico Especialista en Medicina Familiar y en Gerencia de Servicios de Salud, docente, consultor en salud y seguridad social y en evaluación de tecnologías sanitarias.

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