Mientras el río Haina intenta recuperarse tras la intervención de urgencia declarada en 2026, la realidad sigue siendo clara: durante más de cuatro décadas, la extracción de arena y grava ha degradado de forma sostenida nuestras principales cuencas hidrográficas.

Investigaciones periodísticas como las de Julissa Céspedes y el reportaje "La ruta de la arena" de El País han evidenciado la magnitud del problema. Análisis previos han señalado reducciones significativas en los caudales de ríos como el Haina, el Camú y el Yásica, donde en 2014 se llegaron a registrar hasta 350 camiones diarios de extracción ilegal.

Esto no es extracción artesanal. Es una actividad de escala industrial que opera en una amplia zona gris entre lo legal, lo irregular y lo abiertamente ilegal.

Esta dinámica altera el equilibrio natural de los ríos: profundiza el cauce, reduce la recarga de acuíferos, acelera la erosión de las márgenes y amplifica los efectos de las lluvias torrenciales. Por eso, eventos como los de abril de 2026 produjeron crecidas más violentas e inundaciones de mayor impacto. El colapso del puente sobre el Camú en Montellano, por ejemplo, no puede explicarse únicamente por la lluvia; se inscribe en un contexto de vulnerabilidad acumulada en el cauce.

El Estado ha respondido con operativos, decomisos, sanciones y la intervención actual en el Haina (Resolución 002-2026). Pero la evidencia acumulada apunta a una realidad más profunda:

No es ausencia de acción. Es falta de efectividad sostenida.

Otros países enfrentaron esta misma tensión entre desarrollo y protección ambiental, y lograron corregir el rumbo. En Sri Lanka, las restricciones a la extracción mecanizada en ríos clave, junto con esquemas de gestión comunitaria, contribuyeron a estabilizar sistemas fluviales degradados. En China, la prohibición en tramos críticos del Yangtze redujo significativamente la erosión y el socavamiento de infraestructuras. En Europa y Estados Unidos, la transición hacia canteras terrestres, arena manufacturada y reciclaje de materiales ha permitido sostener la actividad constructiva sin comprometer sus ríos.

No hay una única medida. Lo que funciona es un cambio de enfoque. Este enfoque coincide con los planteamientos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha advertido que la crisis global de la arena no puede resolverse con medidas aisladas, sino mediante una combinación de regulación efectiva, monitoreo continuo, alternativas de abastecimiento y gestión integral de cuencas.

La pregunta, entonces, no es técnica. Es institucional:

¿Por qué no hemos logrado hacerlo en República Dominicana?

La respuesta pasa por construir un sistema de corresponsabilidad ambiental real, donde tres actores asuman roles claros y se controlen mutuamente.

La ciudadanía y las comunidades deben evolucionar de denunciantes a vigilantes activos, participando en el monitoreo y la restauración.

Las autoridades necesitan pasar de intervenciones puntuales a esquemas de fiscalización continua, con trazabilidad digital obligatoria y sanciones efectivas.

El sector de la construcción, principal demandante, debe asumir un rol protagónico: exigir origen legal verificable, rechazar material irregular y liderar la transición hacia canteras en tierra firme, arena manufacturada y reciclaje de RCD.

Convertir la intervención del Haina en un piloto de corresponsabilidad, crear una Mesa Multisectorial Permanente y establecer un fondo mixto de restauración son pasos concretos, viables y urgentes.

Salvar nuestros ríos no significa detener el desarrollo. Significa construir con inteligencia, responsabilidad compartida y visión de largo plazo. Proteger las cuencas es proteger el agua, la infraestructura y el futuro del país.

La ruta está trazada.

Ahora solo falta la voluntad colectiva para recorrerla.

Referencias

Modelo europeo de transición a áridos no fluviales

Giovanni D'Alessandro

Ingeniero Industrial

Ingeniero Industrial, Maestría Administración de Empresas Esposo y padre de tres profesionales Activista social y asiduo tuitero

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