No me voy a referir a las formas más evidentes de hacerse asesino en el ejercicio del poder, como son las agresiones militares injustificadas de un país contra otro, el genocidio y los múltiples asesinatos que ocurren bajo regímenes que someten a sus pueblos al terrorismo de Estado. Vamos a analizar otras menos obvias que también conducen a la muerte.
Si hay estadísticas que informan del alto porcentaje de muertes de motoristas en accidentes de tránsito y no se hace nada para reducirlas, entonces los Gobiernos, en especial las autoridades responsables del tránsito terrestre y las encargadas del cumplimiento de las leyes y regulaciones que rigen a este, tienen responsabilidad en esas muertes, independientemente de que en los casos de imprudencia del motorista la mayor parte de ella corresponda a este.
Si en el combate a la delincuencia las muertes causadas por las fuerzas del orden son generalmente injustificadas, porque son consecuencia de una política de gatillo alegre, los Gobiernos y los que dirigen los organismos policiales seguirán siendo responsables de ellas si no toman medidas para evitarlas.
Los Gobiernos que se hacen de la vista gorda frente a su obligación de imponer orden y cumplimiento de las leyes, son responsables también de las muertes que se producen como consecuencia de esa ausencia de autoridad que incita a los delincuentes a matar con mayor libertad.
Pero donde más homicidios se cometen es en el uso de los recursos públicos. Cada Gobierno dominicano se enfrenta a una sociedad llena de carencias y, si decide olvidarse de ellas gastando mal los ingresos que recibe o dejando que sus funcionarios los diezmen a través de la corrupción, mayores serán las muertes. El caso más claro es el de la salud pública. Todo lo que se deje de hacer en ese campo, implica que va a seguir muriendo gente innecesariamente. La deficiente calidad de las edificaciones hospitalarias, la insuficiencia de equipos médicos o su abandono por falta de mantenimiento, la ausencia de una política salarial que premie la excelencia profesional, la falta de disciplina y exigencias laborales, contribuyen a una atención pública en salud que, por su bajo nivel, se refleja en una tasa de mortalidad elevada.
Lo mismo ocurre con las condiciones de vida de las poblaciones marginadas, donde impera la insalubridad, un mal servicio de recolección de basura, baja calidad del agua y viviendas caracterizadas por la precariedad y el hacinamiento, factores que contribuyen a elevar las tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente en niños y ancianos. Si no se hace nada para pavimentar sus calles polvorientas, mejorar la recolección de basura, garantizar el suministro de agua potable y ejecutar programas de viviendas para los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, los Gobiernos serán responsables de muchas muertes evitables derivadas de esas penosas condiciones de vida.
Las negligencias en la protección del medio ambiente también se reflejan en muertes. La contaminación del aire y de las aguas pueden afectar gravemente la salud de las personas, en algunos casos en forma inmediata y en otros en el mediano y largo plazo. La deforestación de las cuencas hidrográficas y la extracción no controlada de los materiales de los cauces de los ríos crean condiciones favorables al desborde repentino de sus aguas, que cobran vidas a su paso.
Hasta aquí hemos hablado de muerte de personas, pero no nos hemos referido a la muerte del futuro. Cuando los políticos no se ocupan del mejoramiento real de la educación dominicana, le están bloqueando a nuestra juventud la vía para acceder a condiciones de vida superiores en el plano económico y social. En pocas palabras, están cometiendo un “futuricidio” que los condena a vivir con las mismas o mayores precariedades que sus padres. A esta tarea poco honrosa se suma la politizada Asociación Dominicana de Profesores.
Los políticos también se pueden hacer “futuricidas” cuando no se preocupan por mejorar la institucionalidad del país y perpetúan prácticas de gestión pública que van en contra de la eficiencia social y la justicia. Con incompetentes y piratas nunca se podrá construir un buen futuro para los dominicanos.
Todo lo dicho hasta este punto resulta obvio y es sabido por muchos, pero no está de más recordarlo, pues son demasiados los que, ya sea por elección popular o por designación, han ocupado y ocupan funciones públicas sin pensar jamás que su obligación siempre ha sido la de servir a quien les paga: el pueblo.
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