Mientras el país discute reformas ministeriales, educativas y prioridades presupuestarias, vuelve a escena una pregunta que parece obvia, pero no lo es: ¿para qué proyecto de país estamos formando científicos?
Hace unos días, Listín Diario publicó una reflexión de Alberto Julio Núñez Sellés sobre “el reto de las ciencias básicas”. Es legítimo y oportuno subrayar la importancia de valorar y proteger este componente esencial del conocimiento.
El año pasado fue el Año de la Ciencia Cuántica y estamos en la Década de la Ciencia para el Desarrollo Sostenible. En semejante contexto, el mensaje puede resultar ambiguo y prestarse a interpretaciones reduccionistas. Es innecesario como defensa aislada de un principio teórico que nadie cuestiona, y demasiado genérico si, olvidando la evolución reciente del sistema científico dominicano, sirviera exclusivamente para introducir “cambios sustanciales en los sistemas educativos” y crear “aptitudes para sistemas de empleo cada vez más especializados y competitivos”.
Lamentablemente, la política educativa del país adolece de problemas estructurales que no se resuelven con un enfoque orientado únicamente a un “entrenamiento y formación altamente especializados… en respuesta a las necesidades del mercado laboral”.
La República Dominicana ha avanzado en la creación de capacidades científicas fundamentales, pero no podemos olvidar que este progreso se ha logrado pese a un financiamiento insuficiente, muy por debajo del promedio regional, y con una modalidad centrada más en proyectos que en grupos de investigación. Esto dificulta la continuidad, limita la consolidación de equipos y vuelve casi imposible una planificación científica de mediano y largo plazo.
Aun así, los logros merecen ser reconocidos. Gracias al impulso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) —a través de dos pilares: FONDOCYT y el Congreso, evento central de la Semana de la Ciencia Dominicana— hoy existe una comunidad de investigación activa, con proyectos alineados con desafíos nacionales en biotecnología, medio ambiente, salud, energía y cadena alimentaria. De hecho, uno de los éxitos más significativos ha sido la casi autosuficiencia alimentaria alcanzada tras décadas de dependencia de importaciones, incluso de productos tan básicos como los cereales, que a finales del siglo pasado se importaban en volúmenes equivalentes al doble de la producción nacional.
Hace falta elevar la discusión pública. Es imprescindible incorporar la ciencia a los programas de desarrollo de largo plazo. No se trata de defender en abstracto la importancia de las ciencias básicas —nadie la pone realmente en duda; han pasado cuatro siglos desde que Galileo afirmó que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos— ni de maquillar las modalidades y contenidos de su enseñanza, sino de asumir plenamente las implicaciones de esa importancia.
Es urgente situar estas implicaciones dentro de un proyecto de desarrollo. Los temas que requieren un debate que no puede limitarse a un nivel estrictamente nacional —y que debe involucrar también a los países del SICA en planes regionales— son otros: el modelo económico, la relación entre ciencia e industria y las políticas necesarias para formar y retener talento especializado. En otras palabras, no basta con afirmar que las ciencias básicas son esenciales ni con adecuarlas al mercado laboral; es indispensable preguntarse qué estructura productiva puede absorber y potenciar ese conocimiento.
¿Hablamos de una economía basada en industria avanzada, bioeconomía, energía limpia, agroindustria de alto valor, tecnologías digitales? ¿O de una estructura que siga dependiendo casi exclusivamente del turismo, las remesas y el comercio informal? De esa respuesta depende el sentido mismo de invertir en ciencia.
La pregunta urgente no es solo por qué necesitamos más ciencia básica, sino qué queremos hacer con los científicos que formamos y financiamos. Para ello, más que una defensa genérica de la investigación, hace falta referirse explícitamente a la meta de construir un proyecto nacional en el que la ciencia sea un motor del desarrollo.
FONDOCYT demuestra que existe talento científico dominicano en áreas de frontera. Universidades públicas —especialmente la UASD, pero también ISFODOSU y UTECO— y privadas participan activamente en proyectos de alto nivel. Sin embargo, los próximos pasos, quizás los más estratégicos, deben garantizar que estos avances no queden confinados al ámbito académico o a políticas sectoriales. Se requiere una visión de Estado que conecte conocimiento, industria y productividad, con una planificación política clara y de largo plazo.
En definitiva, defender las ciencias básicas es correcto y necesario, pero insuficiente frente a los desafíos del país hacia la segunda mitad del siglo XXI. El debate debe evolucionar, en esta década decisiva, hacia una visión nacional en la que la ciencia sea el motor estructural del desarrollo económico y social, y en la que el Estado asuma plenamente su responsabilidad estratégica.
Solo así la República Dominicana podrá convertir sus capacidades científicas en desarrollo real y sostenible.
En un próximo artículo abordaremos qué tipo de estructura productiva y de infraestructuras científicas permitirían transformar estas capacidades en desarrollo real.
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