En las últimas semanas, en la comunidad científica estadounidense se ha abierto un debate que puede parecer lejano para muchos países de América Latina y el Caribe, pero que toca una cuestión central para cualquier sociedad que aspire a construir un futuro basado en el conocimiento: ¿cómo se decide qué actividades merecen recibir apoyo público? Y, con referencia a la ciencia, ¿quién decide cuáles preguntas científicas merecen ser financiadas? ¿Y con qué criterios?
La controversia surge a raíz de una propuesta de nueva reglamentación de la Office of Management and Budget (OMB), la agencia de la Casa Blanca que establece el marco general de las reglas relativas a la financiación federal, incluida la financiación pública de la ciencia.
La nueva reglamentación no tiene como objetivo directo la investigación científica. La competencia de la OMB es mucho más amplia e incluye programas federales que van desde proyectos tecnológicos e industriales hasta iniciativas sociales, educativas, ambientales o sanitarias.
Sin embargo, la comunidad científica ha reaccionado con especial atención porque estas reglas determinan cómo se distribuyen miles de millones de dólares para universidades, centros de investigación y laboratorios.
Organizaciones como la American Physical Society (APS) han señalado que cambios en estos mecanismos podrían modificar profundamente la relación entre ciencia, gobierno y sociedad.
La preocupación es que la nueva reglamentación pueda permitir que criterios o preferencias políticas prevalezcan sobre la evaluación realizada por expertos científicos mediante mecanismos de revisión por pares; que se restrinjan colaboraciones internacionales esenciales para la investigación; que se introduzcan consideraciones políticas en la gestión de los laboratorios; y que se debiliten los programas de formación de la próxima generación de científicos.
La cuestión central no es que los gobiernos establezcan prioridades —algo legítimo y necesario—, sino que se borre la distinción fundamental entre definir grandes objetivos estratégicos y decidir políticamente qué proyectos científicos concretos deben avanzar y cuáles no.
Esta línea roja debería ser respetada por cualquier gobierno, en cualquier latitud y en cualquier momento.
Es evidente que un gobierno debe tener una política científica. La investigación necesita recursos públicos y los Estados tienen la responsabilidad de orientar inversiones hacia grandes desafíos nacionales, en un marco también caracterizado por problemas de alcance mundial: transición energética, salud, cambio climático, seguridad alimentaria, inteligencia artificial, innovación tecnológica y desarrollo económico no son temas solamente nacionales, y esto genera un elemento adicional de preocupación frente a la nueva reglamentación.
Es oportuna una consideración general: la política científica tiene características particulares. Debe ser política de Estado y no una política que cambie cada vez que cambia un gobierno, especialmente cuando se trata de construir capacidades científicas, proceso que requiere tiempos largos: se mide en décadas, no en ciclos electorales.
Esto es cierto para Estados Unidos, cuyo desarrollo científico moderno se vincula con la visión de “Science, the Endless Frontier” de 1945, y también para China, donde la política científica actual es el resultado de procesos históricos de largo plazo.
El punto delicado del debate no es que un gobierno establezca prioridades. Eso ocurre en todos los países. La investigación científica necesita recursos públicos y es razonable que se definan grandes áreas estratégicas.
El problema aparece si estas prioridades dejan de ser una orientación estratégica y se convierten en una condición para la supervivencia del ecosistema científico del país; si el poder decisional deja de estar basado en la evaluación de la comunidad científica mediante mecanismos de revisión por pares y pasa a depender de una agencia gubernamental; y si el criterio principal deja de ser la calidad científica, la originalidad o el potencial de una investigación para convertirse en la alineación política con una agenda gubernamental.
La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental. Existe el riesgo de debilitar o suprimir grandes programas científicos de largo plazo para privilegiar la financiación de proyectos individuales.
Un proyecto de investigación puede y debe dialogar con las necesidades de un país. Una ciencia desconectada de la sociedad corre el riesgo de convertirse en una actividad aislada. Pero abundan los ejemplos de avances que transformaron el mundo y nacieron de investigaciones cuyo impacto práctico no era evidente al principio.
A menudo se trata de aspectos colaterales a grandes programas. No debería hacer falta recordar el clásico ejemplo de internet.
La investigación fundamental, por definición, explora territorios desconocidos. No siempre puede prometer resultados inmediatos ni adaptarse perfectamente a un programa político de corto plazo.
Este debate presenta un interés especial para países cuya construcción de capacidades científicas exige continuidad institucional y reglas estables, lo cual tiene una resonancia particular para América Latina y el Caribe.
La construcción de capacidades científicas nacionales es un programa general en nuestra región, y muchas veces los sistemas de financiación tienen una relación muy estrecha con las prioridades definidas por los gobiernos de turno. Esto genera una dificultad adicional: la limitación de recursos puede llevar, incluso de manera indirecta, a privilegiar únicamente aquello que parece responder a necesidades inmediatas, definiendo un costo de oportunidad de las decisiones en políticas científicas. Este costo se refleja en el histórico problema de la subfinanciación de la ciencia.
En la República Dominicana deberíamos reflexionar sobre la existencia, a otra escala, de un problema similar. Las convocatorias del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) han representado el instrumento fundamental que ha contribuido al fortalecimiento de la investigación nacional registrado en las últimas décadas.
Es lógico que un fondo público valore proyectos vinculados con los grandes desafíos del país y con las estrategias nacionales de desarrollo. Pero, precisamente por la importancia de este instrumento, conviene reflexionar sobre cómo interpretar esa relación.
Que un proyecto esté alineado con un Plan nacional puede ser un elemento positivo: demuestra relevancia, conexión con la realidad y capacidad de generar impacto, crea aceptación social. Pero no puede por eso esperarse que todos los proyectos de alto valor científico deban estar previstos previamente en ese Plan.
Es comprensible que se consideren la pertinencia de un proyecto en términos de las necesidades del país y su articulación con los lineamientos del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, transformar el Plan Estratégico en un rígido requisito de alineación para que un proyecto sea aprobado sería un error estratégico, incluso antes que científico.
La ciencia no funciona como una licitación administrativa donde el resultado está definido antes de empezar. Funciona mediante hipótesis, incertidumbre, creatividad y descubrimientos inesperados.
Un país que solo financia aquello que ya sabe que necesita corre el riesgo de llegar tarde al futuro.
La experiencia internacional muestra que los sistemas científicos más exitosos combinan dos elementos: una visión estratégica del Estado y una evaluación independiente basada en la calidad científica. Los gobiernos definen grandes objetivos; los científicos ayudan a descubrir los caminos para alcanzarlos.
La relación correcta no es subordinación, sino cooperación. Esto vale para Estados Unidos o China como vale para países que, como la República Dominicana, buscan aumentar su capacidad tecnológica y reducir dependencias externas, preservando autonomía intelectual.
Las transformaciones de gran impacto económico del siglo XXI —desde la biotecnología y las energías renovables hasta la inteligencia artificial y los nuevos materiales— nacieron de inversiones sostenidas en conocimiento.
Por eso, la pregunta que surge aquí del debate estadounidense no es qué ocurrirá en Estados Unidos, sino qué tipo de ciencia queremos construir.
Hay consenso en que debe ser una ciencia capaz de responder a las necesidades nacionales y a los grandes desafíos sociales, pero también debe poder explorar preguntas que todavía no sabemos formular.
Porque cuando la política define de antemano las respuestas antes de que la ciencia pueda plantear las preguntas, no estamos fortaleciendo la investigación: estamos limitando nuestra capacidad de imaginar el futuro.
Esta reflexión nace desde una doble perspectiva. Por un lado, desde la experiencia de un país en desarrollo, donde la construcción de capacidades científicas enfrenta desafíos específicos y donde las decisiones sobre financiación tienen consecuencias particularmente relevantes. Por otro lado, desde mi participación en espacios internacionales de cooperación científica, incluyendo el International Physics Forum y el Comité de Asuntos Científicos Internacionales de la American Physical Society, lo que me permite observar estos temas desde la perspectiva de una comunidad científica global.
Son dos puntos de vista diferentes, pero complementarios, que convergen en una misma conclusión: la ciencia necesita una visión estratégica del Estado, pero también estabilidad institucional, autonomía intelectual y mecanismos de evaluación basados en la calidad científica.
Compartir esta nota