Buen camino para formalizar la precariedad

Durante décadas, la informalidad laboral ha sido presentada como un problema a corregir: un rezago o una anomalía frente al ideal del empleo formal. Desde esa mirada, las políticas públicas se concentran en diseñar mecanismos para “integrar” a los trabajadores independientes al sistema existente, sin interrogar por qué ese mismo sistema produce y necesita, de manera persistente, altos niveles de informalidad, de trabajadores mayoritariamente independientes. Esta lectura resulta insuficiente. La informalidad no es un error del modelo económico dominicano, sino una condición funcional de su funcionamiento.

En un contexto de bajos salarios, débil presión fiscal y redistribución limitada, la informalidad cumple un papel clave: permite trasladar a los hogares los costos de la reproducción social —salud, vejez y riesgos laborales— que no asumen ni el aparato productivo organizado bajo la lógica de acumulación privada ni el Estado en la magnitud requerida. De este modo, el sistema económico preserva estabilidad macroeconómica nominal y competitividad, mientras externaliza sistemáticamente sus costos sociales hacia los trabajadores y sus familias, al tiempo que amplía la inestabilidad estructural.

Es en este marco donde debe analizarse con rigor la propuesta del Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) para trabajadores independientes, promovida en el debate público como una “solución realista” a las limitaciones del sistema de seguridad social en salud y pensiones.

En su formulación habitual, el RCS parte del supuesto de que, dado que una parte importante de la población ocupada no puede contribuir plenamente, una fracción de la cotización sería subsidiada. Sin embargo, esta formulación pasa por alto un hecho central: en la práctica, el financiamiento recae fundamentalmente sobre los propios trabajadores.

Por una vía, los trabajadores informales y de bajos ingresos cargan con la parte contributiva del esquema, detrayendo recursos de ingresos ya muy por debajo de un nivel digno. Por la otra, financian el llamado “subsidio” a través de un sistema tributario profundamente regresivo, basado en impuestos al consumo. En la República Dominicana, donde más del 60 % de la recaudación proviene de tributos indirectos como el ITBIS, que gravan casi la totalidad de los bienes y servicios que consume la población trabajadora. Así, el RCS no descansa sobre una redistribución progresiva, sino sobre una doble carga financiera soportada por los mismos hogares precarizados.

El problema de fondo no es de afiliación, sino de ingresos. Incluso dentro del empleo formal, los salarios mínimos vigentes se sitúan muy por debajo del salario digno estimado para Santo Domingo según la metodología Anker. En micro y pequeñas empresas —donde se concentra una parte significativa de la precariedad laboral— el salario mínimo apenas cubre entre el 40 % y el 46 % del ingreso necesario para una reproducción social básica. Aún en las grandes empresas, la brecha persiste.

Salario mínimo no sectorizado en República Dominicana en relación con el salario digno estimado para Santo Domingo

Fuente: Salario mínimo no sectorizado según resoluciones del Comité Nacional de Salarios (2025).                                                                                                   Salario digno estimado según Global Living Wage Coalition, metodología Anker (2025).

Nota metodológica: El salario mínimo corresponde a valores nacionales del sector privado no sectorizado, mientras que el salario digno se basa en una estimación específica para Santo Domingo según la metodología de la Global Living Wage Coalition (Anker)

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Y aunque los datos del cuadro anterior corresponden al sector formal no sectorizado, ilustran con claridad la insuficiencia estructural del ingreso laboral en la economía dominicana y refuerzan una conclusión inevitable: no existe base material para sostener esquemas contributivos sin profundizar la precariedad de amplios segmentos de la población trabajadora.

En este contexto, el Régimen Contributivo Subsidiado, de implementarse bajo el esquema actual, pasaría a convertirse en un mecanismo de formalización de la precariedad. Al exigir aportes, incluso reducidos, a trabajadores cuyos ingresos no cubren las necesidades básicas, el RCS institucionaliza la transferencia de costos hacia los hogares, ahora bajo una arquitectura legal y administrativa más sofisticada. La exclusión deja de ser informal para volverse normada.

No resulta casual que instancias vinculadas a los intereses que gestionan el riesgo en salud y pensiones —aseguradoras, intermediarios financieros y estructuras privadas que operan en la administración del sistema— promuevan activamente este esquema, presentándolo como una solución. La ampliación de la base contributiva, aun con aportes mínimos, incrementa flujos financieros y refuerza la estabilidad operativa del sistema de aseguramiento, sin requerir una redistribución real del ingreso ni una asunción proporcional de responsabilidades por parte del capital.

De este modo, el RCS contribuye a consolidar una meta-estabilidad sistémica: una forma de estabilidad aparente en la que el sistema logra sostenerse sin colapsar, pero sin resolver sus tensiones estructurales, que terminan desplazándose hacia los trabajadores.

Esta estabilidad aparente incorpora efectos distributivos adversos. Se amplía la cobertura estadística, pero no la protección efectiva; se incrementa la formalización administrativa, pero no la dignidad material del trabajo. La informalidad funcional no se elimina: se reorganiza.

El debate sobre la seguridad social en la República Dominicana no puede reducirse a cómo incorporar a más personas a un sistema estructuralmente subfinanciado. La pregunta central es quién financia la reproducción social y bajo qué condiciones. Mientras el modelo económico continúe siendo incapaz de generar empleos con salarios dignos, y mientras la política fiscal siga descansando sobre impuestos regresivos, cualquier esquema contributivo —puro o híbrido— seguirá trasladando los costos hacia los mismos sectores precarizados.

El Régimen Contributivo Subsidiado solo tendría sentido transformador si formara parte de una reconfiguración más amplia del modelo económico y social: salarios efectivamente dignos, mayor corresponsabilidad del capital, financiamiento estatal sustantivo sustentado en impuestos progresivos y una ruptura explícita del traslado sistemático de costos hacia los hogares. Sin ello, el RCS no constituye una solución estructural, sino un paliativo que gestiona la exclusión bajo el lenguaje de la inclusión.

La idea de que la informalidad se supera ampliando la base de contributores pobres a sistemas igualmente precarios constituye una narrativa extendida que no se sostiene en la evidencia. Superarla exige desmontar la lógica funcional del modelo de acumulación dominante que la vuelve necesaria y rentable dentro del orden económico vigente.