La piñata comenzó a inicios de la década del 90 del siglo XX durante la última gestión de gobierno del caudillo Joaquín Balaguer con el robo de la parcela 215-A (362 millones de metros cuadrados), apadrinado por funcionarios estatales y protagonizado por el forastero todopoderoso doctor Moisés Marchena, quien -días después de llegado al pueblo por primera vez- fue convertido en una especie de dios “compratodo” a quien todo se le permitía libremente, hasta depredar manglares en la paradisíaca playa Bucanyé.
En Pedernales (1927) no había precedentes sobre escándalo de tal magnitud. Abarcó el Parque Nacional Jaragua, áreas protegidas y todo el entorno de Cabo Rojo, hostiles para la agricultura, pero enmascaradas como parcela agrícola del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para facilitar la acción macabra que retrasaría dos décadas las inversiones turísticas y de otra índole por falta de garantías jurídicas.
El caso Bahía de las Águilas estremeció al país, menos a la provincia. Allí el signo fue la generalización del silencio cómplice y las ruidosas loas y, sin mínimo asomo de resistencia ni de sarcasmo, aplausos a los rituales amatorios entonados con vinos franceses del ídolo tirado en su “chaise longue” al borde de la piscina de su hotel.
Durante décadas, callaron. Fue un silencio colectivo casi total. Surtieron efecto las migajas desparramadas entre los más vulnerables, la entrega de trozos de terrenos a “vivos”, que muy pronto vendieron al primer postor, y otras “ayudas” para pago de alquileres, recetas, empleos de poca monta, compra de vehículos y otros servicios.
Mientras tanto, 1,200 títulos de propiedad estatal con caretas de legales habían sido expedidos para poderosos, incluidos agentes locales del reformismo y de la oposición a través de testaferros, con el aval del director del IAD Jaime Rodríguez Guzmán y su esposa Reyna Margarita Martínez, así como el hermano del funcionario, Rafael Rodríguez Guzmán.
La trama fue bien articulada: funcionarios, políticos oficialistas y de oposición, empresarios, abogados, agrimensores, periodistas, líderes comunitarios, religiosos, la claque de testaferros. Había un hilo común: carecían de tierras en la comarca, mucho menos, heredadas. Entre los beneficiarios había personas que apenas conocían la provincia.
El manto de idolatría mediática al doctor Marchena alcanzaba medios capitaleños y provinciales porque -según la vox populi- pagaba publicidad y “boroneaba” periodistas a través de sus asesores. En el pueblo llegó a montar actividades deportivas y, en la capital, celebrar vistosos actos de reconocimientos a “personalidades” nacionales y locales que asistían religiosamente para complacer al venerado.
El caso Bahía de las Águilas fue judicializado en 1997 por la primera de tres gestiones del presidente Leonel Fernández, y cerrado en 2018, tras el rescate definitivo de la parcela, en víspera del fin del segundo cuatrienio del presidente Danilo Medina, cuyos funcionarios anunciaron con parafernalia el arranque del desarrollo turístico tras presentar el “master plan”.
El candidato presidencial de Medina en las elecciones de mayo de 2020, Gonzalo Castillo, perdió las elecciones frente a Luis Abinader, quien ya agota su segundo y último período. Durante su gestión ha comenzado la ejecución del proyecto diseñado.
Fernández había prometido a este periodista convertir a Pedernales en “una tacita de oro” (Diálogo con el presidente, TeleAntillas, 1997, conversatorio con directores de medios de comunicación, también documentado en un libro de la misma fecha de la Presidencia). Pero el freno de los títulos de la parcela estatal 215-A, Distrito Catastral 3, en manos privadas, hizo naufragar su objetivo.
A final de mayo de 2019, a un año de las elecciones nacionales, la Procuraduría General de la República entregó al Gobierno central el certificado de título que acredita al Estado como propietario único de la parcela con vocación turística bajo criterio de turismo sostenible. En la ocasión, las autoridades reiteraron el anuncio del arranque del turismo en el sur.
A mediados de diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia definitiva TC/0423/22 ratificó la ganancia de causa del Estado al rechazar el recurso de revisión constitucional mediante el cual buscaban la anulación de la Sentencia 0030-03-2021-SSEN-00515 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. Pese a que reconoció al Estado como único dueño, suenan reclamos de pagos, y políticos que callan.
En el camino de la litis, a mediados de noviembre 2010, el doctor Moisés Marchena murió en la cárcel a causa de una “úlcera sangrante en el estómago”, según las autoridades. Su hotel y villas cerca de la playa Pedernales (en el municipio) y otros bienes fueron vandalizados. Sus “amigos y amigas” de Pedernales, que eran montones, no escribieron siquiera para lamentar el deceso. “Muerto al hoyo y el vivo al bollo”, dice la gente.
Sin embargo, la corriente de invasiones de terrenos ajenos (privados y del Estado) siguió activa en los cuatro costados de la provincia, por parte de grupos organizados con la anuencia abierta o encubierta de los malos políticos que buscan favores electorales de familias. Ocurre bajo el manto del silencio profundo de la generalidad de los actores locales y la ralentización o paralización inexplicable del proceso de titulación de la gestión de gobierno actual.
El caos está montado y la brecha para agravarse está abierta aún. Nadie está seguro con su casa vacía, su solar, su parcela, aunque sea de herencia de fundadores. Una ocupación o invasión de la propiedad ajena implicaría un proceso judicial costoso, desesperanzador y peligroso para propietarios. Porque siempre habrá tígueres preparados para matar, y abogados y agrimensores disponibles para justificar lo mal hecho en desmedro de la sociedad y de quien anda correcto.
Nadie dice nada, sin embargo, mientras se instalan en el imaginario colectivo discursos demagógicos oportunistas distantes de la práctica histórica de sus emisores.
El Gobierno luce en actitud contemplativa. Irresponsablemente pasivo y con grandes de deudas sociales con los municipios, imprescindibles para lograr comunidades saludables (alcantarillado pluvial y sanitario, planta de tratamiento, acueducto eficiente, carreteras, centro cultural, academia de música sólida, edificio de oficinas públicas, proyectos habitacionales).
Y con una carga de errores tan graves, si errores se le quiere llamar, como el permiso dado por el Ministerio de Medio Ambiente para instalar el restaurante Navío en la playa local, días después de la presentación del diseño readecuado del ultra reclamado frente marino (Paseo Marino) y la disposición de los primeros RD$350 millones para la ejecución de la obra en la misma área, durante un nutrido acto presidido por el mismo presidente Luis Abinader en el “maleconcito” frente a la emisora, el 23 de junio de 2021.
O la pifia evitable de intervenir solares con dueños en el área de influencia del diseño al amparo del decreto de utilidad pública emitido por el presidente Hipólito Mejía (2000-2004), sin previa conversación ni pago a sus legítimos propietarios, según los reclamantes.
Pedernales urge de un momento de reflexión colectiva y enderezamiento de entuertos, si no quiere ir a parar definitivamente a la cañada.
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