El mundo del espectáculo ha sido sacudido con el reciente anuncio del Presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, al disponer la aplicación de un 100 por ciento de aranceles a todas las películas que ingresen a territorio estadounidense para su distribución y exhibición en los codiciados circuitos de la gran nación del norte del continente. También precisa que su cinematografía debe volver a realizarse en sus territorios.
Esa decisión que a todas luces no se esperaba por el momento, o en ningún momento de su gestión, dado el hecho de que el mundo del espectáculo no es visto como un renglón netamente económico, si no más bien lúdico, un producto que se entiende como parte de un paquete comercial destinado a la recreación familiar.
El cine se advierte como una propuesta creativa opcional, marginal, no fundamental dentro de la fortaleza económica de muchas de nuestras naciones. Esa visión simple, y sobre todo ligera con que cientos de espectadores valoran las imágenes en movimiento, dista mucho de su realidad estructural. El bien llamado Séptimo Arte es una empresa como otra cualquiera y no ha dejado de producir dinero desde el momento mismo en que sus inventores llevaron a cabo su primera exhibición, el 28 de Diciembre del año 1895, en París, Francia.
Esa medida impositiva del Presidente Trump asesta un golpe contundente a la industria cinematográfica dominicana, pues aunque su mayor recaudación desde que se implementó la Ley (108-10) de Fomento Cinematográfico en el 2010, ni en estos momentos, procede de las taquillas de acceso a las salas cinematográficas, lesiona el dinámico ambiente de las coproducciones internacionales, y de manera particular las producciones internacionales que usan escenarios naturales o diseñados en nuestros espacios físicos por talento local.
En ese renglón particular de la Ley se ubica el famoso artículo 39, que ofrece facilidades extraordinarias a compañías productoras, a productores y directores internacionales para hacer cine en el país, asociados con sus pares locales.
Esa dinámica laboral del cine nuestro, más los incentivos ordinarios de la ley, han hecho hasta el momento, casi innecesario la instalación de nuevas salas de cine, y por consiguiente, la recaudación por concepto de taquilla para hacer nuevas películas y mantener esa cadena aceitada de autofinanciamiento.
Lamento mucho que las disposiciones arancelarias del Presidente Estadounidense Donald Trump hayan llegado en este momento y encuentre dos aspectos claves de nuestra industria cinematográfica totalmente descuidados: Distribución y Exhibición. Esa realidad no es sólo a nivel local, si no también a nivel internacional.
Desde el año 2015, cuando la Ley (108-10) de Fomento Cinematográfico cumplió sus primeros cinco años de implementación, hicimos varios esfuerzos junto a los colegas Abel Rodríguez, Leo Silverio y Andres Quezada, para que los ejecutivos principales de la Dirección General de Cine (DGCINE) y los de la Asociación Dominicana de Cineastas (ADOCINE), se abocaran a discutir con el sector empresarial del país vinculado al sector, un plan para diseñar un Circuito Cinematográfico Estatal con presencia en cada una de las 32 provincias del país. Esa serie de reuniones estratégicas, también incluirían establecer el reglamento de la necesaria Cuota de Pantalla en los circuitos privados ya establecidos, para el cine de factura local.
En esas ocasiones se nos contestó con un extenso silencio, cuyos efectos se mantienen hasta el presente.
La realidad, a partir de este momento va a golpear de manera brutal a quienes se han mantenido dentro de la industria gozando de los beneficios que generosamente facilita el artículo 39 de la ley. No es mi deseo que dejen de hacer cine. Todo lo contrario, su Cinematografia es necesaria, porque facilita experiencia y empleos a cientos de creativos, técnicos, y personal de apoyo delante y detrás de la pantalla. Ese cine que deben continuar produciendo con los incentivos ordinarios de la Ley, va a requerir que todo el andamiaje de la Industria Cinematográfica Dominicana se una en un esfuerzo común: la implementación operativa de las dos patas pendientes de la Ley 108-10, Distribución y Exhibición.
Precisamente, la Ley incrementa su capital de los impuestos pagados de manera constante por cada habitante del país, residente en cualquiera de sus municipios. Por eso hemos externado en múltiples ocasiones que el cine hecho con ese dinero debe llegar a todo el territorio nacional.
Para alcanzar ese y otros objetivos, ese instrumento jurídico cuenta con un apartado relativo a los Incentivos para la Instalación de Salas de Cine y de Estudios Cinematográficos. Desde el artículo 151, hasta el 162, de la sección IV, se describe la metodología y facilidades a obtener para invertir con suma facilidad en ambos aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo sostenido del cine dominicano.
Espero que ante esta nueva realidad, el Señor Presidente de la República, el Señor Ministro de Cultura, la Señora Directora de la Dirección General de Cine, el Comité Ejecutivo de la ADOCINE, así como los distribuidores y exhibidores privados, impulsen un movimiento tendente a diseñar alternativas que garanticen un necesario cambio de estrategia en el cine dominicano. El momento lo está demandando urgentemente.
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