Un accidente de tránsito en el sur de la República Dominicana ha causado al menos 10 muertos y el número podría aumentar debido a la gravedad de los lesionados. Varios de los lesionados están en estado grave, (por) lo que podría aumentar el número de fallecidos.
En 2021 un periódico nacional indicó que los choques o colisiones fueron el tipo de accidentes que más muertes provocaron y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportó 66 accidentes de tránsito y 10 fallecidos en las últimas 24 horas.
Noticias como estas aparecen diariamente en la prensa, los medios digitales y las redes sociales. Por lo tanto, que los accidentes de tránsito sean una de las principales causas de muerte en el país ya ni parece llenar de asombro a la mayoría. Sin embargo, el que seamos el país con mayor cantidad de muertes por accidentes en el mundo, constituye no solo una vergüenza para nosotros, sino que revela que no se valora la vida ni la integridad física de los que transitan por las diferentes vías.
La imprudencia, el incumplimiento de las normas de tránsito, la falta de iluminación, de señalización, el no uso del cinturón de seguridad, las condiciones de deterioro de muchos vehículos y la falta de cuidado de las unidades vehiculares, entre otras causas, son la combinación fatal que nos lleva a ser merecedores de un premio a la inhumanidad.
Sin entrar en el análisis ni el cuestionamiento de las medidas tomadas por las autoridades nacionales y locales, particularmente por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y los ayuntamientos, he visto que hace un tiempo se le está poniendo alguna atención al problema. Sin embargo, no bastan, ya que los accidentes de tránsito se siguen multiplicando como la verdolaga, con su lamentable secuela de muertes, lesiones y perjuicios materiales y morales para los deudos de los fallecidos y las víctimas en general.
En los países más desarrollados, las medidas de seguridad vial que han demostrado ser más efectivas para evitar accidentes y reducir lesiones incluyen una combinación de infraestructura, legislación, educación y tecnología.
Son estas, en primer lugar, infraestructura segura, lo que conlleva el diseño de carreteras seguras, señalización clara y visible, iluminación adecuada, especialmente en zonas urbanas y cruces peligrosos, cámaras de vigilancia y control de velocidad, para monitorear comportamientos inseguros.
En segundo orden, la legislación y su aplicación estricta. Esto obliga a tener límites de velocidad apropiados y su aplicación firme mediante radares y controles, uso obligatorio del cinturón de seguridad y cascos para motociclistas, controles de alcohol y drogas con pruebas aleatorias y sanciones severas, regulación del uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos al conducir y sistemas de puntos en licencias de conducir para sancionar reincidencias.
En tercer lugar, educación y concientización. Para ello hay que implementar y establecer programas educativos desde la escuela sobre seguridad vial, campañas de concientización masiva en los medios de comunicación sobre los peligros del exceso de velocidad, la ingesta de alcohol, distracciones, como el uso de celulares mientras se maneja, capacitación continua para conductores y exigencia de exámenes prácticos rigurosos.
En cuarto lugar, tecnología en vehículos. Esto significa que hay que tener sistemas avanzados de asistencia al conductor como frenos automáticos de emergencia, detección de peatones, control de carril y sensores de punto ciego, cajas negras y telemetría para análisis de accidentes, obligatoriedad de vehículos con estándares mínimos de seguridad, como bolsas de aire, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés) y control de estabilidad.
En quinto orden, rescate y respuesta rápida. Esto implica que los servicios de emergencia estén bien coordinados y sean rápidos para minimizar las consecuencias de los accidentes, el monitoreo en tiempo real del tráfico para redirigir el flujo y facilitar la asistencia.
Son medidas que, combinadas, han contribuido a reducir significativamente las tasas de mortalidad y lesiones en países europeos, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, entre otros.
A pesar de que tenemos, por un lado, autoridades nacionales y locales para la regulación y garantía del cumplimiento normativo; y, por otra parte, una ley, la núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que en gran medida, podría decirse que ambas cubren dichas medidas de muchos países desarrollados, en la práctica estas no llegan a ser tan eficientes como aspiramos.
El que el 90% de los fallecimientos y lesiones por accidentes de tráfico ocurran en países de bajos y medianos ingresos no es una coincidencia. Según cifras consultadas, cada año 1.3 millones de personas mueren en las carreteras del mundo y 50 millones resultan heridas.
Increiblemente, no hay evidencia de la efectividad de las intervenciones de seguridad vial en los países en desarrollo, en cuya situación creo que nos encontramos los dominicanos y residentes en este país.
Sin embargo, las conclusiones que surgen de estas comparaciones pueden verse afectadas por múltiples factores, como el comportamiento de los conductores y los peatones, el estado de las carreteras, así como los reglamentos locales, entre otros. Por ello es difícil atribuir los cambios observados en el tiempo a un solo programa o intervención.
La del Jet Set, con una cifra terrible de 234 muertos y casi dos centenares de heridos, no deja de ser, por mucho, la más grave tragedia humana causada por la negligencia, la falta de observancia de las reglamentaciones y las omisiones del deber objetivo de cuidado para evitar la catástrofe por parte de los propietarios de dicha discoteca y de las autoridades.
Pero ojo al Cristo. Según la Digesett los lesionados por causa de accidentes de tránsito para 2022 subieron en un 11.2% y en 2022 las cifras de desaparecidos por siniestros viales en el país alcanzaron los 2,921 mientras que en 2021 se produjeron unas 2,967 muertes por la misma causa. En 2023 la cifra siguió subiendo, 3,128 muertes por accidente de tránsito y en 2024, 3,114 personas fallecidas.
Pero, si las autoridades no son firmes en la exigencia del cumplimiento de la ley de tránsito, no implementan con el rigor legal y la constancia necesaria las demás medidas preindicadas y no educan masiva y permanentemente a la población para cambiar el comportamiento humano, promoviendo una conducta segura en las vías, calles, avenidas y carreteras del país, las estrategias de seguridad vial posiblemente puedan mejorar el conocimiento de la población, pero ello no basta para reducir el riesgo de lesiones en accidentes viales.
La promoción y garantía del derecho fundamental a la vida y a la integridad personal es obra de todos, autoridades y ciudadanos. Como se hacen cumbres como la convocada recientemente por el presidente Abinader de seguridad fronteriza y para enfrentar la inmigración ilegal en el país, se hace necesario que los líderes políticos así lo hagan en este caso.
Además, todos los ciudadanos debemos hacer la labor de conocimiento, concientización y puesta en obra de una cultura de cumplimiento de las normas de tránsito terreste, que se traduzca en una reducción significativa de los accidentes ocurridos en nuestra vías.
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