En la República Dominicana, millones de horas de trabajo son dedicadas diariamente a tareas de cuidado no remunerado —atención a niños, personas mayores o dependientes, enfermos crónicos— sin que este esfuerzo sea visibilizado ni valorizado por el Estado ni por las cuentas nacionales. En esta entrega revisamos el rol económico del cuidado no remunerado, presentamos datos ajustados a la realidad dominicana, comparamos experiencias regionales, y proponemos una agenda de políticas viables para el periodo 2025–2030. Se concluye que, sin reconocer y redistribuir socialmente el cuidado, no es posible avanzar hacia una economía inclusiva ni una seguridad social verdaderamente universal.

El valor invisible del trabajo no remunerado en la economía dominicana

Durante décadas, la economía clásica omitió sistemáticamente el papel crucial del trabajo no remunerado en la reproducción social, delegando su reconocimiento a los confines del hogar y negándole legitimidad económica. Esta omisión, más que un error metodológico, es una expresión de la jerarquía de valores que estructura la racionalidad del capital: lo visible es aquello que genera excedente monetario. En consecuencia, las mujeres —principales responsables históricas del trabajo de cuidado— han sostenido el andamiaje del sistema económico sin retribución ni reconocimiento, soportando una carga de trabajo invisible que reproduce cotidianamente la vida y que subsidia al Estado y al mercado (CEPAL, 2022).

La evidencia empírica en América Latina es contundente. Según la CEPAL y la ONU Mujeres (2021), las mujeres de la región dedican en promedio el triple de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. En países donde se han aplicado encuestas de uso del tiempo y cuentas satélite, como México, Colombia y Costa Rica, se ha estimado que el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado oscila entre el 20% y el 25% del PIB, superando con creces sectores productivos como la agricultura, la construcción o el transporte (INEGI, 2022; DANE, 2020).

Esta economía invisible, lejos de ser un resabio tradicional, es estructural en nuestras sociedades. Su relevancia aumenta en contextos de transición demográfica, con un envejecimiento acelerado, aumento de la dependencia funcional, crecimiento de enfermedades crónicas y debilitamiento de redes comunitarias. En este escenario, el cuidado se convierte en un bien escaso, con profundas implicaciones en la sostenibilidad de los sistemas de salud, pensiones y seguridad social. Sin embargo, mientras la demanda de cuidado crece, la oferta reposa sobre bases desiguales, feminizadas y no remuneradas.

En el contexto dominicano, la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas impide una cuantificación precisa, pero no anula la posibilidad de estimaciones fundamentadas. Utilizando metodologías de la CEPAL adaptadas a la realidad nacional —población femenina cuidadora de 1.6 millones, 3 horas diarias de cuidado, 312 días efectivos al año, y un salario referencial de RD$90 por hora— se estima que el valor del trabajo de cuidado no remunerado podría representar alrededor del 11.2% del PIB dominicano en 2024. Si se incorpora el trabajo doméstico general no vinculado directamente al cuidado, la cifra podría superar el 17%, lo cual coloca a este sector como uno de los mayores aportantes al bienestar económico y social del país, a pesar de no figurar en los balances nacionales.

La omisión de este valor tiene consecuencias materiales toda vez que limita la formulación de políticas redistributivas, impide el diseño de sistemas de seguridad social equitativos y perpetúa la sobrecarga femenina, con efectos acumulativos en pobreza, salud mental, empleo y pensiones. A su vez, genera una imagen distorsionada de la productividad nacional y del verdadero costo del bienestar.

Por su parte, el contexto regional ofrece lecciones valiosas. Países como Uruguay han avanzado en la construcción de sistemas nacionales de cuidados con base legal, financiamiento público y prestación mixta. En Argentina y Colombia, las reformas recientes han reconocido constitucionalmente el trabajo de cuidado como derecho y como actividad socialmente necesaria. Estas experiencias demuestran que es posible transitar hacia una organización social del cuidado más justa, eficiente y corresponsable.

Nuestro desafío inmediato es doble, construir la infraestructura institucional (direcciones, programas, estadísticas, leyes) y reformular la matriz cultural que relega el cuidado al ámbito privado. Requiere una alianza intersectorial entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el sector educativo y las organizaciones comunitarias. El horizonte debe ser la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca, valorice y redistribuya el trabajo de cuidado como bien público esencial.

No se trata solo de justicia de género. Se trata de racionalidad económica, de sostenibilidad del desarrollo y de la capacidad del Estado para garantizar derechos. Un país que invisibiliza el cuidado se construye sobre una deuda moral y estructural. Reconocerlo no es suficiente: hay que transformarlo en política, en presupuesto, en institución.

Cuidar también es producir, y hacerlo visible es una decisión política impostergable.

Referencias

• (2022). Autonomía económica de las mujeres en la recuperación transformadora con igualdad. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
• (2022). Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares. Ciudad de México.
• (2020). Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico y de Cuidado. Bogotá.
• ONU Mujeres. (2021). Los cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Ginebra.
• Banco Central de República Dominicana. (2024). Cuentas Nacionales. Santo Domingo.