La delincuencia en nuestro país ha acompañado nuestra historia durante varias décadas. Su persistencia se vincula al fracaso de la estrategia de “mano dura” dominante en la intervención estatal. Su dominio se plasma en la definición del accionar policial desde la represión y los ajusticiamientos en los barrios urbano-marginales como principales escenarios. Este abordaje ha impactado negativamente en los programas de seguridad ciudadana con la vulneración del debido proceso y la escasa reducción de la criminalidad.
Diversos análisis de la región como: estudios comparados de FLACSO Chile (Dammert, Cutrona, Malone, Rosen, 2024) y el artículo publicado en Global Crime (Cutrona, Malone, Dammert, Rosen, 2026), coinciden en que “la mano dura” es el mayor fracaso de las políticas criminales en distintos países, incluido el nuestro. Décadas de aplicación evidencian que no funciona y provoca efectos contraproducentes
Las principales razones por las que la mano dura representa el fracaso de las políticas de intervención en la delincuencia y criminalidad en nuestro país son las siguientes:
- No interviene en las causas de la criminalidad, se limita a eliminar físicamente a quienes “se supone” cometen delitos, sin afectar sus causas como: pobreza, exclusión, corrupción, impunidad y otras. La criminalidad se reproduce y sus actores visibles desaparecen.
- Niega la prevención y afecta los programas de seguridad con el predominio del castigo y la represión, profundizando la desigualdad.
- Debilita al sistema de justicia y las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el delito, normaliza prácticas extralegales y erosiona la confianza ciudadana en el Estado.
- Individualiza la delincuencia. Se construye la figura del “delincuente sin evidencias” más bien “supuesto delincuente” como sujeto aislado, sin contexto ni información sobre la trama-red a la que “se supone” pertenecía. Esta personalización niega el carácter estructural de la criminalidad e impide la investigación judicial del fenómeno y el desmantelamiento de las estructuras que lo sostienen.
- Invisibiliza a quienes dirigen las actividades delictivas y criminales, actores que no están en los barrios ni son pobres y que, con frecuencia, están vinculados a espacios de poder económico y político.
- “Genera erosión democrática. La mano dura tiende a debilitar derechos civiles, aumentar abusos policiales y justificar medidas extralegales. Esto deteriora la confianza en las instituciones y aumenta la fragilidad democrática” (FLACSO Chile 2026)
- Favorece al incremento de la violencia. El uso indiscriminado de la violencia desde el Estado, como ocurre con la Policía Nacional, provoca su legitimación en la ciudadanía. La violencia se convierte en el modelo a seguir por las nuevas generaciones, tener armas de fuego y actuar como lo hace la Policía en los barrios es un aprendizaje práctico de la violencia para la niñez y la adolescencia allí presente.
- Depende de percepciones de miedo, no de evidencia El apoyo ciudadano a la mano dura crece cuando aumenta la percepción de inseguridad, aunque los datos reales de criminalidad no siempre lo justifican.
- No reduce la criminalidad ni desarticula las estructuras delictivas. Estudios comparados realizados en la región (Cutrona, Malone, Dammert, Rosen, 2026) demuestran que la mano dura no ha logrado reducciones estables de la criminalidad. Los informes de instituciones de Derechos Humanos indican que las ejecuciones extrajudiciales generan más desconfianza, impunidad y violencia sin atacar las raíces del fenómeno.
Si existe una verdadera voluntad política de erradicar la delincuencia debe eliminarse la estrategia de mano dura y enfocarse desde los programas de seguridad ciudadana en las causas reales de la delincuencia, tomando en cuenta su carácter sistémico y estructural y sus vínculos con la corrupción e impunidad.
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