Este 9 de mayo se cumplieron 24 años de la promulgación de la Ley 87-01, la normativa que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Mientras en los salones oficiales se celebran discursos, cócteles y reconocimientos, en las calles, los hogares y en la vida cotidiana de millones de dominicanos, se respira una verdad muy distinta: el SDSS ha fracasado en su objetivo fundamental de garantizar el derecho a la salud y a una pensión digna para la mayoría de la población afiliada.
¿Qué ocurrió con los estudios actuariales que sirvieron de base para la aprobación del sistema?
¿Acaso se priorizó únicamente la sostenibilidad financiera y las ganancias del sector privado, dejando de lado los derechos fundamentales que el Estado tiene el deber de garantizar a la población?
El sistema, concebido teóricamente como una conquista de derechos sociales, fue en la práctica secuestrado desde sus inicios por intereses financieros que lo moldearon a su conveniencia. Grupos económicos ligados a bancos, aseguradoras y fondos de inversión encontraron en la seguridad social no una vía para proteger a los más vulnerables, sino una oportunidad de oro para construir negocios rentables, con riesgo casi nulo y altísima rentabilidad garantizada por ley.
Un sistema al servicio de los negocios, no de las personas
El componente de pensiones, regido por el modelo de capitalización individual, ha generado más beneficios para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que para los trabajadores. A diciembre de 2024, las AFP acumulaban ganancias que superaban los 80 mil millones de pesos, mientras que la mayoría de los afiliados apenas alcanzan a acumular fondos que no garantizan una pensión suficiente ni siquiera para cubrir la canasta básica.
En el renglón de salud, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) también han sido grandes ganadoras. Han impuesto topes, exclusiones, red de prestadores restringida y trabas burocráticas que limitan el acceso efectivo a los servicios, sin que las autoridades regulatorias ejerzan un verdadero control. Los pacientes pagan de sus bolsillos estudios, medicamentos y tratamientos que el sistema debería cubrir, en tanto las ARS siguen reportando utilidades millonarias.
Normativas a la medida de los intereses económicos
¿Cómo se llegó a este punto? La respuesta está en la estructura misma del sistema, diseñado con una arquitectura legal y normativa construida por tecnócratas, asesores y "especialistas" muchas veces financiados directa o indirectamente por las propias entidades privadas beneficiarias. La "captura del regulador" no es un concepto abstracto: ha sido una práctica recurrente que ha permitido que las decisiones clave se alineen sistemáticamente con los intereses económicos de un grupo reducido, en detrimento de millones de afiliados.
Legisladores, funcionarios, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social y técnicos del sistema han sido influenciados o cooptados, creando un marco legal que niega derechos bajo el disfraz de la sostenibilidad y la eficiencia. Las promesas de solidaridad, universalidad y equidad que se proclamaron al aprobar la Ley 87-01 han quedado en el papel.
Derechos negados, ganancias aseguradas
Las consecuencias están a la vista: trabajadores que no tendrán pensión o recibirán pensiones miserables; personas que cotizan toda su vida sin tener acceso oportuno a medicamentos de alto costo; madres que deben pagar de su bolsillo servicios durante el embarazo y el parto; y ciudadanos que son tratados como clientes cautivos, no como sujetos de derechos.
Mientras tanto, los dueños de las AFP y ARS siguen celebrando sus dividendos. En lugar de rendir cuentas por su desempeño social, gozan de blindajes legales y privilegios fiscales. El sistema ha sido eficiente, sí… pero en transferir riqueza pública y privada hacia los grandes grupos financieros, pero en cuanto a garantizar los derechos fundamentales de la población, el sistema ha sido un evidente fracaso.
Los reclamos de los servidores públicos.
El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) continúa reclamando con urgencia el aumento del salario mínimo del sector público que aún se mantiene en la mayoría de las Instituciones Públicas en RD$10,000.00 desde inicios del año 2019. Algunas instituciones públicas han incrementado por encima de los RD$20,000.00 el salario mínimo que pagan a sus trabajadores, lo cual es una medida que mejora el ingreso de los que menos ganan en el Estado, pero que aún no alcanza a cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar del Quintil 1, que corresponde a los de menos ingresos o de extrema pobreza.
El MOPESEP considera que el Gobierno actúa de forma incongruente y abusivo, toda vez que propicia periódicamente incrementos a los salarios mínimos del sector privado, sin contemplar aumentos similares para los servidores públicos, sin tomar en cuenta que estos aumentos inciden en el aumento de la inflación lo cual afecta negativamente el poder adquisitivo de los servidores públicos a quienes por seis años les mantienen su salario congelado.
El aumento del salario mínimo del sector público es una deuda histórica que no puede continuar ignorándose.
Adicionalmente, el MOPESEP reclama que el Gobierno corrija la abusiva e injusta forma de calcular el Límite Máximo de Pensión, por parte de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), que incumple las Leyes 379-81 y 87-01 al continuar calculando este Límite en base al sueldo mínimo del sector público, en vez de usar el Sueldo Mínimo Nacional que es sobre el cual la Ley 379-81 ordena que se establezca.
Por su parte, la Ley 87-01 establece cómo debe calcularse el Salario Mínimo Nacional, instruyendo que se calcule con el promedio simple de los Salarios Mínimos del Sector Privado no Sectorizados.
El MOPESEP insiste en que el hecho de que históricamente la DGJP haya calculado este Límite incumpliendo las leyes vigentes, no justifica que se continúe haciendo de esa forma, toda vez que no puede asumirse aquello de que el “uso y costumbre hace ley”, porque esto no es aplicable a los casos en los que existen leyes vigentes que establecen cómo debe hacerse.
Hacia una seguridad social digna y solidaria
El aniversario 24 de la Ley 87-01 no debe ser ocasión para aplausos complacientes ni para propaganda institucional. Es momento de abrir un debate nacional serio, honesto y transparente sobre el rumbo de nuestro sistema de seguridad social. La revisión del modelo de pensiones, la eliminación del negocio en la salud y en las pensiones, y la garantía efectiva de los derechos de los afiliados deben ser prioridades impostergables.
El pueblo dominicano no necesita reformas cosméticas ni diagnósticos amañados. Necesita justicia social. Necesita un sistema que, en lugar de enriquecer a unos pocos, proteja a las mayorías. Porque la seguridad social no debe ser un negocio: debe ser un derecho. Y los derechos no se negocian.
Para las empresas financieras insertadas en la seguridad social, para la macroeconomía que muestra cifras impresionantes de recaudación y para aquellos que han sido beneficiados directa o indirectamente por este esquema —ya sea con contratos, posiciones, asesorías o favores legislativos—, estos 24 años son celebrados como un éxito. Pero en el otro lado de la moneda, el de los millones de afiliados a quienes el sistema debió garantizar derechos fundamentales, la valoración es muy distinta. Para ellos, estos 24 años han significado pagar más por la salud, sufrir limitaciones y exclusiones en la atención médica, y vivir con la incertidumbre de que, llegado el momento, el sistema de pensiones no cumplirá su función esencial: sustituir adecuadamente sus ingresos y permitirles una vejez digna.
Fuentes consultadas:
- Día de la Seguridad Social: RD conmemora un sistema que crea más problemas que benefhttps://panorama.com.do/dia-de-la-seguridad-social-rd-conmemora-un-sistema-que-crea-mas-problemas-que-beneficios/icios. Panorama.com, 9-5-2025.
- Muertes y beneficiarios en el sistema de pensiones dominicano, El Dinero, 27-3-2025.
- Ricardo Nieves cuestiona prioridades del Senado: “¿Por qué no legislan sobre corrupción y AFP?”, Panorama.com, 30-1-2025.
- Recaudaciones de la TSS superarán los RD$210,000 millones en 2024, Diario Libre, 11-12-2024.
- La Superintendencia de Pensiones celebra los 23 años de la Seguridad Social exhibiendo un patrimonio de los afiliados que supera el billón de pesos, SIPEN, 10-5-2024.
- El Sistema Dominicano de Seguridad Social alcanza un récord de 10 Millones de afiliados, La Seguridad Social, 9-5-2024.
- El cartel de la Seguridad Social: Un atraco a mano armada, Panorama.com, 12- 2-2024.
- Nuevo mandato de Abinader: los cambios que hacen falta al Sistema Dominicano de Seguridad Social, PolétikaRD,
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