La séptima congregación general del cardenales, las reuniones preparativas del conclave, contó esta mañana con la participación de 181 cardenales, de los cuales 124 son electores, y se abordó la delicada situación económica y financiera de la Santa Sede, uno de los retos para el nuevo papa.
El portavoz vaticano, Matteo Bruni, explicó que el debate de esta mañana se centró en los "problemas" y "desafíos" de las finanzas vaticanas, con intervenciones de los cardenales Reinhard Marx, como coordinador del Consejo para la Economía; Kevin Joseph Farrell, responsable del Comité de Inversiones; y Christoph Schoenborn, presidente de la Comisión de Supervisión del IOR (el banco vaticano).
También tomaron la palabra el presidente emérito del Gobierno de la Ciudad del Vaticano, Fernando Vergez Alzaga, y Konrad Krajewski, responsable del Dicasterio para la Caridad.
En la segunda parte de la mañana, hubo 14 intervenciones sobre temas como "la eclesiología del Pueblo de Dios" y "se citó como herida la polarización en la Iglesia y la división de la sociedad", informó Bruni.
Entre las reformas de Francisco está la de las finanzas del Vaticano, con un trabajo de transparencia sobre todo en el IOR (el banco vaticano), aunque el próximo pontífice tendrá que abordar una auténtica revisión del gasto ya que las donaciones a la Iglesia han bajado considerablemente.
El pasado 20 de septiembre, Francisco escribió una carta a los miembros del colegio cardenalicio para que apoyen las reformas de la Curia Romana y, sobre todo, los pasos para reducir el déficit que arrastra la Santa Sede.
En la carta el papa explicaba que en estos años se ha podido tener "una mayor conciencia" de que los recursos económicos al servicio de la Iglesia "son limitados y deben gestionarse con rigor y seriedad para que no se desperdicien los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede".
Según el balance de las cuentas de 2023, que adelantó el diario 'la Repubblica', ya que el Vaticano no publicado sus cuentas desde 2022, el déficit operativo fue de 83 millones de euros, cinco millones más que el año anterior y podría aumentar en los próximos años, ya que las donaciones de los fieles a medio plazo están disminuyendo.
Además del patrimonio inmobiliario y los Museos Vaticanos, los únicos ingresos de la Santa Sede -que no tiene impuestos ni política monetaria- son las donaciones: las que envían cada año a Roma las Iglesias más ricas (Estados Unidos, Italia, Alemania, España y Corea del Sur) y las que ofrecen al papa los fieles de todo el mundo a través del llamado Óbolo de San Pedro.
En 2023, la entrada en las arcas del Óbolo de San Pedro ascendió a 48,4 millones de euros (43,5 en 2022) pero, junto con las reservas, 90 millones se destinaron para los gastos de la Curia, los diferentes organismos que componen el Gobierno de la Iglesia católica.
Empleados del Vaticano denuncian que su sueldo está congelado desde 2008 y piden mejoras
La Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV), entidad de trabajadores reconocida en la Santa Sede, denunció este miércoles que sus salarios están congelados desde 2008 y pidió una mejora de sus condiciones, a pocos días de que se celebre el cónclave para elegir al nuevo papa.
"Con una base salarial que se ha mantenido invariable desde 2008, el poder adquisitivo de los empleados vaticanos ha disminuido", alertó la asociación en un comunicado en vísperas del Primero de Mayo, día de los trabajadores, y en período de Sede Vacante en el Vaticano, la transición entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor.
Según la ADLV, a la falta de incrementos salariales se suma "el aumento de las cargas de trabajo", así como "mecanismos no siempre meritocráticos" para las bonificaciones o promociones.
Por ello pide sistemas "más objetivos y transparentes" para "una verificación periódica y objetiva de las competencias de los trabajadores" que sea "demostrable".
Asimismo, asegura que sus trabajadores están sujetos a "regulaciones obsoletas" que "ponen de relieve una visión del mundo del trabajo que ya no está actualizada", y considera que "ha llegado el momento" de establecer un diálogo entre partes sobre todo ello.
La ADLV insta asimismo a "la inclusión de personas con discapacidad" en las estructuras laborales del Vaticano, en el camino hacia "la protección de los más vulnerables".
"Es hora de que el Vaticano también tome medidas para incluir a estas 'personas especiales' en sus organizaciones, porque la discapacidad no puede equipararse a la incapacidad para trabajar", asegura.
A su vez, la ADLV pide "la protección para las familias" y que se proporcione "una prestación a todos los hogares con niños". Esto, asegura, incluye "mejorar el sistema sanitario interno, ofreciendo más servicios y posibilidades de tratamiento".
"El gasto sanitario privado está creciendo incluso entre los empleados del Vaticano", advierte la ADLV, que remarca que "quedan muchas batallas por librar".
Los empleados de la Santa Sede están sujetos a las normas del Estado vaticano, según un ordenamiento laboral y sistema de seguridad social propios.
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