Un grupo de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) entregó este jueves sus armas en una zona selvática del departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, en uno de los avances más significativos de la política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Ello, en una jornada marcada también por la imputación de cinco antiguos comandantes de las FARC por crímenes de lesa humanidad.
La entrega de armas representa un avance
La dejación de armas ocurrió en el municipio de Valle del Guamuez, donde los guerrilleros depositaron sus fusiles en un contenedor dispuesto para el proceso, paso previo a su instalación en una zona especial destinada a consolidar los acuerdos alcanzados con el Gobierno colombiano.
El acto tiene especial relevancia porque se produce a pocos días de la elección presidencial que definirá el rumbo de la política de paz y constituye el principal resultado visible de la estrategia de negociación impulsada por Petro con distintos grupos armados.
Mientras avanzaba el proceso de desmovilización en Putumayo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación contra cinco exjefes del Bloque Caribe de las antiguas FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra comunidades indígenas y afrocolombianas entre 1996 y 2007.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que la antigua guerrilla desarrolló un patrón sistemático de control territorial para consolidar su dominio político, militar y social sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Un patrón de violencia contra comunidades étnicas
Asesinatos, desplazamientos y violencia sexual
La investigación de la JEP determinó que las acciones del Bloque Caribe incluyeron la cooptación de organizaciones indígenas y afrodescendientes, el asesinato y desplazamiento de personas consideradas enemigas, castigos a quienes desobedecían las reglas impuestas por la guerrilla, violencia basada en género contra mujeres y niñas y la ocupación de territorios y lugares sagrados.
Entre los delitos atribuidos figuran asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, saqueos y destrucción de bienes culturales.
El expediente documenta 423 hechos victimizantes en 27 municipios, con 163 homicidios, 211 desplazamientos forzados, 53 desapariciones y 25 casos de violencia sexual. Además, al menos 1.590 personas fueron desplazadas de sus territorios, principalmente integrantes de los pueblos wiwa, kankuamo y de comunidades afrocolombianas.
Cinco antiguos comandantes enfrentan la imputación
Los máximos responsables señalados por la JEP son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Gilberto Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; Héctor Hernández, alias Fabio Borges; y Marcos Martínez, alias Silfredo.
Los imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen su responsabilidad permanecerán dentro del modelo restaurativo de la justicia transicional; en caso contrario, podrían ser juzgados por el Tribunal para la Paz y enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
La coincidencia entre la entrega de armas de un nuevo grupo insurgente y la imputación de antiguos mandos de las FARC refleja las dos dimensiones del proceso de paz colombiano: por un lado, los esfuerzos por lograr la desmovilización de actores armados que aún operan en el país y, por otro, la obligación del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas de conflicto.
El avance registrado en Putumayo constituye uno de los principales logros de la política de "paz total", mientras que la decisión de la JEP reafirma el papel de la justicia transicional en el esclarecimiento de los crímenes contra las comunidades étnicas más afectadas por la guerra.
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