Una explosión de origen no confirmado interrumpió este viernes la gira de campo que la presidenta costarricense Laura Fernández realizaba en Las Crucitas, localidad del norte del país cercana a la frontera con Nicaragua.
La explosión desató un operativo de evacuación que terminó con la mandataria tendida en el suelo, cubierta por escoltas armados, antes de ser trasladada de urgencia a un vehículo oficial.
Escoltas la derribaron al suelo antes de evacuar
Las imágenes difundidas por integrantes de la comitiva muestran el momento en que los agentes de seguridad reaccionan al estallido: empujan a Fernández al piso de tierra y la cubren con sus cuerpos mientras el resto del grupo busca refugio.
La escena, que la propia mandataria comparó con una secuencia cinematográfica, duró apenas segundos, pero bastó para generar alarma nacional e internacional.
"Me sentí como lo que ve uno en las películas: que lo agarran del pelo, lo tiran al suelo y lo montan al auto. ¡No ven cómo quedé!", declaró Fernández minutos después ante la prensa, con evidente agitación, pero sin heridas.
Cinco personas de la comitiva —entre ellas congresistas— recibieron atención médica por "bajonazos de presión, de azúcar y golpes de calor". Al menos uno de los diputados fue atendido por una crisis nerviosa.
Fernández descartó un atentado
Horas después del incidente, en una conferencia de prensa celebrada en la propia zona, la presidenta moderó el tono inicial y descartó que se tratara de un ataque deliberado contra su persona.
"Yo no creo que eso haya sido ningún intento de atentado. Me parece que fue una detonación monte adentro de los coligalleros que utilizan explosivos para sus labores", afirmó Fernández, usando el término local para referirse a los mineros artesanales ilegales.
La mandataria explicó que las explosiones, las ráfagas de disparos para repeler a la policía y otros incidentes similares son "el pan nuestro de cada día" en Crucitas.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, confirmó que efectivos policiales realizaban un barrido en la zona para determinar el origen exacto de la detonación y descartó que hubiera heridos de gravedad.
Reacción regional: Mulino habló de "atentado"
La noticia trascendió rápidamente las fronteras centroamericanas. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó con un mensaje que elevó la temperatura política del episodio: "Repudio enérgicamente el atentado de hoy contra la presidenta de Costa Rica. El crimen organizado no puede doblegarnos. Me alegra saber que está bien".
La calificación de Mulino como "atentado" contrasta con la versión que la propia Fernández ofreció horas después, lo que ilustra la rapidez con que el incidente fue leído en clave política antes de que las autoridades costarricenses pudieran ofrecer una explicación técnica.
El contexto: una gira política con trasfondo legislativo
La visita a Crucitas no era una inspección rutinaria. Fernández la organizó con un objetivo político preciso: presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe un proyecto de ley que reactivaría la minería de oro en la zona mediante concesiones a empresas privadas, una iniciativa que lleva casi dos años bloqueada por más de 600 mociones de la oposición.
La mandataria convocó a los 57 diputados, aunque no todos aceptaron. Quienes asistieron pudieron constatar de primera mano los daños ambientales causados por la extracción ilegal: ríos contaminados con mercurio y cianuro, huecos en la tierra abiertos con explosivos y una presencia del crimen organizado que, según el Gobierno, le cuesta al Estado cerca de 1,3 millones de dólares mensuales en operativos de seguridad.
"Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado", advirtió Fernández.
El antecedente de Infinito Gold
Las Crucitas no es un nombre nuevo en el debate ambiental costarricense. La zona estaba destinada a albergar una mina de oro a cielo abierto operada por la canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la empresa perdió la concesión en 2010 sin haber comenzado la construcción.
Desde entonces, el vacío fue ocupado por mineros artesanales ilegales que emplean mercurio y cianuro, con consecuencias ambientales que los propios opositores al proyecto de ley reconocen como graves.
La amenaza que viene de Nicaragua: empresas chinas en Indio Maíz
El incidente de este viernes se produce en un contexto geopolítico que Fernández describió como una "bomba de tiempo".
La presidenta expresó su preocupación por las concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega ha otorgado a empresas chinas en zonas aledañas a la frontera bilateral, incluyendo la Reserva Biológica Indio Maíz.
"Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay entre 1.500 y 1.800 coligalleros. Cuando esa empresa tome control, ¿para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?", planteó la mandataria.
Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el régimen Ortega-Murillo cedió entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas, que ocupan 1.274.908 hectáreas, más del 8,5 % del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas e indígenas.
Solo en junio de 2026, el régimen otorgó una nueva concesión de 11.042 hectáreas en Chontales a la empresa Sierra Dorada Mining S.A y días antes, la empresa Thomas Metal S.A. recibió 39.172 hectáreas dentro de la zona fronteriza del Río San Juan.
A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro y a siete empresas mineras nicaragüenses por su participación en la extracción y comercialización de oro.
Antecedentes de amenazas y un patrón que preocupa
El episodio de Crucitas no ocurre en el vacío. El 3 de junio, el Gobierno costarricense había informado sobre un supuesto plan para atentar contra Fernández que se estaría fraguando desde una cárcel.
La mandataria asumió el cargo en mayo, en sustitución de su mentor Rodrigo Chaves, cuyo gobierno también denunció en enero un presunto complot contra el entonces presidente, aunque las autoridades nunca aportaron pruebas concretas.
La principal sospechosa en aquel caso resultó ser una activista de derechos humanos crítica de Chaves, quien calificó la acusación de "vil patraña".
La acumulación de alertas —con o sin sustento verificable— configura un clima político de alta tensión en el que cualquier detonación, sea de mineros ilegales o no, tiene el potencial de convertirse en un incidente de Estado.
Costa Rica y Nicaragua: un acuerdo que no alcanza
En marzo pasado, ambos gobiernos acordaron coordinar acciones para enfrentar la minería ilegal en la zona fronteriza.
El incidente de este viernes, sin embargo, evidencia que ese acuerdo no ha producido resultados tangibles sobre el terreno, mientras el crimen organizado consolida su presencia en una región que los propios funcionarios costarricenses describen como fuera de control.
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