Un movimiento jurídico sin precedentes en una corte de Nueva York puso en evidencia una posible colaboración entre dos bandos hasta ahora irreconciliables de la política venezolana: el chavismo y la oposición. Al menos un sector de la oposición.
Abogados del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y representantes legales de la oposición que lideraba Juan Guaidó solicitaron de manera conjunta a la magistrada Sarah Netburn una pausa de 45 días en un expediente clave donde acreedores internacionales intentan embargar fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La jueza aceptó el pedido y concedió plazo hasta el 21 de mayo para que ambas partes coordinen sus defensas legales y definan quién representará los intereses de Venezuela ante los tribunales estadounidenses.
El punto central de la disputa es la legitimidad de la representación del país en un entramado de litigios que involucra a una veintena de acreedores que reclaman 21 mil 300 millones de dólares por expropiaciones e impagos cometidos durante los años del chavismo.
El origen de la disputa
La raíz de esta encrucijada se remonta a 2019, cuando Donald Trump, en su primer mandato, no reconocía a Nicolás Maduro como presidente y respaldó a Guaidó como mandatario interino.
Bajo ese paraguas político, la oposición tomó el control de varios activos venezolanos en suelo estadounidense, incluida la refinería Citgo Petroleum, la séptima más grande de Estados Unidos y el bien más valioso de Venezuela en el exterior.
Sin embargo, el escenario cambió radicalmente hace tres meses, cuando el 3 de enero de 2026 fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas durante una violenta intervención militar.
Desde entonces, Washington reconoció a Delcy Rodríguez como la líder legítima de Venezuela. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado presentaron validaciones ante una corte federal en Nueva York que confirman su autoridad para actuar en nombre del país
Con ese respaldo, la administración de Rodríguez se prepara para tomar el control de los consejos de administración de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida Citgo que, además de una refinería, cuenta con una numerosa red de estaciones de venta de combustible en EEUU.
El 16 de marzo, la junta directiva de PDVSA ratificó a Asdrúbal Chávez —primo del fallecido expresidente Hugo Chávez— como presidente de PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation, un cargo al que había sido designado por Maduro, pero que nunca ejerció debido al control opositor.
No obstante, cualquier cambio en la estructura de Citgo depende de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que desde 2019 impidió al chavismo designar a los responsables de la refinería.
La OFAC emitió el 19 de marzo una licencia general que extiende la protección de Citgo frente a los acreedores hasta el 5 de mayo.
Además, el Tesoro levantó las sanciones personales contra Rodríguez el 1 de abril, lo que le permite acceder a activos bloqueados y negociar con empresas estadounidenses.
La amenaza de los acreedores y nuevas expectativas
La refinería Citgo enfrenta una amenaza concreta: hace cuatro meses (en noviembre de 2025), un juez de Delaware aprobó su venta a Amber Energy —consorcio vinculado al fondo de cobertura Elliott Investment Management— por 5 mil 900 millones de dólares.
Sin embargo, esta semana se confirmó que la transacción está estancada: la administración Trump tiene objeciones sobre el precio y preocupaciones por el riesgo político. Tanto el Gobierno de Rodríguez como sectores de la oposición también se oponen a la venta.
Los dueños de los bonos de la deuda venezolana también han intentado ejecutar sus reclamos sobre este y otros activos.
La jugada conjunta del chavismo y la oposición en la corte de Nueva York merece atención. De avanzar, pondría en evidencia una colaboración jurídica que mejoraría la posición venezolana frente a los acreedores, aunque sus resultados están por verse.
La administración Trump ha diseñado una transición apalancada en el petróleo. Tras el restablecimiento pleno de las relaciones entre Washington y Caracas, se han multiplicado las licencias petroleras y mineras.
Rodríguez presentó el 25 de marzo, en una cumbre de inversión respaldada por Arabia Saudita en Miami, las oportunidades del sector energético venezolano, prometiendo «garantías, seguridad jurídica y estabilidad» a los inversionistas.
En el plano legislativo, la Asamblea Nacional ya aprobó una nueva ley de hidrocarburos que abre el sector al capital privado e internacional.
En cuanto a la Ley de Minas, el parlamento avanzó el 7 de abril con la aprobación de 60 artículos adicionales —entre ellos los que fijan el régimen tributario, con una alícuota de hasta el 6 % como impuesto a la minería—, pero aplazó por tercera vez la sanción definitiva de la norma, que aún tiene 15 artículos pendientes de discusión.
Dos nuevas comisiones, presión de trabajadores y candidatura presidencial
En medio de una creciente ola de protestas laborales que exigen aumentos salariales, Rodríguez instaló este miércoles 8 de abril una comisión para el «diálogo laboral» con los trabajadores y ordenó la conformación de otra para la evaluación «estratégica» de los activos del país, incluidos aquellos ubicados fuera de Venezuela —entre ellos, los vinculados a PDVSA y Citgo en EEUU.
La creación de ambas instancias se produce en un momento de alta tensión social. La Coialición Sindical Nacional convocó una marcha para mañana jueves 9 de abril hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, con carácter nacional, para exigir salarios dignos y rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos públicos y la crisis de los servicios básicos.
El trasfondo salarial es urgente: el Gobierno estudia decretar un aumento salarial de 150 dólares para el 1 de mayo, en lo que analistas leen también como un movimiento político de cara a las elecciones presidenciales en las que Rodríguez buscaría legitimarse en el poder.
La comisión de evaluación de activos, por su parte, añade una nueva variable al ya complejo tablero judicial en Nueva York: si el Gobierno venezolano avanza en una revisión formal de su cartera de bienes en el exterior, ello podría incidir directamente en la estrategia legal conjunta con la oposición ante la magistrada Netburn y en la posición de Venezuela frente a sus acreedores internacionales.
Alertas ambientales y de derechos humanos
No todo es optimismo. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas PROVEA y SOS Orinoco, denunció el 23 de marzo que el proyecto de ley de minas «institucionaliza el ecocidio y el blanqueo del oro de sangre en Venezuela».
Las organizaciones advirtieron que las licencias petroleras y mineras pueden «convertirse en un mecanismo global de blanqueo de oro ilegal, al permitir la comercialización de minerales provenientes de zonas controladas por redes criminales».
El oro, en particular, se extrae en Venezuela en medio de graves violaciones de derechos humanos, contrabando y corrupción, según informes de Naciones Unidas y Transparencia Internacional.
SOS Orinoco calificó la licencia estadounidense que permite comerciar oro venezolano como un instrumento que «blanquea riqueza criminal» proveniente de la Amazonía.
Lo que viene el próximo mes de mayo
El desenlace de esta inédita convergencia entre chavismo y oposición en los tribunales de Nueva York, junto con el futuro de Citgo y los activos de PDVSA, marcará un capítulo decisivo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos en las próximas semanas.
Las fechas clave son claras: el 5 de mayo vence la licencia de protección de Citgo frente a los acreedores, y el 21 de mayo es el plazo fijado por la jueza Netburn para que las partes venezolanas definan su representación legal unificada.
Mientras tanto, la Ley de Minas avanza —con tropiezos— en la Asamblea Nacional, la presión sindical se intensifica en las calles y Wall Street observa con un optimismo cauteloso un país que, tras décadas de aislamiento, vuelve a abrirse al capital internacional bajo la vigilancia estricta de Washington.
(Con informaciones de EFE, AFP y otras fuentes de Acento)
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