“¿A dónde se fue el dinero de los jóvenes? A Panamá y a las fiestas”; “Estadios por todas partes, hospitales en ninguna”; “No queremos el Mundial, queremos sanidad”. El movimiento juvenil de Marruecos cumple una semana de manifestaciones en demanda de mejoras sociales. Tras siete días de protesta, la llamada Generación Z, que se ha desmarcado de la violencia y disturbios y denuncia represión, envió una carta al rey Mohamed VI pidiendo su intervención para revocar al Gobierno actual.
Una semana después del inicio de las protestas, el colectivo GENZ212 de Marruecos se desmarcó de las acciones violentas y se compromete a seguir manifestándose por la sanidad, la educación y la libertad de expresión “hasta que sus demandas sean atendidas”.
En una misiva dirigida al jefe del Estado, subrayan “la creciente brecha entre los textos legales y la práctica cotidiana”, apelando a su intercesión urgente para aplicar el principio constitucional de responsabilidad relativo a la rendición de cuentas, así como la liberación de todos los "presos de conciencia" y de los detenidos en el marco de las manifestaciones pacíficas.
En una iniciativa popular sin precedentes, el movimiento pidió la celebración de una sesión nacional pública de rendición de cuentas presidida por el rey Mohamed VI, a quien consideran “garante de la unidad y la estabilidad”. En esa sesión esperan que el Gobierno comparezca ante el pueblo con el fin de encaminar al país hacia “una nueva senda basada en la justicia social y la garantía de los derechos y libertades”.
Con base en el artículo 47 de la Constitución, que confiere al rey el poder de nombramiento y destitución del gobierno, los jóvenes piden al monarca la destitución del Ejecutivo actual, presidido por Aziz Akhannouch, y la disolución de los partidos políticos implicados en casos de corrupción.
En la misma línea, llaman a la puesta en marcha de procesos judiciales y estructuras de control para acabar con “la corrupción continuada, la mala gobernanza de la clase política y los abusos de poder”. Proponen también la apertura de un diálogo nacional inclusivo que reúna a todos los actores políticos y sociales “con el fin de elaborar una nueva visión reformista que articule derechos constitucionales con ejercicio de responsabilidades”. También reclaman libertad de expresión y la liberación de “todos los presos de conciencia, los detenidos en revueltas populares y los estudiantes encarcelados”.
El documento fue consensuado en foros del canal del movimiento GENZ212 en la plataforma Discord, que reúne ya a 180 000 personas. Entre sus prioridades destacan las demandas en materia de derechos sociales y económicos. En este sentido, denuncian el “déficit crónico” de los centros y estructuras de sanidad y la “desigualdad de oportunidades” en el sistema educativo, exigiendo medidas urgentes para “reforzar el principio de igualdad” en estos ámbitos y en el mercado laboral, al margen de “favoritismos y clientelismos”, con el fin de garantizar la justicia social.
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Evolución de la protesta y la represión
“Hagamos una oración por nuestro compromiso social pacífico y por nuestros hermanos detenidos”, arranca uno de los chicos dinamizadores de la protesta de la Generación Z el jueves 2 de octubre en Marrakech, rodeado de un centenar de jóvenes que lo acompañan.
Finalizada la oración colectiva, el chico sigue: “No hemos venido aquí a lanzar piedras ni a violentar a nadie; hemos venido a reivindicar nuestro derecho a una sanidad y educación dignas y a acabar con la corrupción”. De fondo, decenas de furgones policiales y agentes de paisano observan inmóviles.
La misma historia se repite el viernes 3 de octubre, tras una semana del inicio de las protestas, pero sin oración inicial y con más afluencia de jóvenes y no tan jóvenes. “Libertad, dignidad, justicia social”; “Alcen la voz, ya no tenemos miedo”; “¿A dónde se fue el dinero de los jóvenes? A Panamá y a las fiestas”; “Estadios por todas partes, hospitales en ninguna”; “No queremos el Mundial, queremos sanidad”; “¡Que viva la protesta pacífica!”. Son algunas de las consignas que se repiten en la concentración. Acto seguido, los manifestantes emprenden una caminata por el centro de la ciudad, a la que se van sumando, sobre la marcha, decenas de personas simpatizantes del movimiento, rodeadas por un cordón policial que se limita a observar.
Estas escenas distan mucho de la represión que se vivió las jornadas anteriores frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad pública. Durante aquellos días era imposible llevar a cabo la protesta. Los jóvenes acudían al lugar y esperaban dispersos a que dieran las seis de la tarde para congregarse. Al primer grito, el dispositivo policial se activaba y los agentes abortaban por la fuerza el intento de manifestación, deteniendo a las voces cantantes. “No tendríamos que haber llegado al punto de estar aquí reclamando nuestros derechos más básicos y menos aún de temblar ante quienes tendrían que estar garantizando la seguridad en el país”, declaró a France 24 una de las participantes, antes de salir corriendo para no ser detenida por un policía que intentaba evitar que hablara.
A pesar de la disuasión, los jóvenes seguían avanzando hacia el centro de la ciudad en grupos repartidos por todas partes, que la Policía y las fuerzas auxiliares perseguían a pie, en motos o furgones.
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En medio del caos, un chico llamado Oussama pide al equipo de France 24 que lo acompañe a una calle tranquila para expresarse sin ser detenido. “Mi padre y mi tía murieron en el hospital por falta de recursos”, explica emocionado. “Tengo miedo: si me detienen, necesitaré pagar la fianza para salir en libertad y no tengo ni 1.000 dirhams (unos 90 dólares). Me despierto cada día sin ganas de vivir, deseando pedir refugio en España u otro país donde se respeten mis derechos”, sigue este joven, mirando de reojo hacia atrás y los costados por si aparece la Policía.
“Necesitamos un cambio radical: que caiga el gobierno y juzguen a los corruptos”, concluye.
Detenidos y procesados
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, a fecha del 1 de octubre, 409 personas fueron detenidas en todo el país en el marco de las protestas de la Generación Z. De estas, 193 fueron imputadas por “violencia, destrucción e incitación”, entre otros cargos, y 16 se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.
La mayoría de detenidos quedan en libertad tras ser interrogados, como Chab, nombre ficticio que se da a sí mismo otro de los jóvenes que acude cada día a las protestas en Marrakech.
“Me detuvieron cuando iba caminando hacia la plaza Jamaa El Fna durante los primeros días de manifestaciones. Un policía me identificó y, sin razón alguna, me metieron en el furgón y me llevaron a la comisaría para tomarme declaración”, explica a France 24.
“Hay quienes pasan horas detenidos y después los sueltan sin cargos; otros siguen detenidos o en libertad vigilada a la espera de juicio. Por si acaso, yo vengo a la protesta con un teléfono viejo, para que no puedan acceder a mis datos y conversaciones y acusarme de cualquier cosa solo por participar en foros, porque no respetan la libertad de reunión y expresión”, asegura este joven, quien también pide “la liberación inmediata de todos los hermanos y hermanas que cumplen con su deber de exigir derechos básicos para el pueblo”.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), entidad independiente que monitorea la situación de los Derechos Humanos en el país, también se ha pronunciado en los mismos términos. Denuncia “represión violenta, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades, exigiendo al Gobierno respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación. También pide investigaciones imparciales sobre las actuaciones policiales.
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Disturbios, violencia y muertos
Al margen de las protestas pacíficas, se registraron episodios violentos protagonizados por focos de manifestantes enfrentados con la Policía en más de 20 provincias del país. La escalada se produjo especialmente a partir del 1 de octubre y no hay datos oficiales disponibles de los detenidos a partir de esa fecha. En este contexto, la Fiscalía advirtió que se tratarán “con máxima firmeza” los actos de violencia y vandalismo, que podrían conllevar penas de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua en casos con circunstancias agravantes.
Concretamente, en la localidad de Lqliâa, cerca de Agadir, agentes de la Gendarmería Real mataron a tres personas. Según la versión oficial, un grupo de jóvenes intentó asaltar la comisaría con intención de robar armas, munición y vehículos que acabaron incendiados, por lo que los gendarmes “se vieron obligados a disparar en legítima defensa”, abatiendo a dos de estos asaltantes. El tercer muerto era un joven cineasta que, según testigos presenciales, estaba filmando la escena. La AMDH, así como Amnistía Internacional y el portavoz de la oficina del secretario general de la ONU, Farhan Haq, piden una investigación independiente sobre lo ocurrido.
Los actos de violencia también fueron de alta intensidad en el barrio de Sidi Youssef Ben Ali de Marrakech, uno de los más empobrecidos e históricamente marginados de la ciudad.
La noche del 2 de octubre, France 24 fue testigo de los ataques con piedras y cócteles molotov que grupos de niños, adolescentes y jóvenes lanzaron contra centenares de policías, gendarmes y fuerzas auxiliares, que montaron un operativo de gran envergadura dirigido in situ por el jefe de la seguridad de Marrakech, en la rotonda que separa este barrio de una de las principales puertas del casco antiguo.
Los atacantes corrían en grupos desde el interior de Sidi Youssef hacia la rotonda y se abalanzaban sobre los cuerpos policiales, que lograron detener con violencia a decenas de personas para después encerrarlas en los furgones, entre ellas numerosos menores de edad. La noche anterior al macrooperativo, los jóvenes en cólera de Sidi Youssef lograron acorralar a los agentes de las fuerzas auxiliares desplegados en el interior del barrio, que acabaron rindiéndose en su intento de frenar la quema de edificios públicos y privados y el saqueo de una sucursal de Attijariwafa Bank.
Según datos gubernamentales, hasta el 1 de octubre se registraron más de 700 heridos, la inmensa mayoría miembros de las fuerzas de seguridad. El movimiento Generación Z se desmarcó rápidamente de estos altercados, emitiendo un comunicado en el que expresó su “rechazo a todas las formas de violencia, vandalismo y disturbios”.
“Nosotros no tenemos nada que ver con eso y lo condenamos, pero a la vez entendemos que las personas que llevaron a cabo las acciones violentas lo hicieron movidas por la frustración ante unas condiciones de vida indignas”, declaró ante los periodistas una joven llamada Leila, representante del movimiento en las protestas pacíficas del jueves 2 de octubre en Marrakech.
El trasfondo de las protestas
El levantamiento popular llega en un contexto de descontento generalizado por la falta de políticas sociales y la desigualdad en materia de inversiones públicas, en un momento en que el Estado prevé desembolsar cerca de 5 000 millones de dólares en infraestructuras y estadios de fútbol para la Copa Africana de Naciones 2025 y el Mundial 2030.
Tanto es así que el propio rey Mohamed VI reconoció en su último discurso de la Fiesta del Trono la existencia de un “Marruecos que avanza a dos velocidades” y reclamó programas gubernamentales de desarrollo para frenar la desigualdad social y territorial.
Uno de los principales detonantes de las protestas fue la muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital público de Agadir, a las que les practicaron cesáreas con material anestésico en mal estado, según denunciaron activistas y medios locales. A raíz de estas muertes se organizaron protestas en diversos hospitales del país, que se sumaron a las manifestaciones que el personal sanitario lleva realizando desde hace tiempo para denunciar la precariedad de las infraestructuras sanitarias públicas y el deterioro de las condiciones laborales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Marruecos existe un déficit de personal sanitario, que se sitúa en 7,7 médicos por cada 10.000 habitantes, siendo la recomendación mínima de 25 médicos. El organismo también alerta del acceso desigual a los servicios de salud, especialmente para la clase trabajadora y en áreas rurales, así como de las infecciones asociadas al mal estado de la atención sanitaria pública.
A los reclamos en sanidad hay que sumar las protestas que vienen llevando a cabo desde hace años los profesores y estudiantes contra la privatización de la educación superior, la masificación de aulas y el mal estado de los centros educativos, así como las condiciones del personal. Por otra parte, en el último año también se han producido revueltas en diversas comunas rurales que reclaman infraestructuras básicas como caminos, puentes, electricidad y servicios de saneamiento de aguas.
A esto cabe sumar la indignación de los afectados por el terremoto que golpeó el país hace dos años, que denuncian irregularidades en el reparto de ayudas para la reconstrucción de hogares que prometió el Gobierno y la represión que sufren los líderes del movimiento de protesta, como Said Aït Mehdi, que fue encarcelado por “difamación” tras criticar en redes sociales la gestión gubernamental de dichas ayudas.
Por otra parte, los sindicatos del país también llevan a cabo manifestaciones regulares contra el encarecimiento de la vida, especialmente de los precios del alquiler y los alimentos, en un contexto en el que la cifra de desempleo supera el 13%, afectando especialmente a los jóvenes de entre 15 y 35 años, que representan casi el 40% de la población marroquí y cuya tasa de desempleo se sitúa en el 37%.
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