“Quédense en casa y no abran la puerta a extraños”. No hay un tiroteo activo ni una ola de crimen en Perris, pero el alcalde de esta ciudad de la región de Inland Empire, en el sur de California, advierte a sus ciudadanos contra una amenaza que no cesa a pesar de las protestas, las promesas de enmienda e incluso las órdenes judiciales: las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las cuotas autoimpuestas de arrestos para deportación de la Administración de Donald Trump han azotado las áreas agrícolas del sur de California, donde el 12 de julio se confirmó la muerte de un migrante, luego de dos días en cuidados intensivos tras caer del techo de un invernadero, en medio de una redada que terminó con un récord de 361 detenciones.
“Pedimos a todos los residentes que estén tranquilos, que se queden en casa si pueden, y que conozcan sus derechos”, advirtió el alcalde de Parris, Michael Vargas, en un mensaje en inglés y en español, publicado el 9 de julio en el usuario de su despacho en X.
La Oficina del Censo de Estados Unidos señala que el 78% de los 83.000 residentes de la pequeña ciudad del condado de Riverside son de origen hispano y ese es un perfil peligrosamente vulnerable, según la admisión expresa del llamado “zar de la frontera”, Tom Homan.
En declaraciones a ‘Fox News’ el 11 de julio, Homan aseguró que los oficiales de ICE no necesitaban una causa probable, “solo una sospecha razonable”, para “acercarse a alguien, detenerlo brevemente e interrogarlo”, agregando que el criterio para esas detenciones estaba basado en “su ubicación, su ocupación, su apariencia física, sus acciones”.
De esta forma, Homan dejaba claramente establecido el perfil racial que alienta las operaciones de ICE. Lo hacía en respuesta a una pregunta sobre la posible emisión de una orden judicial limitando las redadas, según lo solicitaba la ONG Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Esa orden llegó horas más tarde, cuando la jueza federal Maame Frimpong limitó las redadas en el sur de California, exhortando al Gobierno a que impidiera que los agentes hicieran arrestos con base en el perfil racial.
En la misma decisión, la jueza señalaba que “las patrullas itinerantes” que ejecutaban arrestos masivos podrían representar una violación de la ley, porque realizaban detenciones “sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados”.
Si esa orden será cumplida o no, o si será enfrentada con los recursos legales del Gobierno federal, todavía sigue en duda y, por lo pronto, funcionarios como el alcalde Vargas se limitan a ofrecer un apoyo preventivo.
“La ciudad de Parris no tiene la jurisdicción legal para interferir con los funcionarios federales de inmigración durante sus investigaciones y como tal no tenemos la capacidad de hacer mucho más que animar a los residentes a investigar y conocer sus derechos legales”, declaró Vargas a ‘Los Angeles Times’.
Sin saber si volverá a casa
Flor es una migrante mexicana con permiso para el trabajo agrícola. Pero también es madre soltera de tres hijas, a las que no sabe si volverá a ver cada vez que sale a su jornada en un campo de cultivo de fresas en Oxnard, California.
"Me duele en el alma que cada vez que salgo de casa (mis hijas) me digan: 'Mami, ten cuidado porque te pueden atrapar y te pueden mandar a México y nos vamos a tener que quedar aquí sin ti'", relató Flor a la agencia Reuters, al tiempo que pedía que se omitiera su nombre completo por temor a represalias.
Algunos de sus compañeros de trabajo no se han presentado a cumplir con su jornada en tres o cuatro semanas, simplemente porque evitan salir de sus casas para no quedar en el camino de las redadas.
"Tenemos personas mayores que trabajan con nosotros y cuando ven a Inmigración pasar por donde estamos trabajando, comienzan a llorar por lo asustados que están. Llevan muchos años aquí y temen que puedan ser enviados a sus países de origen. Sus vidas están aquí", relata Flor.
Los productores agrícolas, cuyo negocio depende en gran medida de la mano de obra migrante, temen que se pierden cosechas y con ello sus negocios, pero también que esto afecte el suministro de alimentos a nivel nacional.
Más de un tercio de las verduras que se consumen en Estados Unidos y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos que se consiguen en los supermercados de todo el país se cultivan en California.
Cifras como esa llevaron al presidente Trump a ofrecer en junio pasado un programa para que algunos trabajadores agrícolas sigan en sus puestos, pero todavía no hay ningún proyecto concreto al respecto, y el 8 de julio la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, aseguró que no habrá “amnistía”.
"Lo que la Administración quiere hacer es deportar a esta fuerza laboral experimentada que ha estado trabajando en la agricultura durante décadas. Saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo", denuncia Teresa Romero, presidenta del sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW).
Operaciones más violentas
La redada del 10 de julio en la granja de cannabis en Camarillo, en la que se produjeron 361 arrestos y donde murió el trabajador de origen mexicano Jaime Alanís, generó nuevas protestas que se suman a las que California ha estado viviendo desde hace más de un mes.
El hombre de 57 años sufrió graves heridas al caerse de nueve metros de altura, luego de que aparentemente tratara de refugiarse de la redada en el techo de un invernadero, y falleció el 12 de julio, según confirmó una sobrina suya en redes sociales.
La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rechazó cualquier responsabilidad gubernamental en un comunicado.
“Este hombre no estaba ni ha estado bajo custodia de la CPB (patrulla fronteriza) ni de ICE. Aunque no era perseguido por los agentes, este individuo subió al techo de un invernadero y cayó desde 30 pies (nueve metros). La CBP solicitó inmediatamente una ambulancia al lugar para que recibiera atención médica lo antes posible”, reza el boletín oficial.
Líderes sindicales han denunciado la creciente violencia de las operaciones migratorias. Según Teresa Romero de UFW hubo otros heridos de gravedad y el dispositivo incluyó el uso de un helicóptero para amedrentar a los trabajadores y de gas pimienta para dispersar a los familiares que protestaban por la detención de sus allegados.
“Lo que está pasando ahora es algo que en mi vida había visto”, lamenta la líder sindical. "Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza”.
El DHS también se queja de la violencia empleada para rechazar sus acciones, como la lluvia de piedras lanzada contra sus unidades por los manifestantes (que no produjeron lesiones entre los agentes), o el hecho de que un hombre apuntara con un arma de fuego a los funcionarios de ICE.
El FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares a quien ofrezca información que conduzca a identificar al supuesto atacante.
El DHS echó mano de su narrativa de que las operaciones estaban dirigidas a criminales peligrosos, “lo peor de lo peor”, según repiten habitualmente voceros de la administración Trump. Pero los propios registros sobre los arrestos en la granja de cannabis dan cuenta de solo cuatro personas con antecedentes penales, apenas 1,1% de los 361 detenidos.
Con EFE, Reuters y medios locales
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