Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel en Ecuador, elevando el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. El Gobierno asegura que unos 1.100 millones de dólares ahorrados anualmente financiarán ayudas sociales, pero transportadores, sindicatos e indígenas temen alzas e inflación. La medida, que no será negociada según la Presidencia, ya desató violentas protestas en el pasado y revive el fantasma del estallido social de 2019.
“La decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan”: con esas palabras la portavoz de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, confirmó la voluntad del presidente, Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel, una medida tan controversial como divisoria en la nación andina.
El Gobierno del joven mandatario afirma que el dinero que antes iba a ese rubro ahora beneficiará a los sectores más vulnerables, mientras que las personas temen que la eliminación tenga un efecto inflacionario.
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Tras el anuncio de este movimiento por parte de Noboa, múltiples sectores –en especial el de los transportadores– han rechazado la medida y han advertido de protestas, por lo que ya se han registrado manifestaciones en las calles ecuatorianas.
Al respecto, Jaramillo aseguró que las decisiones en el país las toma “el Gobierno Nacional” y que no habrá negociaciones con los detractores de la medida, aunque dijo que sí se conversará con dichos grupos.
"Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno 'tendría que terminar cediendo’”, puntualizó la funcionaria.
Esto es todo lo que hay que saber sobre la medida y por qué divide a los ecuatorianos.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno?
Puntualmente, la eliminación del subsidio del diésel representa un alza en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.
¿El propósito? Según cifras oficiales, lograr un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares anual, dinero que se destinará, afirma el Gobierno, al pago de incentivos productivos y sociales que reemplazarán "subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas".
En ese sentido, desde este lunes, según la portavoz presidencial, “miles de ecuatorianos recibirán los primeros recursos”, entre ellos está el Bono Raíces, un incentivo que prevé entregar mil dólares a 100.000 agricultores.
Jaramillo agregó que “no hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes", frente al temor de que haya un alza en el precio del transporte; de acuerdo con la portavoz, más de 23.000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre 450 y 1.000 dólares.
Pero, para el analista César Ulloa, se trata de un reto de “aceptación” al que se enfrenta Daniel Noboa por primera vez, ya que el año pasado logró superar sin grandes afectaciones en su popularidad el alza de 3 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y así destinar esos recursos a combatir la inseguridad.
La medida llega, además, en un momento de “tensión fuerte con la Corte Constitucional", por lo que “indudablemente hay un costo político altísimo”, puntualiza Ulloa en declaraciones a Efe.
Con todo y eso, el Gobierno espera que otro tipo de ayudas a sectores, como el de los transportadores, logren mitigar el impacto del alza del diésel, como por ejemplo la entrega de más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas.
Se registran protestas tras el alza del diésel
El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, aseguró también este lunes 15 de septiembre que dos personas fueron detenidas por participar en manifestaciones contra la eliminación del subsidio en la provincia del Carchi, en la frontera con Colombia.
En la provincia sureña del Azuay, por ejemplo, un grupo de transportistas de camiones bloqueó una vía en protesta por el alza del costo del combustible desde el pasado sábado. Esa misma situación se vive en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
"Fueron inclusive detenidas dos personas, aprehendidas, (por) que estaban incitando a que estas medidas pasen a mayor nivel y eso no lo podemos tolerar", explicó Reimberg, quien además señaló que el transporte fluía con normalidad en la mayor parte del país este lunes.
Y, aunque el rechazo de los sindicalistas y transportistas es claro, el ministro ecuatoriano indicó que la jornada de este lunes transcurrió con normalidad. Y sentenció: la Administración de Noboa no permitirá “el cierre de vías o que se paralice el país”.
¿Qué dicen los detractores de la medida?
La mayor resistencia que enfrenta esta eliminación del subsidio viene por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más poderosa de la nación. Para el colectivo, “la eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario, encareciendo la canasta básica y precarizando aún más la vida de los sectores populares”.
Por lo que ha sentenciado con activar “todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Daniel Noboa”.
Al mismo tiempo, otros sindicatos apuntan a que el presidente, más que fijarse en el bienestar del pueblo, busca cumplir las disposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Noboa se propuso reducir el déficit estatal –que alcanzó casi el 5 % del producto interior bruto cuando llegó al poder en 2023– y cumplir las metas del programa crediticio del FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares entre 2024 y 2028.
Frente a este panorama, el analista Ulloa considera que “habrá que ver qué pasa con la Conaie, el único sector que logra movilizar y paralizar”.
El estallido de 2019
A propósito de la fuerza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la organización social ya ha demostrado su poder de resistencia en el pasado, también en rechazo a una medida similar.
En 2019, la Conaie lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) que les obligó a detener una decisión similar a la del actual presidente, de eliminar los subsidios al combustible.
Moreno se vio obligado a derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio al diésel, poniendo fin a las multitudinarias protestas que se desataron en el país y que dejaron un saldo de al menos siete muertos y más de 1.000 heridos, según los datos de aquel entonces de la Defensoría del Pueblo.
Es por eso que lo que ocurre hoy en día revive la idea de un escenario de estallido, más aún si, como dijo la Presidencia, esta vez no habrá negociación.
Con EFE y medios locales
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