Desde que el pasado enero se reavivaron los enfrentamientos entre grupos armados en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, hasta el mes de febrero, ya son más de 695.000 las personas que se vieron impactadas por la violencia, indica la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La población de esta zona fronteriza con Venezuela sufre desplazamientos masivos y restricciones de movilidad, entre otras afectaciones.
Ya son más de 695.000 personas las que se vieron afectadas en Colombia, entre enero y febrero de este año, por desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad y desastres de origen natural en la región del Catatumbo, informó este lunes la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la ONU.
En su Informe de situación humanitaria 2025, este organismo señaló que "solo en los dos primeros meses" de este año se superó el total de desplazados en eventos masivos reportados en todo 2024, "representando un incremento del 462% en comparación con el mismo período del año anterior".
En ese sentido, la OCHA detalló que hubo 55.200 desplazados en eventos masivos y 80.200 en episodios individuales, mientras que 27.900 personas han estado confinadas y 140.700 fueron afectadas por desastres.
"Esta situación representa la mayor crisis humanitaria reportada en la región en al menos tres décadas. Entre los afectados se encuentran al menos 4.400 refugiados y migrantes, así como más de 80 civiles asesinados, incluidos líderes sociales y seis excombatientes de las FARC-EP", expresó la OCHA.
"Esto indica la necesidad urgente de medidas de atención y protección, además de estrategias de preparación y mitigación ante posibles emergencias en el corto plazo", agregó la Oficina.
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Resurgimiento de la violencia en el Catatumbo
El Catatumbo, la región ubicada en el departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, esta región de Colombia volvió a estar en el foco de la violencia desde enero pasado, cuando estallaron las confrontaciones entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un conflicto que ya dejó casi un centenar de fallecidos, en su mayoría civiles.
Allí han resultado afectadas 80.000 personas en zonas rurales, principalmente en los municipios de San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama y Tibú.
El Gobierno de Gustavo Petro decidió romper las negociaciones que tenía con el ELN y que hacían parte de su política de "paz total", una de las mayores ambiciones de su Administración en un intento por lograr salidas negociadas a los múltiples conflictos armados que hay en el país.
El 3 de marzo, Petro aseguró que el cultivo de la hoja de coca en la región es una de las causantes que explican la violencia y propuso un plan de recuperación para el Catatumbo. Uno de los objetivos del plan es la eliminación de aproximadamente 25.000 hectáreas de hoja de coca en la zona. Algo que equivalente a poco menos del 50% de las plantaciones existentes.
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Una aguda crisis humanitaria
La OCHA advirtió que la situación no solo es preocupante en el Catatumbo, sino también en los departamentos de Chocó, Cauca, Antioquia, Bolívar, Arauca y Córdoba, según reportes de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) de ese organismo.
En el Chocó, en el noroeste del país, donde operan principalmente el ELN y el Clan del Golfo -a principal banda criminal del país- "al menos el 33% de los municipios, principalmente en la subregión del San Juan, han sido afectados por confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos masivos".
También allí, el ELN hizo el mes pasado un "paro armado", una acción con la que restringe el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazas contra quienes no acaten sus órdenes.
"Esta medida ha restringido la movilidad de 435.000 personas aproximadamente, agravando el confinamiento de 16.800 personas, en su mayoría afrocolombianos e indígenas, quienes también han visto limitado su acceso a bienes esenciales", agregó la OCHA.
En el Cauca, departamento ubicado en el suroccidente, los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la fuerza pública han provocado que al menos 3.600 personas hayan sido desplazadas o enfrentado restricciones a la movilidad, principalmente en el municipio de Argelia, donde está ubicado El Plateado, un pueblo que es el principal bastión de los disidentes del llamado Estado Mayor Central (EMC).
La OCHA se mostró preocupada por "la limitada capacidad de respuesta provocada por el desborde de capacidades ante la cantidad de víctimas, la recurrencia de las emergencias y el impacto del congelamiento de los fondos por parte de los programas de asistencia humanitaria de EE. UU., dado que algunas organizaciones ya se han retirado de los territorios".
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