El Parlamento Europeo abrió la vía para un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea. Los eurodiputados acordaron el lunes 1 de junio permitir la creación de centros en terceros países a los que puedan ser enviados migrantes en situación irregular.
La legislación contempla una serie de medidas destinadas a acelerar las expulsiones y permite a los Estados miembros que lo deseen establecer centros fuera de Europa para trasladar allí a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.
El acuerdo alcanzado deberá ser sometido a una última votación por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en las próximas semanas.
Algunos países europeos, como Dinamarca, Austria o Alemania, ya estudian posibles ubicaciones para estos centros, entre ellas Ruanda, Uganda o Uzbekistán.
El acuerdo forma parte del endurecimiento de la política migratoria europea ante la presión de partidos de derecha, pese a que las llegadas irregulares disminuyeron un 26 % en 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2021.
La propuesta, presentada por la Comisión Europea en 2025, busca agilizar los procedimientos de expulsión y ofrecer más herramientas a los gobiernos para ejecutar deportaciones, respetando, según Bruselas, los derechos fundamentales. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazan esta valoración.
"Este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación", afirmó Silvia Carta, responsable de incidencia de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM).
Los países de la UE sostienen que tienen dificultades para garantizar la salida efectiva de solicitantes de asilo rechazados y personas que permanecen en territorio europeo tras expirar sus visados.
Según la Comisión Europea, solo alrededor del 20 % de las personas con orden de expulsión abandonan actualmente el bloque.
Centros de retorno fuera de la UE
Las nuevas normas permitirían a los Estados miembros establecer los llamados "centros de retorno" fuera de la Unión Europea para albergar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que hayan recibido una orden de salida.
Los migrantes podrían ser enviados a países con los que no mantengan ningún vínculo previo.
"Con las nuevas reglas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse", declaró el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner.
Hasta el momento, los Estados miembros no han revelado qué países podrían albergar estos centros.
Más detenciones y facultades para las autoridades
El proyecto amplía los períodos de detención e introduce sanciones por falta de cooperación, incluidas prohibiciones de entrada, multas e incluso posibles sanciones penales.
Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, detener a menores de edad, recopilar datos biométricos y realizar registros domiciliarios.
El texto también autoriza inspecciones de migrantes y de "instalaciones pertinentes", una formulación que organizaciones humanitarias consideran demasiado amplia y susceptible de facilitar allanamientos.
Activistas y ONG que trabajan con solicitantes de asilo aseguran que algunas de estas prácticas ya se están produciendo en varios países europeos, señalando un aumento de deportaciones de refugiados reconocidos desde Alemania y otros Estados hacia países fronterizos de la UE, como Grecia.
Según denuncian, en algunos casos las autoridades realizan registros nocturnos para detener a personas y trasladarlas a centros de internamiento o aeropuertos para su deportación, sin permitirles recoger sus pertenencias.
Países que ya exploran esta vía
Algunos Estados miembros ya trabajan en acuerdos de este tipo. Los Países Bajos colaboran con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria para crear centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un mecanismo similar han quedado temporalmente suspendidas.
El gobierno neerlandés pretende avanzar de forma concreta antes de finales de 2026, en un contexto que el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha descrito como una "crisis de asilo", marcada por la saturación de los centros de acogida y el aumento de protestas contra la inmigración en algunas localidades.
Un modelo ya ensayado en Albania
La idea de crear estos "centros de retorno", sin relación con el país de origen de los migrantes, no es nueva. Italia, bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, ya experimentó con un modelo similar en Albania, donde los migrantes eran trasladados incluso antes de que se examinara su solicitud de asilo, a diferencia de lo que prevé la nueva normativa europea.
Sin embargo, el centro en Albania permaneció durante mucho tiempo prácticamente vacío debido a una serie de impugnaciones judiciales.
Además, los Estados necesitarán tiempo para desarrollar proyectos similares y alcanzar acuerdos con los terceros países que los albergarían.
Francia se ha mostrado escéptica respecto a este tipo de centros, mientras que España se ha opuesto a ellos al considerar que podrían poner en riesgo el respeto de los derechos humanos.
Un giro más restrictivo en la política migratoria europea
Durante las negociaciones en Bruselas, uno de los principales puntos de debate fue la fecha de entrada en vigor de las distintas medidas.
Los Estados podrán comenzar a desarrollar centros de retorno de forma inmediata, aunque otras disposiciones solo serán aplicables un año después de la publicación de la ley por razones jurídicas.
En cualquier caso, la normativa representa un claro endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea apenas dos años después de la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo, que acaba de entrar en vigor.
Ese pacto reforzó los controles en las fronteras exteriores y estableció mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros para la acogida de migrantes. La nueva legislación complementa esas medidas y refleja el creciente peso de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento Europeo.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
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