El equipo de la Fiscalía peruana que investiga el caso Lava Jato en ese país amplió a 35 años el pedido de prisión contra la líder política Keiko Fujimori, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori. La solicitud llega en una nueva presentación de la acusación penal por el llamado 'caso cócteles'. ¿De qué se trata ese proceso y de qué se le acusa? Lo abordamos.
Las autoridades en Perú vuelven a cerrar el cerco a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.
El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía de Perú formuló una acusación penal en el proceso seguido contra Keiko Fujimori y otras personas por el denominado caso ‘Cócteles’, en el que se le acusa de financiamiento irregular en las campañas electorales de 2011 y 2016.
A continuación los detalles de esa causa:
¿En qué consiste el caso ‘Cócteles’?
No se trata de un nuevo caso en contra de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Esta acusación se deriva de las investigaciones al entramado de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Las investigaciones se remontan a las campañas electorales de 2011 y 2016, cuando Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta. Para la recaudación de fondos de esas campañas, su partido Fuerza Popular llevó a cabo una serie de eventos o ‘cocteles’, de ahí el nombre de la investigación.
Se trató de lujosas cenas a las que se podía ingresar con el pago de hasta 500 dólares, señalan las autoridades.
Fujimori admitió en 2016 que enviaría toda la información al organismo de control electoral para que las contribuciones fueran transparentes.
Aunque en ese momento era legal recibir montos de empresas extranjeras, el ente acusador inició la causa en su contra debido a que Fujimori no declaró el ingreso de dichos montos.
La Fiscalía acusa a la líder política de recibir 1,2 millones de dólares ilegalmente de la empresa Odebrecht en las dos campañas.
Desde su detención hasta ahora, la tres veces candidata presidencial ha insistido en que es inocente.
Según el equipo de investigación, las cenas fueron una fachada para encubrir esos aportes irregulares de diversas empresas. Para evitar ser detectados por el sector bancario, habrían fraccionado los grandes aportes en montos más pequeños.
Fujimori fue detenida en 2018 y cumplió 13 meses de prisión preventiva. Un juez desestimó la medida y salió en libertad, pero para 2020 regresó a la cárcel después de que otro juez argumentó riesgo de fuga. En esa ocasión, solo estuvo tres meses tras las rejas, antes de conseguir una apelación a su favor y salir en libertad.
El equipo de investigación presentó la acusación formal en 2021. En esa ocasión pidió 30 años de cárcel para Fujimori y otras 40 personas. Ahora amplía la pena que solicita.
¿Por qué fue anulado el anterior juicio oral?
En enero de 2025, un tribunal anuló el caso, que había iniciado el 1 de julio de 2024 y ordenó reiniciar el proceso desde la etapa acusatoria.
Según el juez, hubo inconsistencia y falta de objetividad de la Fiscalía en las imputaciones contra los acusados. El pasado 3 de abril, el Poder Judicial ratificó la anulación del proceso en su contra.
Su decisión se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, uno de los imputados en este caso, a quien supuestamente no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban.
Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado formalmente el 1 de julio de 2024.
Esta medida obligó al Ministerio Público a elaborar nuevamente parte de la investigación y a presentar una nueva acusación, tras lo cual un juez deberá decidir si abre un juicio oral.
Ahora, el fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez, presenta la acusación penal contra los imputados: Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del Partido Político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C.
Además, ha requerido el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
¿Un caso de motivaciones políticas?
Tras conocer el nuevo pedido de la Fiscalía, la hija del fallecido presidente Alberto Fujimori aseguró que detrás de las acusaciones en cu contra por supuesto lavado de dinero tienen "motivaciones políticas".
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, en entrevista con el ‘Canal N’ de Perú informó que aún no han sido notificados formalmente de esta acusación, pero adelantó que se opondrán a este requerimiento acusatorio.
“Hoy en día, a puertas de un año previo de campaña electoral poderosamente la gestión de la Fiscalía tendrá injerencia y protagonismo en las campañas electorales del país”, afirmó la abogada, al mencionar que la acusación no solo es “carente de fundamento, también está al margen de la ley”.
"Nos vamos a oponer porque consideramos que se actúa al margen", añadió la abogada.
La defensa alega que Fujimori está acusada de un delito de lavado de dinero que para el momento en el que se habría cometido no se encontraba señalado en la legislación.
Asimismo, la abogada arremetió contra el fiscal del caso a quien señaló de estar perdiendo la "objetividad" frente al proceso.
"Llama poderosamente la atención que la Fiscalía, como siempre, tenga una injerencia, un protagonismo, en las campañas electorales de nuestro país" y "una rapidez que en otros casos no tiene", remarcó Loza.
Con EFE y medios locales
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