Este 25 de marzo, un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo de Brasil inició sus deliberaciones para determinar si el expresidente Jair Bolsonaro y algunos de sus colaboradores más cercanos deben ser juzgados o no por el presunto intento de golpe de Estado de 2023, tras su derrota electoral. El exmandatario y otros siete colaboradores están bajo la lupa de la corte que evalúa los ataques contra las sede de los tres poderes del país cuando Lula da Silva asumió el poder ese año.
La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzó este 25 de marzo el proceso para determinar si da lugar a la denuncia que recayó contra el expresidente, Jair Bolsonaro, y otras siete personas cercanas, quienes son acusados de tener un rol relevante en el presunto intento de golpe de Estado de 2023.
Este martes iniciaron las audiencias –serán dos el martes y una el miércoles- que se desarrollarán para deliberar las alegadas implicaciones del exmandatario y sus colaboradores. Si hay mayoría entre los cinco magistrados, Bolsonaro enfrentará un caso por presuntamente dirigir una conspiración para anular la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva a través de una intervención militar.
Junto al paulista también podrían quedar apuntados militares de alto rango y exministros de su entonces gobierno, denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio, enfrentando penas de alrededor 40 años de prisión.
El Ministerio Público calificó como "núcleo de la conspiración golpista" a los acusados. Para la primera audiencia fue programado que el juez instructor, Alexandre de Moraes, leyera el informe del caso, que el fiscal general explicara los cargos formulados y que los abogados defensores expusieran sus argumentos.
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"El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder": las acusaciones de la Fiscalía
Durante la primera audiencia, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó que Bolsonaro lideró e incentivó acciones ilegales para mantenerse en el poder.
"La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia, general (Walter) Braga Netto", afirmó el fiscal al presentar los argumentos de su acusación ante la Sala Primera de la Corte Suprema, encargada del juicio.
Gonet declaró que existió una "cadena de acontecimientos articulados para que, por medio de la fuerza o amenaza, el (entonces) presidente Jair Bolsonaro no dejara la Presidencia de la República (…) El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder", tras perder los comicios de hace tres años, remarcó el fiscal.
Según Gonet, todo el plan fue documentado, por lo que los investigadores hallaron "manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el avance de la ruptura del orden democrático".
El juez instructor deberá sopesar si la acusación tiene “elementos suficientes para la apertura de una acción penal”.
En el último año, la Primera Sala del Supremo instauró duras penas contra varios de los de 500 condenados por el asalto a los tres poderes de la Nación del 8 de enero de 2023.
Un fallo en esta semana, tal cual está previsto, sería una anormalidad para el tribunal, el cual suele demorarse años en decidir casos importantes.
Según Ivar Hartmann, profesor de derecho de la escuela de negocios Insper de Sao Paulo, quien habló con la agencia Reuters, esto “podría concluir el juicio antes de fin de año”, evitando que el fallo se expida antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
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Bolsonaro “espera justicia”
El expresidente brasileño arribó el martes a Brasil y se refirió a las audiencias que lleva adelante la Corte Suprema, donde se evaluará si es procesado o no bajo acusaciones de golpe de Estado.
“Siempre esperamos justicia. Yo estoy bien, son acusaciones sin fundamento realizadas de forma parcial por la Policía Federal”, manifestó ante la prensa apenas llegado al aeropuerto de Brasilia.
Bolsonaro criticó que sea la Sala Primera y no el Supremo Tribunal Federal, además de la presencia de los jueces Cristiano Zanin –antiguo abogado de Lula- y Flavio Dino, exministro de Justicia del líder del Partido de los Trabajadores.
El ultraderechista regresó al país para estar en las tres audiencias donde establecerán o no si lo acusan de un intento de golpe de Estado.
Los representados del exmandatario continúan aseverando que nunca apoyó ningún movimiento que quisiera vulnerar el Estado de derecho democrático nacional.
Estos abogados también argumentan que De Moraes no debería estar habilitado a decidir sobre el caso por ser una presunta víctima del complot que, según los cargos oficiales, incluyen un intento de asesinarlo.
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Con Reuters y EFE
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