Un grupo de abogados contratado por el Gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de venezolanos. Se trata de migrantes que EE. UU. deportó hacia una cárcel del país centroamericano, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Caracas y las familias niegan su implicación con el grupo delictivo.
Venezuela se moviliza por la liberación de sus ciudadanos que asegura no pertenecen al Tren de Aragua, pero que fueron deportados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los juristas presentaron una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador en defensa de 30 ciudadanos venezolanos encarcelados en la llamada megaprisión del país centroamericano.
La demanda, que buscará cuestionar la legalidad de su detención, surge después de que Estados Unidos enviara a 238 venezolanos a ese país, tras acusarlos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Jaime Ortega, uno de los abogados defensores, declaró a la prensa que, si bien 30 ciudadanos venezolanos les habían otorgado poderes notariales para representarlos, solicitarían el hábeas corpus para el resto de los venezolanos detenidos allí.
"Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos, tal como lo exigen nuestras leyes migratorias", declaró Ortega.
Ortega indicó que el gobierno venezolano y un comité de familiares le habían solicitado a su firma que representara a los migrantes.
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Las deportaciones de EE. UU. a El Salvador cuestionadas por Venezuela
Decenas de venezolanos fueron deportados bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra dirigida a "enemigos extranjeros", la cual fue rápidamente bloqueada por un juez estadounidense, quien ordenó el regreso del vuelo que transportaba a los ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, los ciudadanos de Venezuela fueron recibidos posteriormente en El Salvador, donde fueron puestos bajo custodia en una enorme prisión antiterrorista en virtud de un acuerdo en el que Washington pagará al Gobierno salvadoreño 6 millones de dólares, según la Casa Blanca.
Los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan que sean miembros del Tren de Aragua, y el juez estadounidense James Boasberg dictaminó el lunes 24 de marzo que se les debe dar la oportunidad de impugnar la afirmación del Gobierno estadounidense de que son pandilleros.
El juez también citó relatos de malas condiciones carcelarias, incluyendo palizas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua, y tener que dormir de pie debido al hacinamiento.
Ubicada a unos 70 km de San Salvador, la capital, la prisión de 23 hectáreas ha sido considerada por las autoridades locales como la más grande de Latinoamérica.
El caso judicial se produce en un momento en que Estados Unidos implementa una política de deportaciones masivas, que incluye acuerdos por los cuales los países latinoamericanos se comprometen a recibir y organizar la repatriación de ciudadanos extranjeros.
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Con Reuters y EFE
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