Un grupo de abogados contratado por el Gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de venezolanos. Se trata de migrantes que EE. UU. deportó hacia una cárcel del país centroamericano, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Caracas y las familias niegan su implicación con el grupo delictivo.
Venezuela se moviliza por la liberación de sus ciudadanos que asegura no pertenecen al Tren de Aragua, pero que fueron deportados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los juristas presentaron una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador en defensa de 30 ciudadanos venezolanos encarcelados en la llamada megaprisión del país centroamericano.
La demanda, que buscará cuestionar la legalidad de su detención, surge después de que Estados Unidos enviara a 238 venezolanos a ese país, tras acusarlos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Jaime Ortega, uno de los abogados defensores, declaró a la prensa que, si bien 30 ciudadanos venezolanos les habían otorgado poderes notariales para representarlos, solicitarían el hábeas corpus para el resto de los venezolanos detenidos allí.
"Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos, tal como lo exigen nuestras leyes migratorias", declaró Ortega.
Ortega indicó que el gobierno venezolano y un comité de familiares le habían solicitado a su firma que representara a los migrantes.
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¿Por qué son cuestionadas las deportaciones de EE. UU. a El Salvador?
Decenas de venezolanos fueron deportados bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra dirigida a "enemigos extranjeros", la cual fue rápidamente bloqueada por un juez estadounidense, quien ordenó el regreso del vuelo que transportaba a los ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, los ciudadanos de Venezuela fueron recibidos posteriormente en El Salvador, donde fueron puestos bajo custodia en una enorme prisión antiterrorista en virtud de un acuerdo en el que Washington pagará al Gobierno salvadoreño 6 millones de dólares, según la Casa Blanca.
Los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan que sean miembros del Tren de Aragua, y el juez estadounidense James Boasberg dictaminó el lunes 24 de marzo que se les debe dar la oportunidad de impugnar la afirmación del Gobierno estadounidense de que son pandilleros.
El juez también citó relatos de malas condiciones carcelarias, incluyendo palizas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua, y tener que dormir de pie debido al hacinamiento.
Ubicada a unos 70 km de San Salvador, la capital, la prisión de 23 hectáreas ha sido considerada por las autoridades locales como la más grande de Latinoamérica.
El caso judicial se produce en un momento en que Estados Unidos implementa una política de deportaciones masivas, que incluye acuerdos por los cuales los países latinoamericanos se comprometen a recibir y organizar la repatriación de ciudadanos extranjeros.
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¿Cuál es el estatus legal de los venezolanos deportados a una cárcel de El Salvador?
Mientras el magistrado federal en Washington intenta determinar si el Gobierno estadounidense desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire e insiste en que deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de una pandilla notoria, ni el presidente ni el poder judicial de El Salvador se han pronunciado sobre el estatus legal de los prisioneros en ese país.
Pero es una situación que podría cambiar, según el curso de la solicitud presentada por los abogados salvadoreños contratados por el Gobierno venezolano.
"Son detenciones ilegales porque no han sido sometidas a la jurisdicción de un juez"
El Salvador no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí tampoco cuentan con apoyo consular de su gobierno.
Incluso los ciudadanos salvadoreños viven bajo un estado de excepción que ha suspendido sus derechos fundamentales desde 2022, y el poder judicial del país no se considera independiente. Todo esto plantea interrogantes sobre el futuro legal de los presos en El Salvador.
El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal, afirmó que no existía fundamento legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador. Aseguró no conocer ninguna ley del país centroamericano ni tratado internacional que respaldara su encarcelamiento.
“Son detenciones ilegales porque no han sido sometidas a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesadas ni condenadas en El Salvador”, afirmó. Por lo tanto, su encarcelamiento aquí es “arbitrario”.
El jurista añadió que la Fiscalía de Derechos Humanos de El Salvador tendría la facultad de intervenir, ya que tiene un amplio mandato en materia de presos, “pero ya sabemos que no está cumpliendo su función porque está dominada, sujeta al poder político”.
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¿Qué señala el Gobierno de Bukele sobre la situación de los presos en el país?
Nada. De momento, el presidente Nayib Bukele se limitó a anunciar el pasado domingo 23 de marzo que Estados Unidos había enviado a El Salvador lo que denominó “238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, quienes fueron trasladados de inmediato a una prisión de máxima seguridad para pandillas.
Washington pagaría una cuota anual por su encarcelamiento, escribió Bukele en una publicación en X.
La Fiscalía General de la República de El Salvador y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión no han respondido a las solicitudes de las agencias de noticias para pronunciarse sobre la situación de los presos venezolanos.
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¿Qué podrían lograr los recursos presentados por los abogados?
Antes de su presentación, el abogado constitucionalista Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos presentaran recursos de habeas corpus, lo que básicamente obligaba al Gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada "como mecanismo para denunciar (la situación) y presionar" al gobierno.
Aun así, Anaya afirmó que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía improbable el éxito. El partido de Bukele destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó por jueces considerados más receptivos al gobierno.
"¿Quién va a decidir sobre la libertad de estas personas, los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?", preguntó Anaya. Los recursos de habeas corpus podrían al menos "demostrar la ilegitimidad de este vacío", señaló Anaya.
El Salvador vive en estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país.
Desde entonces, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin garantías básicas, como el acceso a un abogado o incluso sin que se les informe el motivo de su arresto. Pueden permanecer detenidos durante 15 días sin comparecer ante un juez.
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Con Reuters y EFE
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