Miles de personas se manifestaron en 40 ciudades de España exigiendo medidas contra la crisis de la vivienda, marcada por el aumento de precios y la escasez de oferta. Los manifestantes piden la intervención del gobierno para frenar la especulación inmobiliaria, mientras colectivos proponen huelgas de alquiler y cambios legislativos urgentes que sí se apliquen en la práctica.
La crisis de la vivienda en España ha empujado a miles de ciudadanos a la calle. Este sábado, la manifestación por la vivienda ha congregado en la capital a más de 15.000 personas, según la Delegación de Gobierno, —más de 100.000, según los convocantes—. El aumento de precios y alquileres, las trabas para acceder a un techo, el auge de los alojamientos turísticos, los alquileres de corta duración y los desahucios han sido los principales motivos reivindicados en 40 ciudades del país.
La marcha ha estado precedida por una pancarta que recordaba el lema del encuentro: "Acabemos con el negocio de la vivienda". Un propósito para el cual el Sindicato de Inquilinas, uno de los convocantes de la movilización, ha propuesto un mecanismo de presión: la huelga en el pago del alquiler.
La suspensión de los pagos a los propietarios, que ya es una realidad en algunas de las comunidades vecinales en Madrid y Cataluña, busca forzar “la bajada de un 50% de los alquileres de forma inmediata” y fomentar los “contratos indefinidos”, para que el arrendatario no tenga la potestad de expulsar al inquilino, si este no desea irse.
Para el sindicato, ambos puntos son innegociables: “Si no se decretan por ley, entonces lo haremos nosotros a través de nuestras herramientas de lucha”, han advertido en una nota de prensa difundida a primera hora.
Fernando de Los Santos, portavoz del sindicato de inquilinas, ha detallado a France24 que entre los afiliados al colectivo hay “decenas de vecinas organizadas en varios bloques que han dejado de pagar cláusulas abusivas de los contratos que constituyen hasta un 30% del alquiler”.
Vivienda, la principal preocupación
Días antes de la jornada de manifestaciones, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) reafirmó que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. El barómetro mensual de la entidad ha concluido, por cuarto mes consecutivo, que este asunto ocupa el primer lugar entre las causas que le quitan el sueño a los ciudadanos, seguido de la crisis económica y el desempleo. La cifra se acerca cada vez más a la del 2007, el año oscuro para la vivienda en España antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Entre los factores que han empujado a España a la actual crisis de vivienda están el desequilibrio entre la oferta y la demanda, el repunte de los precios de venta y alquiler, y la especulación inmobiliaria.
En España se construyen cerca de 90.000 viviendas cada año, pero se forman 250.000 nuevos hogares —muchos de ellos integrados por migrantes latinoamericanos—. Tal desfase ha provocado un déficit actual de 600.000 viviendas, según el Banco de España.
La competencia por un apartamento es feroz en plataformas como Idealista o Fotocasa, oráculos virtuales del mercado inmobiliario, que se han convertido en una referencia estadística. El último informe de Idealista concluye que el precio de la vivienda en venta aumentó un 11,2% al cierre de 2024. Muy por encima de esa media están ciudades como Madrid (20%) Málaga (21,5%) y Valencia (24%).
Para quienes viven en alquiler la cuota se encareció un 14% en 2024, según el último estudio anual de Fotocasa, que ha resaltado que dicho aumento es el más acentuado desde 2018.
Como si fuera poco, la vivienda pública languidece, lo que reduce las posibilidades de los más vulnerables de tener un techo digno. Solo el 1,7% del parque inmobiliario de España es vivienda social pública, según el boletín Especial Vivienda Social 2024, una cifra muy inferior a la media europea del 9,3%.
En este panorama, el turismo de masas ha actuado como un catalizador de la escalada de precios. Las viviendas destinadas a visitantes ya rozan las 400.000, tras un crecimiento del 16,5% en el último año —en Madrid, casi del doble—, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El auge de apartamentos turísticos, sumado a la escasez de oferta, ha provocado que muchos inquilinos hayan tenido que asumir un alquiler más costoso o hayan sido expulsados por propietarios deseosos de convertir sus inmuebles en un techo para extranjeros de paso. Este fenómeno se ha denominado gentrificación y afecta principalmente a los barrios más céntricos de las ciudades más turísticas.
Ferreterías, restaurantes o talleres de costura han tenido que bajar la persiana al ver convertido su espacio de trabajo en un alojamiento turístico. Los vecinos “de toda la vida” son expulsados al extrarradio de las capitales.
Este caldo de cultivo ha desembocado este sábado en la primera manifestación por la vivienda a escala nacional en la última década, en la que se han leído pancartas con frases como “ni negocio ni rentistas, la vivienda es para quien la habita” y se han escuchado arengas como “casero culpable, gobierno responsable”.
La manifestación tardó más de una hora en desenrollarse por completo, abarcando más de un kilómetro de longitud del Paseo del Prado. Sindicatos estudiantiles, colectivos por la vivienda o afectados por la hipoteca avanzaban al grito de “tenemos las llaves de todas las casas”. En muestra de que tal afirmación era más literal que simbólica, los manifestantes agitaron las llaves de sus hogares en el aire, provocando un tintineo ensordecedor que se mezcló con las arengas.
No muy lejos de la cabecera, Penélope sostenía una pequeña pancarta hecha con un pedazo de cartón pintado con marcador. “La vivienda es un derecho, no el privilegio de unos pocos”. Esta mujer tiene 48 años y un motivo claro para salir a marchar: “Están convirtiendo en negocio lo que debería ser un derecho”.
A Penélope le preocupa no solo el precio de la vivienda, sino el contenido de los contratos: “Te exigen trabajos fijos indefinidos, avales bancarios y no admiten personas con hijos ni con mascotas”.
Para esta manifestante, una de las soluciones para reactivar el mercado inmobiliario pasa por imponer más impuestos a quienes tienen propiedades vacías o destinadas a alquileres turísticos. “El que tenga muchas viviendas que pague por ellas y haga un uso responsable”, ha concluido.
Este sábado no ha sido la primera vez que el movimiento por la vivienda colapsa el centro de Madrid. Ya fueron 22.000 el 13 de octubre del año pasado y 15.000 el pasado 9 de febrero, eso según la delegación de Gobierno, el Sindicato de inquilinas calcula que fueron más de 100.000 en ambas ocasiones. En cualquier caso, han protagonizado unas de las manifestaciones más numerosas de los últimos meses en la capital.
Sin embargo, este 5 de abril no es noticia únicamente en Madrid. De Galicia a Andalucía y de las Islas Canarias a Cataluña, 40 ciudades han sido convocadas a marchar a lo largo del día.
Cuando el reloj daba las 13:00, la manifestación avanzaba por la Gran Vía madrileña. Turistas que caminaban rumbo al Museo del Prado o al Palacio de Cibeles miraban perplejos y fotografiaban la riada de gente que fluía por el corazón de un país cada vez más resignado al alquiler ante la imposibilidad para comprar. En Madrid, una de cada cuatro familias vive de alquiler y en Barcelona una de cada tres, como evidencian los datos del INE.
Las familias que viven en alquiler han aumentado un 20% en la última década. Eso sí, solo representan el 16% del total, frente al 75% de hogares que viven en techo propio.
Otros efectos colaterales de esta crisis se pueden hallar en la cifra de personas sin hogar, que ha crecido un 20% en la última década, con la migración como principal motivo. Paralelamente, los desahucios se ejecutan a un ritmo de tres por hora, principalmente por impago del alquiler.
El mercado ha acuñado un nuevo término: "los micropisos". Han aflorado en forma de sótanos, buhardillas, lugares ocultos reconvertidos en hogares diminutos: se cuentan por cientos en los anuncios de internet en Madrid, a pesar de que en 2023 se prohibió la construcción de viviendas de menos de 38 metros cuadrados.
Ley aprobada en el Congreso, pero no en la práctica
El Gobierno español ha intentado contener el descontento popular con la aplicación de la ley de vivienda, aprobada en 2023 en el Congreso de los Diputados. La normativa establece, entre otras cosas, topes al precio e incremento del alquiler y limita el poder de los grandes tenedores —quien posee más de cinco viviendas—.
Para esta labor, el Gobierno promovió la creación de “Zonas Tensionadas”, para aquellos barrios en los que la población gasta más del 30% de sus ingresos en pagar la vivienda o donde el alquiler haya subido más del 3% por encima de la inflación.
Bajo estos parámetros, casi la totalidad de ciudades como Madrid y Barcelona serían declarables como Zonas Tensionadas. Sin embargo, la intención del Gobierno nacional ha sido frustrada por los ejecutivos regionales controlados por la oposición del Partido Popular (PP) que, amparado en que la política de vivienda es competencia autonómica, han decidido no declarar las zonas tensionadas.
En la capital, por ejemplo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP) considera que las zonas tensionadas pueden ser contraproducentes para el mercado inmobiliario. “Nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler”, ha comentado en una entrevista para una emisora nacional.
En el extremo opuesto, Cataluña ya ha declarado zonas tensionadas en más de 271 municipios. Aún es pronto para ver la evolución del mercado, pero las primeras mediciones muestran un descenso del 3,7% en el precio del alquiler en las zonas tensionadas.
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Sin embargo, la disminución de las viviendas ofertadas en Cataluña y el disparo de los alquileres de temporada —un 45% el año pasado— permiten deducir que algunos propietarios han retirado sus viviendas del mercado o están optando por alquileres de corta duración para esquivar la nueva legislación.
Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos sindicatos mayoritarios del país que han respaldado la manifestación, han condenado “la resistencia de un buen número de comunidades autónomas a aplicar las primeras medidas de control de precios derivadas de la ley por el derecho a la vivienda”.
Los sindicatos han expresado sus peticiones en un comunicado conjunto, en el que exhortan al Gobierno a “desincentivar fiscalmente el uso de la vivienda como un negocio” y exigen “que el esfuerzo de los hogares para alquilar o comprar una vivienda no sobrepase el 30% de los ingresos”, tal como recomiendan organismos internacionales.
No obstante, la ley de vivienda es incluso insuficiente para el Sindicato de Inquilinas. Fernando de Los Santos, portavoz del sindicato, ha afirmado: “La legislación no ha conseguido bajar los precios, no ha garantizado alquileres indefinidos, ni ha recuperado las viviendas vacías —casi cuatro millones, es decir, la ley de vivienda no ha hecho nada de lo que llevamos años pidiendo”.
No ha sido un sábado tranquilo en España. El movimiento por la vivienda ha exhibido músculo en las calles, una vez más. Cada vez más organizado, con más recursos y más consciente del poder que ha adquirido como entidad defensora de los inquilinos. Valeria Racu, portavoz del sindicato de inquilinas, ha preferido resumirlo en una frase: “El miedo ahora está cambiando de bando”.
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