El Gobierno de Pedro Sánchez logró el apoyo necesario para aprobar el embargo de armas a Israel que han impulsado los socialistas. El conservador PP y el ultraderechista Vox votaron en contra y un Podemos renuente finalmente votó a favor, pero prometiendo “presión para eliminar excepciones”.
Dos años después del inicio de la guerra en Gaza, el Congreso de los Diputados español votó a favor de un embargo de armas a Israel anunciado y promovido por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en septiembre.
Sánchez obtuvo el respaldo de su partido, el PSOE, de sus socios de izquierda Sumar, Podemos y de los partidos nacionalistas vascos y catalanes.
España ya cumpliía un embargo de armas a Israel desde octubre de 2023; sin embargo, lo hacía de facto y el 23 de septiembre pasado el Gobierno ya había aprobado el decreto; sin embargo, necesitaba el visto bueno de los legisladores.
La normativa recoge tres puntos clave. Por un lado, la prohibición de las exportaciones de armas con destino a Israel y las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso. El segundo punto es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave que tengan posible uso militar en Israel y el tercero la prohibición de la importación de productos que tengan como origen los asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado.
Objeciones al decreto ley
A pesar de la victoria para Sánchez y del respaldo que obtuvo en el hemiciclo, no todos sus socios de Gobierno están convencidos. Por un lado, Sumar ha dicho que buscará introducir enmiendas al decreto de ley para eliminar excepciones que contiene el texto.
Otro partido que también se ha manifestado en contra de la formulación es Podemos. De hecho, las semanas previas a la votación el gran enigma estuvo en sí el partido de izquierda apoyaría la iniciativa del Gobierno. Finalmente fue así, aunque líderes de Podemos asegurararon que la bancada lo haría no porque estuviera completamente convencida, sino para que el Gobierno no pudiera decir que Podemos había frustrado el intento de imponer un embargo de armas a Israel.
Las principales objeciones a este texto son las excepciones que recoge. El decreto contiene cláusulas de excepción que permitirán al Gobierno un margen de maniobra en la autorización de envíos de armas a Israel si el propio Ejecutivo considera que es necesario para salvaguardar “los intereses nacionales”.
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Otra de las principales críticas es que el texto deja vacíos legales que no determinan exactamente cómo se regulará el tránsito de armas, el uso de bases extranjeras en España ni los movimientos de empresas israelíes que operen vía filiales, para evitar el tránsito de armas con destino a Israel por territorio español.
“Como sabéis, hoy se somete a votación en el Congreso un embargo 'fake' que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado, la compraventa de armas y por otro el tránsito de material militar con destino a Israel”, había dicho Ione Belarra, líder de la bancada morada antes de la votación. “El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas”, agregó, y también aseguró que continuarán la presión para eliminar las excepciones.
La votación estaba prevista inicialmente para realizarse el martes 7 de octubre; sin embargo, el Congreso español la pospuso a un día después luego de que la Embajada israelí en Madrid protestara porque se llevaría a cabo en el segundo aniversario del ataque del grupo islamista Hamás.
Puntos de presión
Esta no es la única medida que anunció Sánchez el pasado septiembre. El Gobierno también anunció entonces la prohibición de entrada a territorio español de todas las personas que participen de forma directa en el "genocidio, la violación de Derechos Humanos y los crímenes de guerra" en la Franja de Gaza.
También anunció que su Gobierno aumentará las contribuciones económicas a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en diez millones de euros adicionales y que la ayuda humanitaria para Gaza aumentará hasta los 150 millones de euros en el año 2026.
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A la prohibición de la importación de productos que provengan de asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino —colonias declaradas ilegales por Naciones Unidas—, Sánchez también anunció que los servicios consulares que España preste a los ciudadanos españoles que residan en esos asentamientos se limitarán al mínimo legal, como forma de presión contra la ocupación.
España ha sido uno de los países que ha adoptado una postura más dura contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu desde el inicio de la guerra en Gaza, que cataloga como genocidio. También desde la primera mitad de 2024 reconoció a Palestina como Estado. A raíz de esto, las tensiones con Tel Aviv han aumentado con múltiples choques diplomáticos en los últimos meses.
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