Un ataque con explosivos destruyó un peaje en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la autopista que une Cúcuta y San Antonio del Táchira. Los atacantes también dispararon contra puestos policiales, dejando al menos cinco heridos. Las autoridades señalan al ELN como posible responsable. El hecho se suma a una escalada de violencia que ha llevado al Gobierno a considerar medidas como el toque de queda y a reforzar la seguridad en zonas críticas del país.
Un nuevo hecho violento marca la jornada de este jueves 20 de febrero en Colombia. Un ataque con explosivos en la frontera entre ese país y Venezuela destruyó un peaje ubicado en la autopista internacional que une ambas naciones. Según reportaron las autoridades, los perpetradores tirotearon puestos policiales y dejaron a al menos cinco personas heridas.
"El peaje quedó completamente destruido", sentenció el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero.
El punto afectado se ubica en la carretera que comunica la ciudad colombiana de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y San Antonio del Táchira, al oeste de Venezuela.
Según se dio a conocer, tres de los heridos serían trabajadores del Instituto Nacional de Vías (Invías) y dos vigilantes del peaje.
Quintero también anunció una recompensa de "hasta cien millones de pesos (unos 25.000 dólares) para dar con los responsables de los hechos violentos de las últimas horas".
Medios locales —citando a autoridades del país— aseguran que los autores podrían ser miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, el grupo armado aún no se ha responsabilizado por los hechos.
En diálogo con la emisora ‘W Radio’, el general William Quintero, comandante de la policía local, dijo que los atentados fueron perpetrados por "bandidos del ELN".
La guerrilla del ELN opera en la región y en los últimos días puso cilindros bomba en algunas carreteras de Norte de Santander. Una situación a la que se ha sumado el último ataque y por la que las autoridades están considerando decretar un toque de queda de 48 horas.
El general Quintero también sentenció que el ELN habría ejecutado el atentado en conmemoración de la muerte, el 20 de febrero de 1974, de Domingo Laín Sáenz, un sacerdote y guerrillero español.
Además, se presentó otro ataque en Cúcuta —según reportó EFE— contra un puesto policial ubicado cerca del Templo Histórico, frente a la Casa Natal del General Francisco de Paula Santander, uno de los próceres de la Independencia de Colombia. Las autoridades señalan que también habría sido perpetrado por el ELN.
Popayán, tocada por nuevo ataque
Al suroeste del país, en Popayán, en el departamento de Cauca, se presentó un ataque con explosivos lanzados la noche del miércoles contra un centro de detención. Las autoridades aseguran que causó daños materiales en viviendas y comercios.
El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el coronel Jhon Fredy Zambrano, le dijo a periodistas que "no se presentaron afectaciones a las personas que permanecen privadas de la libertad, tampoco a nuestro personal".
También informó que investiga la posible utilización de drones en el ataque y que en la zona fue reforzada la vigilancia.
Un recrudecimiento de la violencia
Los hechos se enmarcan en un momento especialmente crítico para la paz en Colombia, en el que la región del Catatumbo ha sido una de las más tocadas. Desde principios de año, el ELN ha llevado a cabo una serie de ataques que han afectado a la población civil.
Las operaciones comenzaron por una lucha territorial con una de las facciones de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, pero sus consecuencias han afectado a los habitantes de la zona. En los combates más de 50 personas han sido asesinadas y 50.000 personas han sido desplazadas. Además, el aumento de la violencia ha llevado a que más de un centenar de los disidentes de las FARC hayan entregado las armas.
El recrudecimiento de la violencia por parte del ELN —que busca consolidar su control sobre la región fronteriza, uno de los corredores clave para el tráfico de drogas— llevó a que el presidente Gustavo Petro suspendiera las negociaciones con el grupo armado hace poco más de un mes. Ambas partes se encontraban dialogando sobre la posibilidad de un acuerdo de paz.
Un proceso que, sin embargo, tuvo más bajos que altos. En varias ocasiones tuvo que ser suspendido por el mandatario izquierdista, a pesar de haber logrado un primer alto el fuego temporal que revivió las esperanzas en el país de poder alcanzar la tan anhelada paz con el grupo armado más longevo y grande de Colombia en la actualidad.
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La situación ha amenazado con truncar los planes de Petro de alcanzar una “paz total” para el país, una de sus principales promesas de campaña.
También se da en un momento en el que el Gobierno del presidente está bajo la lupa y en plena reorganización. Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros tras una polémica reunión ministerial que fue televisada.
Una de las carteras afectadas fue la de Defensa: el ministro Iván Velásquez, en el cargo desde 2022, presentó recientemente su renuncia, y el miércoles Petro designó al general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez, como su reemplazo.
Gobernadores reclaman a Petro más acciones contra la violencia
Los nuevos hechos violentos se producen un día después de que, en una reunión con el presidente, varios gobernadores le pidieran a Petro soluciones para contrarrestar el agravamiento del conflicto armado en algunas partes del país.
"Hay una percepción en el país muy complicada referente a la seguridad", expresó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, donde está ubicada la región del Catatumbo.
En ese sentido, Villamizar pidió "fortalecer la inteligencia y el trabajo de las Fuerzas Militares" con un aumento del pie de fuerza en varias regiones.
Un llamado al que se sumó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Otro de los departamentos en lo saque el ELN libra combates con el Clan del Golfo, la principal banda criminal colombiana.
"He alzado la voz en los últimos días en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades del departamento del Chocó porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de Derecho Internacional Humanitario (DIH)", sentenció Córdoba.
Los enfrentamientos en el Chocó habían dejado unos 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas hasta la semana pasada.
Con EFE, AFP y medios locales
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