Mientras un joven de 26 años esperaba por ser ejecutado en la horca este 14 de enero en Irán–sin derecho a la defensa ni al debido proceso–por protestar contra el Gobierno, el máximo juez del país y el ministro de Justicia abogaron por acelerar el enjuiciamiento y “castigo” a los detenidos en las manifestaciones que estallaron hace dos semanas.
La organización 'Iran Human Rights' (IHRNGO), que hasta ahora ofrecía la cifra más conservadora de muertos por las protestas antigubernamentales en la República Islámica, elevó este miércoles el número de víctimas mortales a 3.428, según indicó en un comunicado publicado este miércoles.
El grupo de derechos humanos, con sede en Oslo, remarcó que la cifra "solo incluye casos verificados directamente por IHRNGO o a través de dos fuentes independientes y está respaldada por documentación hospitalaria y de la morgue".
"Fuentes del Ministerio de Salud informaron a IHRNGO que, tan solo entre el 8 y el 12 de enero, murieron alrededor de 3.379 personas, incluyendo tanto manifestantes como fuerzas estatales", añadió la organización, antes de detallar que "la mayoría de las personas muertas eran menores de 30 años y al menos 15 eran menores de 18″. Varios testigos aseguraron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas contra los manifestantes.
Apagón informativo, el arma digital que contribuye en la opacidad de las cifras
Los informes de arrestos y muertes en el marco de las manifestaciones se basan en la información aportada por activistas locales y videos verificados, una labor que es casi imposible desde el pasado 8 de enero, cuando Teherán decretó un apagón informático que bloqueó la señal de internet y telecomunicaciones.
Aunque el martes 13 de enero el régimen del ayatolá Alí Jamenei flexibilizó algunas restricciones a sus ciudadanos y, por primera vez en días, permitió realizar llamadas al extranjero a través de sus teléfonos móviles, no ha levantado las restricciones a internet ni ha permitido el restablecimiento de los servicios de mensajes de texto.
En medio de la desconexión de las comunicaciones y tras dieciocho días de movilizaciones en las 31 provincias iraníes, los datos sobre muertes, detenciones y represión revelan discrepancias significativas.
La estadística de HRANA, una agencia de noticias de derechos humanos con sede en Estados Unidos, citada ampliamente por la prensa internacional, reportó más 2.500 muertos, entre ellos 2.403 manifestantes y 147 miembros de las fuerzas de seguridad, 12 niños y 9 civiles no participantes en las protestas.
También hay estimaciones que ya hablan de "la mayor matanza en la historia contemporánea del país", en palabras del medio opositor 'Iran International', con base en Londres, que reportó hasta el 13 de enero la muerte de "al menos 12.000 personas", con base en "fuentes confiables del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dos fuentes de la oficina de la Presidencia, fuentes de la Guardia Revolucionaria en tres ciudades diferentes, reportes de testigos oculares y familiares, y reportes de centros médicos, doctores y enfermeras".
La cifra de 12.000 fallecidos la ha replicado, según sus propias fuentes, el medio estadounidense ’CBS News', que incluso advierte de la posibilidad de que sean hasta 20.000.
La dificultad para confirmar la magnitud del derramamiento de sangre en Irán se puede ejemplificar con las estadísticas del 8 de enero, cuando se registró el pico de la represión en la antesala del inicio del bloqueo informativo. La HRANA reportó entonces 217 muertos, mientras IHRNGO verificó el deceso de 80.
Las autoridades iraníes no han publicado un recuento oficial de muertos civiles, pero han resaltado que más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad han perdido la vida en la respuesta a las protestas.
Algunos de sus féretros congregaron a miles de personas frente a la Universidad de Teherán este miércoles, llamadas por el Gobierno a cerrar filas en torno a lo que consideran una agresión de "saboteadores" coordinados por Estados Unidos e Israel.
Represión en una nación a oscuras
Las autoridades iraníes desconectaron la Red Nacional de Información pasadas las 20:30 del 8 de enero. Organizaciones de monitoreo de conectividad como NetBlocks documentaron una caída del 90% en el tráfico de internet en la media hora siguiente a la desconexión, una cifra que en pocas horas rozó el cero.
Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, acusó en un comunicado de prensa a la república islámica de "bloquear deliberadamente el acceso a internet para ocultar la verdadera extensión de las graves violaciones de derechos humanos".
Amnistía internacional recordó que Irán ya ha sufrido desconexiones anteriormente en contextos de manifestaciones ciudadanas, como "el levantamiento ‘Mujer Vida Libertad’ entre septiembre y diciembre de 2022″ o en noviembre de 2019, cuando "las fuerzas de seguridad mataron de forma ilícita a cientos de manifestantes y viandantes durante cinco días de protestas, mientras las autoridades imponían un apagón casi total de Internet", condenó la entidad.
En la misma línea, Human Right Watch, corroboró en una comunicación del lunes que el bloqueo informativo en Irán "ha obstaculizado gravemente los esfuerzos para corroborar los asesinatos ilegítimos y otras violaciones".
Las autoridades iraníes atribuyeron la desconexión a causas técnicas y de seguridad. "El acceso a internet fue bloqueado cuando comenzaron operaciones terroristas coordinadas desde el extranjero", aseguró el lunes en una entrevista con 'Al Jazeera' el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.
Juicios rápidos y ejecuciones a manifestantes
Primero fue la máxima autoridad judicial en Irán, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, quien se refirió a los ciudadanos que protestan hace más de dos semanas como "terroristas" y abogó porque "deben tener prioridad para ser juzgados y castigados”.
"Si alguien ha prendido fuego a una persona y la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró Mohseni Ejei mientras visitaba una prisión con manifestantes detenidos.
Acto seguido, el ministro de Justicia de esa nación, Amin Hossein Rahimi, afirmó que "cualquiera que haya estado presente en las calles desde el 8 de enero será considerado un criminal".
Las declaraciones de ambos funcionarios se produjeron días después de que la oficina del fiscal de Teherán expresara en un comunicado que un número no especificado de manifestantes serían acusados de "moharebeh", un término de la ley sharia —que se traduciría como "hacer la guerra contra Dios"—, que es castigado con la pena de muerte en Irán.
"Varios alborotadores cuyos cargos son consistentes con moharebeh pronto serán enviados a los tribunales", se lee en el comunicado.
El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró que "si la comunidad internacional no actúa a tiempo, miles de personas más correrán el riesgo de ser ejecutadas". "Funcionarios de la República Islámica cometieron crímenes similares en la década de 1980 para aferrarse al poder", advirtió Amiry-Moghaddam.
Una docena de personas fueron ejecutadas durante la última gran ola de protestas de 2022 a 2023, según Iran Human Rights (IHR), a las que habría que sumar otra docena de condenados a la pena capital por cargos de espionaje para Israel desde la guerra de junio entre ambas naciones de Medio Oriente.
Más de 10.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas, según la IHRNGO, una cifra que HRANA eleva a más de 18.000.
Uno de los manifestantes detenidos ya habría sido condenado por moharebeh. Se trata de Erfan Soltani, un joven 26 años sentenciado a la horca sin derecho a la defensa ni al debido proceso, tras ser detenido hace una semana en el marco de las protestas contra el régimen. Su muerte estaba fijada para el miércoles 14 de enero, aseguró el Departamento de Estado de EE. UU. y confirmaron familiares de Soltani a la prensa.
Las autoridades iraníes habrían informado a la familia de la condena a muerte tan solo cuatro días después de su arresto el 8 de enero, pero la desconexión que rige en la república islámica ha impedido a diversas organizaciones de derechos humanos y a agencias periodísticas confirmar el paradero de Soltani.
Con Reuters, AP y medios locales
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