Washington da luz verde a un proyecto clave en el Caribe que involucra a la petrolera Shell y al Gobierno de Trinidad y Tobago, en un intento de equilibrar su política energética y sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Pese a las tensiones en el Mar Caribe, Washington dió su visto bueno. El gobierno de Estados Unidos concedió una licencia especial que permitirá a Trinidad y Tobago negociar y desarrollar un proyecto de gas natural con Venezuela, sin exponerse a sanciones.
La decisión, anunciada este jueves por el fiscal general trinitense John Jeremie, representa un giro significativo en la relación energética entre ambos países caribeños y Washington, que mantiene restricciones severas sobre la industria petrolera venezolana desde 2019.
La autorización, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, abre una ventana de oportunidad para que Trinidad y Tobago, junto con la multinacional Shell, impulsen el desarrollo del yacimiento Dragon, ubicado en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima entre ambos países.
El permiso llega en un momento de creciente necesidad energética para el pequeño Estado caribeño, cuya producción de gas disminuyó en la última década, comprometiendo la sostenibilidad de su industria petroquímica y de exportación de gas natural licuado (GNL), pilar de su economía.
Bajo auspicio estadounidense
La licencia otorgada por Washington tiene una validez inicial de seis meses para avanzar en las negociaciones preliminares. No obstante, un segundo documento del Departamento del Tesoro, fechado el miércoles, amplía el alcance del permiso y lo estructura en tres etapas progresivas que se extenderán hasta abril de 2026.
La primera fase autoriza a Trinidad y Shell a entablar conversaciones con Petróleos de Venezuelay con el gobierno de Caracas, siempre bajo condiciones estrictas y con la obligación de incluir empresas estadounidenses en el desarrollo del proyecto.
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Washington, por su parte, fue claro en que el acuerdo no debe traducirse en un beneficio económico para el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado, en un comunicado fechado el 30 de septiembre, subrayó que respaldará el proyecto solo si “se garantiza que no proporcione ventajas significativas al gobierno venezolano”.
El campo Dragon alberga unas reservas probadas de 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que lo convierte en uno de los mayores yacimientos de Venezuela y en una fuente potencial de ingresos para ambos países. Su explotación tardió años debido a las sanciones y a la inestabilidad política de Caracas.
El proyecto, liderado por Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, se considera esencial para mantener operativas las plantas de licuefacción y petroquímica del país caribeño, cuyos niveles de producción cayeron de un 30 % desde 2015.
"Tabla de salvación"
El anuncio llega tras meses de conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro trinitense, quienes se reunieron el 30 de septiembre para definir los límites de la cooperación. De acuerdo con Washington, la iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la seguridad energética regional sin relajar la presión sobre el gobierno de Maduro.
Desde que las sanciones de 2019 paralizaron la mayor parte de las exportaciones venezolanas de crudo y gas, países vecinos como Trinidad y Tobago se vieron atrapados entre su dependencia energética y las restricciones impuestas por EE. UU. Para Trinidad, que exporta gas natural licuado a mercados de América y Europa, la posibilidad de acceder al gas venezolano es vital para sostener su capacidad industrial.
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El proyecto Dragon no es nuevo. En octubre de 2023, el gobierno estadounidense ya había concedido una licencia similar, pero esta fue revocada en abril de 2024 durante una revisión de las políticas de sanciones bajo la administración Trump. Aquella decisión representó un duro golpe para la economía trinitense, que depende en más del 40 % de los ingresos fiscales del sector energético.
Kevin Ramnarine, exministro de Energía de Trinidad, considera que el proyecto es una “tabla de salvación” para la industria local, aunque advierten que su éxito dependerá de la voluntad política de todas las partes y del margen que Washington esté dispuesto a conceder. “Estados Unidos busca mantener la presión sobre Maduro, pero también necesita estabilidad en su patio trasero caribeño”, apuntó Ramnarine.
Por ahora, Shell evitó pronunciarse. La empresa señaló que la licencia está a nombre del gobierno de Trinidad y remitió cualquier consulta a las autoridades locales. BP, también involucrada en proyectos gasíferos regionales, no respondió a solicitudes de comentario.
¿Un respiro energético?
Más allá del impacto económico, el permiso estadounidense refleja un ajuste pragmático en la política exterior de Washington hacia América Latina. Mientras mantiene la presión sobre el régimen venezolano, Estados Unidos busca asegurar la estabilidad de sus socios caribeños frente a un mercado energético mundial difícil.
Para Trinidad y Tobago, el acuerdo podría marcar el inicio de una nueva etapa en su relación con Venezuela, su vecino más cercano y, al mismo tiempo, un socio complejo. En un Caribe marcado por semanas de tensiones ligadas al despliegue militar estadounidense, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, Puerto España se vió incluso amenazado por Caracas para no apoyar a Estados Unidos. La isla tendrá ahora el plazo de seis meses para concretar el acuerdo, en un contexto geopolítico más que vólatil.
Con AP y EFE
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