Un anuncio que apunta a estar centrado en el futuro político de Venezuela. Delcy Rodríguez emitió este miércoles 8 de abril un mensaje a la nación en el que abordó tanto la situación actual como los planes a corto plazo de su Gobierno.
En los primeros minutos, la presidenta encargada afirmó que, en medio del proceso de recuperación del país, el Gobierno realizará un "aumento responsable" a los salarios el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
El salario mínimo base en Venezuela se sitúa en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar, aunque muchos empleados públicos ganan más a través de bonificaciones y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 dólares.
Asimismo reiteró que si se recuperan los activos y recursos bloqueados del país en el exterior, estos serán destinados inmediatamente a garantizar el bienestar de los venezolanos, a la recuperación de infraestructura básica y a una inversión que permita mejorar las pensiones e ingresos de los trabajadores
“Mañana (este miércoles) le hablaré al país, hablaré de las verdades, hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes”, anticipó el martes la mandataria interina.
Rodríguez también reiteró su intención de que Venezuela logre liberarse de sanciones internacionales y retome una senda de crecimiento económico y bienestar social.
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Un nuevo momento político tras la captura de Maduro
Desde el pasado 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas en una operación de fuerzas estadounidenses, Venezuela atraviesa lo que el propio Ejecutivo ha denominado un “nuevo momento político”.
Durante este período, el Gobierno interino ha promovido una serie de medidas, entre ellas se destacan: apertura del sector petrolero a inversiones extranjeras, excarcelación de algunos presos políticos, promulgación de una ley de amnistía y reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras siete años de ruptura.
Estas iniciativas han sido presentadas por Rodríguez como parte de una transición destinada a estabilizar el país y atraer inversión internacional.
Entre las principales reformas en marcha también destaca la nueva ley de minas, anunciada el pasado marzo durante la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. La norma, que abre el sector minero a la inversión extranjera, ya ha aprobado 115 de sus 130 artículos.
Sin embargo, el Parlamento volvió a aplazar el martes la segunda discusión necesaria para su aprobación definitiva, en medio de debates políticos sobre el alcance de la apertura y el interés internacional en los recursos auríferos del país.
Rodríguez pide “seguimiento” a la ley de amnistía
En paralelo, Rodríguez solicitó reforzar el seguimiento a la aplicación de la ley de amnistía, promulgada el pasado 19 de febrero y presentada por el Gobierno como un mecanismo para reducir tensiones políticas.
“No crean que no sabemos que personas que fueron y han sido beneficiadas por esta ley de amnistía (…) están planificando el conflicto. Entonces, es importante también que hagamos seguimiento a la ley de amnistía”, afirmó la mandataria desde el Palacio de Miraflores.
Rodríguez señaló que el objetivo es garantizar que la medida contribuya a “sanar el extremismo y el radicalismo” y evitar nuevos episodios de confrontación política.
“Yo no estoy excluyendo a nadie. Yo estoy diciendo que hagamos seguimiento para que esa oportunidad que estamos dando (…) podamos de verdad curarlas para poder garantizar el futuro”, agregó.
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Críticas y exclusiones en la aplicación de la norma
Aunque el Gobierno asegura que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía, organizaciones de derechos humanos cuestionan la aplicación de la normativa, al considerar que es limitada y discrecional.
La ley abarca 27 años del chavismo, pero restringe su aplicación a 13 eventos específicos, dejando fuera casos relacionados con presuntos golpes de Estado o intentos de magnicidio denunciados por el Ejecutivo.
Además, opositores como el activista Javier Tarazona y Perkins Rocha, asesor legal de la líder opositora María Corina Machado, no han sido incluidos en la medida.
Según la organización Foro Penal, alrededor de 500 presos políticos continúan detenidos en el país.
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Con EFE y AFP
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