Un adolescente estadounidense es arrastrado por la fuerza fuera de la tienda por departamentos donde trabaja en Richfield, Minnesota. Un fotógrafo de una agencia turca termina hospitalizado después de ser empujado contra el suelo en una corte migratoria de Nueva York. Una madre de tres hijos, también ciudadana estadounidense, recibe disparos mortales frente a decenas de testigos.
Las tres operaciones fueron llevadas a cabo, todas con extrema violencia, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la todopoderosa punta de lanza de la ofensiva de la Administración de Donald Trump en su esfuerzo por concretar la deportación masiva más grande de la historia.
Video from Richfield, Minnesota shows BP agents detaining a teenager working at a Target store. The teen identified himself as a U.S. citizen and had a passport on him, even though U.S. citizens are not legally required to prove their citizenship to ICE.pic.twitter.com/0PGTD2o2RH
— WarMonitor (@TheWarMonitor) January 8, 2026
¿Hay límites para la acción de los agentes del ICE en su cruzada por librar a Estados Unidos de “lo peor de lo peor”, que termina llevándose por delante a estudiantes, trabajadores, madres y hasta ciudadadanos estadounidenses nativos?
Según funcionarios del Gobierno de Trump y voceros del movimiento MAGA, no. Steve Miller, subjefe de gabinete, usó una entrevista con un programa de la cadena conservadora ‘Fox News’ para firmar un cheque en blanco a los agentes de la fuerza que se ha convertido en la “niña mimada” de la Administración.
“A todos los agentes de ICE: tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones”, dijo Miller el 13 de enero, menos de una semana después del asesinato de Renee Good a manos de un oficial del ICE. “Cualquiera que los toque o intente detenerlos o los obstruya está cometiendo un delito grave”, agregó.
REMINDER. “To all ICE officers: You have federal immunity in the conduct of your duties. Anybody who lays a hand on you or tries to stop you or tries to obstruct you is committing a felony. You have immunity to perform your duties, and no one—no city official, no state official,… pic.twitter.com/xoWDjOctLe
— Homeland Security (@DHSgov) January 13, 2026
La declaración coincidía con los dichos del vicepresidente J. D. Vance, fue compartida en la cuenta de X del Departamento de Seguridad Nacional y forma parte de la prédica habitual de influencers y opinadores de extrema derecha.
El alcance de las operaciones de ICE parece no tener límites legales, con la bendición de la Corte Suprema de mayoría conservadora, que en septiembre avaló la práctica de perfilamiento racial de sus efectivos, y afirmó que la agencia tenía facultades para ejecutar detenciones sin orden judicial ni causa probable, o lo que es lo mismo, basarse en apariencia, color de piel o idioma para abordar objetivos en sus redadas.
"Para ser claros, la aparente etnia por sí sola no puede proporcionar sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de este Tribunal sobre las detenciones migratorias, puede ser un 'factor relevante' si se considera junto con otros factores relevantes", escribió el juez Brett Kavanaugh en su decisión.
Nacido de una tragedia
El ICE nació a la sombra del 11 de septiembre de 2001, cuando se creó también el Departamento de Seguridad Nacional, buscando evitar que se repitieran las circunstancias que dieron lugar al mortífero atentado.
En esa oportunidad, extranjeros radicalizados ingresaron a Estados Unidos y se entrenaron allí para planificar los ataques simultáneos a las Torres Gemelas, el Pentágono y la frustrada ofensiva contra el Capitolio.
Pero el ICE bajo Donald Trump en este segundo mandato ha ganado un músculo mucho mayor que el que ha tenido a lo largo de su breve historia, con una inyección de presupuesto sin precedentes que le ha permitido llevar adelante una agresiva campaña de reclutamiento, pero también con un rango de facultades que raya en la carta blanca.
El Grande y Hermoso Proyecto de Ley, como Trump denominó a su plan de gastos para 2026, prevé una asignación de 170.000 millones de dólares al control migratorio durante los cuatro años de su gestión, con 75.000 millones destinados solo al funcionamiento de ICE, incluyendo la construcción de nuevos centros de reclusión.
Según el Centro Brennan para la Justicia, una organización independiente que revisa el sistema legal y la vigencia de la democracia, los 29.000 millones con los que operó el ICE en 2025 eran casi el triple de los recursos con los que contó durante el último año del Gobierno de Joe Biden.
Los oficiales de esta agencia pueden efectuar detenciones basados en la sospecha de que una persona se encuentra de forma ilegal en Estados Unidos, pero sus atribuciones han ido desplazándose del ámbito de la seguridad nacional al del orden público.
"Hemos visto un cambio real del lado del servicio de la burocracia migratoria al lado de la aplicación de la ley de la burocracia migratoria", le dijo al portal de la televisión pública canadiense ‘CBC’ el historiador estadounidense Adam Goodman.
Las competencias de sus agentes van ahora mucho más allá de determinar el estatus de los sospechosos: ubicar, detener y deportar. Han sido autorizados también a arrestar ciudadanos estadounidenses, en caso de que interfieran con sus operaciones, e incluso sofocar protestas.
“Ningún funcionario municipal, ningún funcionario estatal, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador izquierdista ni un insurrecto doméstico puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”, dijo Miller en la entrevista en ‘Fox News’.
Carta blanca para los enmascarados
Las fronteras de lo que puede o no puede hacer el ICE son cada vez más difusas. Sus acciones están regidas por la Constitución y por líneas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que les fijan en ambos casos límites mucho más estrechos que los que en la práctica están observando sus agentes.
La Constitución, por ejemplo, establece que las fuerzas del orden solo pueden aplicar fuerza legal “si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”.
Un memorando del DHS emitido en 2023 reserva este recurso para casos en los que hay “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves".
Cinco personas han perdido la vida en operaciones conducidas por ICE: Good; un cocinero mexicano en Chicago; dos personas más en California; y una en Virginia, sin contar los muertos bajo custodia de la agencia en centros de detención.
El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo el 18 de enero que no está previsto investigar a Jonathan Ross, el agente que hirió mortalmente a Good: “No vamos a ceder ante la presión de los medios, ni ante la presión de los políticos, ni hacer algo que nunca hacemos".
Tampoco hay evidencias de procesos abiertos en torno a los otros casos por parte del Departamento de Justicia, aunque sí hay investigaciones internas que han sido anunciadas por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y su adjunta Tricia McLaughlin.
La agencia está facultada para detener ciudadanos estadounidenses si estos interfieren en sus operaciones o agreden a sus agentes.
También puede mantener en reclusión indefinida a inmigrantes indocumentados incluso si estos están en proceso de disputar su estatus legal, a menudo en centros de detención lejos de sus hogares, en los que sus familiares y abogados pueden tardar varios días para ubicarlos y poder prestarles asistencia.
Si bien su operación comenzó bajo la premisa de deshacerse de “lo peor de lo peor”, o lo que es lo mismo indocumentados con historial criminal en Estados Unidos, la realidad es que las redadas se llevan a cabo en lugares de trabajo, comunidades de inmigrantes y hasta iglesias y hospitales, porque al mismo tiempo deben cumplir con la meta de la mayor deportación de la historia.
"Las cifras (de deportación) van a ser mucho más bajas si realmente te centras en las personas violentas en las que deberías centrarte. Es mucho más fácil quedarse fuera de un Home Depot y reunir a la gente", declaró en una entrevista en CBS el investigador del Cato Institute Mike Fox.
Un error en el sistema
La tremenda violencia de las operaciones en Minnesota parece señalar una escalada con respecto a las ya polémicas acciones en otras ciudades como Los Ángeles o Chicago.
Los agentes han sido vistos arrastrando a detenidos, trasladándolos en medio de la nieve sin abrigo, rociando gas pimienta a testigos que tratan de dejar registro de las operaciones y golpeando repetidas veces a arrestados que ya han sido reducidos.
Casos como el de Good, en el que el tirador Ross incumplió un protocolo elemental de evitar colocarse en el camino de un auto en movimiento, han arrojado dudas sobre la calificación y el entrenamiento de los agentes.
Agresivas campañas de reclutamiento se han llevado a cabo para aumentar exponencialmente las filas de ICE y los procesos de selección podrían no ser tan cuidadosos como deberían.
Recientemente dos funcionarios revelaron a NBC un fallo en una herramienta de inteligencia artificial utilizada para reclutar a 10.000 nuevos agentes, luego confirmada por el DHS.
El programa de selección LEO (iniciales de agentes de aplicación de la ley en inglés) buscaba incorporar oficiales con experiencia como fuerzas del orden.
El dispositivo de IA debía distinguir entre los solicitantes que cumplían este requisito, que debían someterse a una formación reducida de cuatro semanas, y los que no, que tenían que pasar por un proceso más largo del doble de entrenamiento.
Una falla en la herramienta impidió discriminar entre los resúmenes curriculares de unos y otros, y derivó en que centenares de oficiales se incorporaron a cumplir labores para las que no estaban suficientemente formados, aunque el error fue posteriormente corregido.
Al mismo tiempo que avanza en el incremente de su fuerza de agentes migratorios, el DHS ha reducido sistemáticamente el personal de otras de sus dependencias llamadas a supervisar las tácticas de sus hombres, como la Oficina de Derechos y Libertades Civiles y dos despachos de defensores del pueblo.
Detractores bajo asedio
Oponerse a la acción de la agencia puede tener costosas consecuencias, como lo han comprobado el gobernador de Minnesota Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey.
Los dos mandatarios regionales, ambos demócratas, exigieron el fin de las redadas en el estado, que ya ha llevado a sus calles unos 3000 hombres, entre el ICE y su agencia hermana la Patrulla Fronteriza (CBP), una cifra que supera el número de oficiales de los cuerpos de policía locales.
En cambio, lo que han obtenido son sendas citaciones por parte del Departamento de Justicia, con la amenaza latente de procesarlos si se comprueba que “animaron activamente” las multitudinarias protestas que han sacudido Minneapolis y otras ciudades del estado, en rechazo a la acción del ICE.
"No importa quién seas, ya seas gobernador, alcalde o alguien ahí fuera agrediendo a ICE, según la ley federal, no se puede impedir que un funcionario federal haga su trabajo, y eso es lo que estamos viendo", afirmó el fiscal general adjunto Blanche en una entrevista con ‘Fox News Sunday” este 18 de enero.
Una juez federal de Minnesota impuso límites el 16 de enero a las acciones de control de orden público de ICE, al prohibir el uso de gas pimienta, bombas lacrimógenas y municiones contra manifestantes pacíficos.
Pero la agencia podría contar con un importante refuerzo en esas tareas, porque el Departamento de Defensa estaría preparando un despliegue de 1500 soldados del ejército para intervenir en la ciudad, de acuerdo con una información difundida por el ‘Washington Post’ el 18 de enero.
El contingente podría responder a la amenaza con la que Donald Trump ha hecho frente al descontento por las acciones de ICE en Minnesota: la activación de la Ley de Insurrección, un instrumento de 1807 que autoriza al presidente a usar al ejército para cumplir funciones policiales en caso de levantamientos.
Con AP, Reuters y medios locales
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