El anuncio de Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular para revivir su reforma laboral ha desatado una tormenta política y jurídica en Colombia. El presidente alega que el Senado bloqueó ilegalmente la iniciativa y que la ciudadanía debe decidir. Sin embargo, expertos y opositores advierten que estaría sobrepasando sus funciones y rompiendo la separación de poderes. ¿Qué implica el decreto?, ¿cuáles son los argumentos de ambas partes?, ¿por qué causa polémica? Lo explicamos.
Colombia amaneció este 4 de junio inmersa en una pugna política por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que decretará la realización de la consulta popular para sacar adelante su reforma laboral, uno de los pilares de su Gobierno, aunque el Senado tumbó la iniciativa.
El mandatario izquierdista aseguró que tomó la decisión porque, según denunció, el Senado había hecho “trampa” cuando negó la convocatoria a la consulta popular.
“¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado. Hicieron trampa”, afirmó Petro.
Además, sentenció que se trata de la voluntad del “pueblo”. Según el presidente, la gran mayoría de la población colombiana está de acuerdo con su propuesta de reforma laboral. Entre las propuestas que recoge su propuesta está el fortalecimiento de las garantías sindicales, el aumento del recargo nocturno, la ampliación de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
"Sé que me va a caer todo, sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia", sentenció en una alocución televisada.
Sin embargo, la afirmación del presidente ha generado fuertes críticas por parte de distintas fuerzas políticas y analistas, que acusan al mandatario de traspasar sus poderes presidenciales y de romper la separación de poderes.
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¿Qué se prevé que estipule el decreto?
Hasta el momento se desconoce el texto del decreto. Sin embargo, ya hay algunas pistas de lo que puede suponer.
De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en una rueda de prensa que el Gobierno ya tiene un borrador del decreto. También anunció que se radicará a más tardar el 12 de junio.
El medio independiente ‘La Silla Vacía’ también prevé lo que tendrá que incluir el texto del decreto con base a iniciativas pasadas similares.
Según el medio, el decreto debe “contener por lo menos ocho artículos”. Además, estipula que deberá establecer la fecha en la que se llevará a cabo la votación.
Benedetti también había adelantado que se esperaba que se diera a finales de julio o inicios de agosto.
Por otro lado, asegura que en el primer artículo “de la convocatoria deben entrar las 12 preguntas de la consulta popular original, que solo hablaban de la reforma laboral”.
Además, los otros artículos tienen que establecer —afirma el medio— “que la organización de la consulta correrá por cuenta de las entidades electorales, es decir, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE”.
También estarían estipuladas unas “reglas de campañas para permitir la conformación de comités a favor y en contra”. A la vez, deberá tener detalles de la jornada electoral, como las restricciones al alcohol, entre otras medidas.
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Y ahora, ¿qué sigue?
Colombia entra en un terreno desconocido luego de las declaraciones de Petro, ya que se trata de una situación inédita.
El argumento del Gobierno de Petro es que el Senado bloqueó de manera injusta su propuesta de consulta popular y que el pueblo colombiano es el que tiene que decidir si la aprueba o no.
“Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar”, dijo en su alocución presidencial.
Sin embargo, más allá de las declaraciones, la consulta deberá pasar pugnas legales y también dudas sobre el procedimiento para eventualmente llevarla a cabo.
En primer plano aparece una pregunta clave: ¿a quién le compete decidir la legalidad de la consulta por decreto? Allí surgen dos actores: el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
El Gobierno argumenta que es competencia de la Corte Constitucional decidir si se puede llevar a cabo.
En ese sentido, asegura que es su competencia porque está encargada de revisar la constitucionalidad de consultas populares de orden nacional.
Sin embargo, la Carta Magna del país estipula que esta puede darse por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización, y después de realizadas, si alguien la demanda.
El Gobierno, entonces, señala que es competencia de la Corte Constitucional justamente porque argumenta que la votación del Senado tuvo irregularidades.
“La Corte Constitucional tiene la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las consultas populares de orden nacional, particularmente en lo que respecta a vicios de procedimiento en su convocatoria y realización”, afirma para el periódico ‘El Tiempo’, Andrés Briceño, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado.
Sin embargo, varios analistas como Rodrigo Uprimny, citado por el periódico ‘El Espectador’, advierten que mientras no se anule judicialmente la votación en el Senado la decisión sigue vigente y debe respetarse.
“Mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del Interior”, explica el experto.
Ahora, el gran problema es que no hay precedentes claros en Colombia sobre un presidente que convoque a una consulta popular por decreto luego de que el Congreso la negara. Por eso, el camino jurídico no está definido.
También entra en juego el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo en Colombia y se encarga de revisar la legalidad de actos administrativos del Ejecutivo.
Según apuntan analistas, como el decreto se trata de un acto administrativo, este puede ser demandado por cualquier ciudadano ante el Consejo de Estado.
“El panorama más sencillo y claro que existe es que el decreto, al tratarse de un acto administrativo, cualquier ciudadano puede demandarlo”, sentencia ‘El Espectador’.
De hecho, el Consejo de Estado ya admitió una demanda que cuestiona la legalidad de la votación del Senado que le dijo ‘no’ a la consulta popular.
El Consejo de Estado podría ordenar medidas cautelares si acepta una demanda contra la consulta popular y esto evitaría avance la convocatoria a urnas mientras se resuelve el asunto.
De nuevo, ‘El Espectador’ señala que el Gobierno Petro reitera que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, ya que "es la única instancia que tiene como tarea hacerle control constitucional a una consulta popular".
Sin embargo, el camino no es claro por el momento.
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El rol de la Registraduría
En el panorama también está el papel de la Registraduría, que tal como muestra ‘La Silla Vacía’, será clave para el futuro de esta consulta popular por decreto.
El medio señala que una vez el presidente firme el decreto de convocatoria a consulta, el registrador nacional, Hernán Penagos, será clave, ya que debe decidir si acoge el decreto y expide el calendario electoral, o si espera una decisión judicial antes de avanzar.
Si Penagos acepta el decreto, deberá definir fechas, permitir campañas, notificar al CNE y coordinar la logística.
“Ahí se define cuánto tiempo van a tener los partidos políticos para fijar una postura y notificarlo ante el CNE”, señala el medio independiente.
El antecedente más cercano —que cita el medio— es la consulta anticorrupción de 2018, donde la Registraduría tardó solo cuatro días en publicar el calendario electoral tras el decreto presidencial.
La consulta necesitaría una participación de al menos 13 millones de votantes (un tercio del censo) para ser válida. Además, según el medio, organizarla costaría aproximadamente 700 mil millones de pesos.
Sin embargo, el escenario actual es mucho más complejo, al haber cuestionamientos legales y advertencias de “golpe institucional” es posible que Penagos espere un fallo judicial.
En ese caso, señala 'La Silla Vacía', entra “en juego el Consejo de Estado”.
Posibles demandas a la vista
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha sido uno de los principales opositores en el Legislativo a los proyectos de Petro, anunció que demandará el decreto.
“Lo he venido diciendo (desde) hace varios días y en el momento en el que lo firmen, si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente”, sentenció.
“Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar”
Además, recalcó su posición de que la iniciativa no fue aprobada por el Senado y que convocar la consulta sería una violación a la ley.
“Ese es un proyecto que no ha sido aprobado por el Senado y que no hay posibilidades de que él (Petro) cite la consulta”, reiteró.
Por su parte, el senador Miguel Uribe, del partido derechista Centro Democrático, también se sumó a la oposición y anunció que interpondrá una demanda contra el decreto.
“Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar”, afirmó.
Se espera que estas demandas lleguen justamente al Consejo de Estado y que sea la Sección Quinta la que decida sobre estos casos. ‘La Silla Vacía’ recuerda que esta ya ha fallado en contra de varios miembros y partidos afines al Gobierno.
¿Es legal la consulta popular por decreto?: los argumentos a favor y en contra
Petro y sus asesores basan su argumento en las “irregularidades” que hubo en el Congreso.
El exfiscal y expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, quien ha sido uno de los principales asesores, esbozó en una columna de opinión para la ‘Revista Raya’ por qué Petro sí podría convocar la consulta popular por decreto.
En esta señala que en el Senado se “violaron” los principios “prodemocracia o proparticipación” al cerrar la votación sin permitir que una senadora pudiera votar. También que el secretario general “cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación”. Además, señala que “no se dio paso a la apelación” en el Senado.
En su columna, Montealegre sostiene que en el modelo colombiano todos los funcionarios públicos —incluido el presidente— son guardianes de la Constitución. En ese sentido, argumenta, “si el acto del Congreso fue inconstitucional, esto significa que el Senado no se pronunció dentro de los términos señalados en el ordenamiento jurídico y el presidente puede convocar por decreto”.
Montealegre concluye que “ante el bloqueo institucional del Senado, proyectado en actos inconstitucionales, no queda otra salida que ‘El Decretazo’”.
Sin embargo, Colombia está lejos del consenso. Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es que la ley en el país establece que toda consulta popular debe contar previamente con el aval del Senado, sin excepción.
“La ley es clara: la consulta popular necesita el aval del Senado para poder ser una realidad. En ese asunto no hay grises”, señala ‘El Espectador’, citando la posición de constitucionalistas como Juan Manuel Charry y Rodrigo Uprimny.
Aunque el Ejecutivo indica “irregularidades” en la Cámara Alta, varios expertos apuntan a que, en todo caso, la cuestión debería resolverse en instancias judiciales y no mediante una decisión unilateral del presidente.
Muchos afirman que si se abre camino a la consulta popular, esto implicaría abrir la puerta a un escenario donde el Ejecutivo pueda desconocer al Legislativo cuando un resultado no le favorezca. Algo que, según argumentan, debilitaría el principio de separación de poderes.
La Fundación Fede Colombia, por ejemplo, calificó la decisión como una “fractura institucional que amenaza con desfigurar el régimen constitucional colombiano”.
Una ola de reacciones de la oposición
La decisión de Petro ha generado aireadas reacciones por parte de varios frentes opositores al Gobierno.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la decisión como un síntoma de “autoritarismo” y advirtió sobre una ruptura institucional.
“Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima”, sentenció el político derechista.
También lo hizo la exvicepresidenta derechista Marta Lucía Ramírez, quien expresó su rechazo y cuestionó la legalidad de la convocatoria.
“El plan de Gustavo Petro de saltarse al Congreso con decreto para consulta popular es inconstitucional y una amenaza más de su parte a las instituciones democráticas”, afirmó.
"Está jugando con candela"
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en su cuenta de X, comparando esta acción con eventos pasados que consideró como “golpes a la institucionalidad”.
“El Petro Santismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el Gobierno Petro al Congreso”, sentenció.
Por su parte, el centrista y excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, criticó la medida como un ataque directo a las instituciones democráticas.
“Petro hoy pasó al ataque y declaró la guerra al Congreso de la República al anunciar que va a convocar la consulta por decreto. Una jugada que atenta contra las instituciones, ignora los límites democráticos y apuesta, otra vez, por el odio y la confrontación. Está jugando con candela, y no tiene problema en llevarse por delante a Colombia.”
Con EFE y medios locales
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