Los abogados del expresidente francés se pronunciaron este martes en la última audiencia del caso por presunta financiación de campañas electorales vinculadas al exdictador libio, Muammar al Gaddafi. Este proceso levantó revelaciones de acuerdos que eran desconocidos. La decisión del Tribunal se conocerá el 25 de septiembre.
Este martes 8 de abril se celebró la última audiencia del caso contra Nicolas Sarkozy por la presunta financiación del régimen libio de Muammar Gadafi para las elecciones presidenciales francesas de 2007.
El exmandatario estuvo presente en la corte de París junto a su esposa, Carla Bruni, en la que es la jornada final después de tres meses de audiencias, aunque la sentencia no se dictará hasta el 25 de septiembre.
El juicio de un mes de duración contra el expresidente francés por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial está arrojando luz sobre las sorprendentes conversaciones a puerta cerrada de Francia con el Gobierno del entonces líder libio Muamar al Gadafi.
Familiares de víctimas de atentados terroristas patrocinados por el régimen de Gadafi han declarado ante el tribunal que sospechan que Sarkozy estaba dispuesto a sacrificar la memoria de sus seres queridos para normalizar los lazos con la Libia rica en petróleo de hace casi dos décadas.
Los fiscales franceses solicitaron una pena de siete años de prisión para el ex dirigente, de 70 años. También recomendaron una multa de 300.000 euros (330.000 dólares) y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos.
“Oscuro retrato de una parte de nuestra república”
Sarkozy, que dirigió al país de 2007 a 2012, ha negado haber cometido delito alguno. El expresidente francés mantuvo durante todo el juicio que nunca había aceptado dinero de Gadafi.
“Nunca encontrarán un euro libio, un céntimo libio en mi campaña”, dijo en la apertura del juicio en enero. “No hay dinero de la corrupción porque no hubo corrupción”, insistió.
Pero el fiscal Sebastien de la Touanne declaró que durante las audiencias “ha surgido una imagen muy oscura de una parte de nuestra república”.
Acusó a Sarkozy de una “búsqueda frenética de financiación” para satisfacer una “ambición política consumidora” y afirmó que “sólo una pena de prisión y una multa fija” serían “capaces de proteger a la sociedad”.
Sarkozy “no parece apreciar la gravedad de las faltas contra la integridad” de las que se le acusa, añadió el fiscal.
“¿Qué hicieron con nuestros muertos?”
Los momentos clave del juicio se centraron en las conversaciones entre Francia y Libia en la década de 2000, cuando Gadafi pretendía restablecer los lazos diplomáticos con Occidente. Antes de eso, Libia era considerada un Estado paria por haber patrocinado atentados.
Las familias francesas de las víctimas de un atentado con bomba contra un avión en 1989 relataron al tribunal su conmoción y sensación de traición, mientras en el juicio se cuestionaba si las promesas posiblemente hechas al Gobierno de Gadafi formaban parte del presunto acuerdo de corrupción.
En 1988, una bomba colocada a bordo de un vuelo de Pam Am explotó cuando el avión sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, matando a 270 personas de 21 países, entre ellas 190 estadounidenses.
Al año siguiente, el 19 de septiembre de 1989, el atentado del vuelo 772 de UTA sobre Níger causó la muerte de 170 personas, entre ellas 54 ciudadanos franceses a bordo, tras una explosión en vuelo provocada por una maleta bomba.
Tanto las investigaciones francesas como las estadounidenses han vinculado ambos atentados a Libia, cuyo Gobierno mantenía desde hacía tiempo hostilidades con Estados Unidos y otros gobiernos occidentales.
Las familias de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno francés próximos a Sarkozy prometieron olvidar los atentados a cambio de oportunidades de negocio con Libia y, posiblemente, de un supuesto acuerdo.
“¿Qué hicieron con nuestros muertos?”, declaró ante el tribunal Nicoletta Diasio, cuyo padre murió en el atentado, quien se preguntó si los recuerdos de las víctimas “podrían haber servido de trueque” en las conversaciones entre Francia y Libia.
Durante el juicio, Sarkozy afirmó que “nunca jamás” ha traicionado a las familias utilizando a sus seres queridos como moneda de cambio.
Los primeros pasos de Libia para deshacerse de su condición de Estado paria se produjeron en 2003, cuando asumió la responsabilidad de los atentados con aviones de 1988 y 1989 y acordó pagar miles de millones en indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Gadafi también anunció que iba a desmantelar su programa de armas nucleares, lo que condujo al levantamiento de las sanciones internacionales.
Reino Unido, Francia y otros países occidentales intentaron restablecer una relación con Libia por motivos de seguridad, diplomáticos y comerciales.
Tienda beduina en el recinto del palacio presidencial francés
En 2007, Sarkozy recibió a Gadafi en París con honores para una visita oficial de cinco días, permitiéndole instalar una tienda beduina en los jardines del palacio presidencial del Elíseo. Muchos franceses aún recuerdan aquel extraordinario gesto y creen que Sarkozy fue demasiado lejos para complacer a un dictador.
Sarkozy declaró durante el juicio que en aquel momento habría preferido “prescindir” de la visita de Gadafi, pero esta se produjo como gesto diplomático tras la liberación por parte de Libia de unas enfermeras búlgaras encarceladas y condenadas a muerte por un crimen que dijeron no haber cometido.
El 24 de julio de 2007, en virtud de un acuerdo negociado parcialmente por la entonces primera dama Cecilia Sarkozy y funcionarios de la UE, Libia liberó a las cinco enfermeras búlgaras y a un médico palestino que habían pasado más de ocho años en prisión.
Habían sido acusados de infectar deliberadamente a cientos de niños con el virus del sida a finales de la década de 1990, acusación que negaron.
Su liberación eliminó el último gran obstáculo para la reincorporación de Libia a la comunidad internacional.
Sarkozy viajó a Trípoli para entrevistarse con Gadafi al día siguiente de que los médicos fueran devueltos a Bulgaria en un avión presidencial francés.
En el juicio habló de su “orgullo” por haber salvado a los médicos, y añadió que su liberación no habría sido posible sin el compromiso con Gadafi.
Otro presunto beneficiario fue Abdullah Senussi, cuñado de Gadafi y jefe de los servicios de inteligencia, condenado a cadena perpetua en rebeldía por Francia por el atentado contra el vuelo 772 de UTA.
Se emitió una orden de detención internacional contra él y otros cinco sospechosos.
Los fiscales financieros han acusado a Sarkozy de haber prometido levantar la orden de detención contra Senussi a cambio de una supuesta financiación de campaña.
En 2005, personas cercanas a Sarkozy, entonces ministro del Interior, entre ellas su jefe de gabinete Claude Guéant y el ministro adjunto Brice Hortefeux, viajaron a Trípoli, donde se reunieron con Senussi.
Tanto Guéant como Hortefeux declararon ante el tribunal que fue una reunión “sorpresa” de la que no tenían conocimiento de antemano.
Senussi declaró ante los jueces instructores que se proporcionaron millones de dólares para apoyar la campaña de Sarkozy. Acusado de crímenes de guerra, se encuentra encarcelado en Libia. Sarkozy ha negado rotundamente esta afirmación.
El hijo de Gadafi, Saif al-Islam, declaró en enero a la cadena de noticias francesa RFI que había participado personalmente en la entrega a Sarkozy de 5 millones de dólares en efectivo.
En una declaración de dos páginas a la radio RFI, Al-Islam afirmó que Sarkozy “recibió inicialmente 2,5 millones de dólares de Libia para financiar su campaña electoral” durante las elecciones presidenciales de 2007, a cambio de lo cual Sarkozy “concluiría acuerdos y llevaría a cabo proyectos en favor de Libia”.
Afirmó que se entregó un segundo pago de 2,5 millones de dólares en efectivo, sin especificar cuándo.
Según él, las autoridades libias esperaban que, a cambio, Sarkozy pusiera fin a una causa judicial sobre el atentado contra la UTA de 1989, incluida la retirada de su nombre de una notificación de orden de detención internacional. Sarkozy rechazó esas acusaciones.
La guerra civil libia comenzó en febrero de 2011, con unidades del Ejército y milicianos leales a Gadafi oponiéndose a los rebeldes.
Sarkozy fue el primer dirigente occidental que adoptó una postura pública de apoyo a la rebelión.
El 25 de febrero de 2011, declaró que la violencia de las fuerzas pro-Gadafi era inaceptable y no debía quedar impune. “Gadafi debe irse”, dijo entonces.
El 10 de marzo de ese año, Francia fue el primer país del mundo en reconocer al Consejo Nacional de Transición como Gobierno legítimo de Libia.
“Era la Primavera Árabe”, dijo Sarkozy al tribunal. “Gadafi era el único dictador que había enviado aviones militares contra su pueblo. Había prometido ríos de sangre, esa es su expresión”, expresó.
Muamar Gadafi fue asesinado por combatientes de la oposición en octubre de 2011, poniendo fin a cuatro décadas de mandato en el país norteafricano.
Este artículo es una adaptación de su versión en inglés.
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