Veintitrés personas murieron, entre ellas cinco miembros de una misma familia, y otras 124 resultaron heridas, como consecuencia de los bombardeos israelíes entre la noche del 9 de mayo y la mañana del 10, de acuerdo con funcionarios del ministerio de Salud de Gaza, que elevaron el recuento de víctimas mortales desde el comienzo de la guerra a 52.810.
El padre, la madre y tres hijos menores estaban alojados en una tienda de campaña en el distrito de Sabra cuando fueron alcanzados por los ataques aéreos. Otros 18 cuerpos fueron recibidos en hospitales locales en el curso de 24 horas, según funcionarios sanitarios.
Los bombardeos han llegado en momentos en los que crece la preocupación por el bloqueo israelí a la distribución de ayuda en Gaza, y por los intentos de controlar el reparto de alimentos a la atribulada población del territorio palestino.
Entre las víctimas hay cuatro productos de un ataque que destruyó un almacén de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ubicado en la zona norte de Yabalia. El depósito ya se encontraba vacío, luego de haber sido blanco de varias ofensivas terrestres en busca de combatientes de Hamás el año pasado.
El ejército israelí confirmó que el ataque al almacén tuvo como propósito alcanzar a un grupo de milicianos de Hamás, y que había tomado previsiones para evitar que la incursión afectara a civiles. Se desconoce si los fallecidos eran los objetivos designados por el ejército.
Nueve soldados israelíes sufrieron heridas leves por la detonación de un artefacto explosivo mientras realizaban una redada en el barrio de Shijaiyah.
No todos los muertos fueron consecuencia de bombardeos sobre Gaza. Una persona cayó cuando un dron disparó contra un grupo reunido en el barrio Tuffah y un hombre fue alcanzado por fuego de buques israelíes en las costas de Rafah.
Un conflicto cada vez más mortal
El ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, actualizó el 10 de mayo la cifra de víctimas mortales por la guerra de Israel contra Hamás, y la ubicó en 52.810 personas, la mayoría de ellas civiles, aunque no discriminó con precisión la proporción.
Los ataques que han arrasado la mayor parte del territorio de Gaza han dejado también 119.473 heridos.
El recuento detalla que desde que Israel reanudó los ataques el 18 de marzo, luego de menos de dos meses de alto el fuego, han muerto 2.701 personas y 7.432 han resultado heridas producto de los ataques israelíes.
Seguridad alimentaria en riesgo
Más de dos millones de personas podrían estar en riesgo de padecer hambre ante la interrupción del flujo de ayuda alimentaria para la población gazatí, y la situación no parece tener perspectivas de mejorar a pesar de los llamados por parte de Naciones Unidas y agencias internacionales contra los planes israelíes de controlar la distribución de comida.
La seguridad alimentaria de 2,3 millones de personas en el territorio ha estado prácticamente en manos de las cocinas de caridad, pero muchas de ellas han dejado de operar desde que Israel bloqueó la entrada de suministros, como medida de presión para lograr la liberación de los rehenes restantes y el desarme de Hamás.
Esta posición ha sido descrita como “práctica de hambruna” y calificada como un posible crimen de guerra por grupos de defensa de los derechos humanos.
Ahora las preocupaciones se incrementan ante un nuevo sistema de distribución de alimentos, respaldado por Estados Unidos y diseñado por Israel, que es visto como un nuevo detonante para los desplazamientos.
Israel se niega a permitir la entrada de comida, combustible y suministros médicos a Gaza, con el argumento de que esta ayuda está siendo desviada, y ha dicho que la única forma de que la autorice nuevamente es tener control sobre ella.
Para ello ha diseñado un plan según el cual kits de raciones de comida, artículos de higiene, agua potable y mantas serían entregados en cuatro centros que contarían con protección de contratistas privados.
Naciones Unidas y otras organizaciones han rechazado ese plan, no solo porque obligaría a los beneficiarios a desplazarse a áreas cercanas a los centros de distribución, sino porque podría dar pie a un reparto discrecional, que “convertiría la ayuda en un arma”, según un funcionario de la ONU citado por la agencia AP.
Con AP y EFE
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