Finalizado el movimiento cívico-militar de 1965, se acordó —mediante el Acto Institucional y el Acta de Reconciliación firmados con la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— poner fin al conflicto. De acuerdo con lo establecido, los miembros de los cuerpos armados que lucharon a favor de la causa constitucionalista debían ser reintegrados[1] a las Fuerzas Armadas; sin embargo, aunque la medida se dispuso mediante ley, en la práctica eso no fue posible.
Por el contrario, a partir del 3 de septiembre de 1965, durante el gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, cientos de efectivos –se habló de unos tres mil—de las distintas ramas castrenses fueron concentrados bajo la estrecha vigilancia de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) en el campamento «27 de Febrero», ubicado en la zona oriental de la capital, próximo al sector de Sans Soucí. Debido a que los combatientes acantonados allí procedían de diversas dependencias de los institutos armados, la unidad fue bautizada con el nombre de «Brigada Mixta Gregorio Luperón».
Los integrantes de esta brigada permanecieron durante meses bajo el estricto control de la FIP, como quedó evidenciado el 21 de diciembre de 1965, cuando tropas extranjeras impidieron que «oficiales, clases y alistados de la Brigada abandonen el recinto que les sirvió de cuartel; además, evitando que los familiares de los miembros de la unidad pudieran penetrar al recinto militar».[2]
El retorno formal de los soldados a sus respectivas instituciones fue anunciado por el presidente provisional mediante una alocución pronunciada el 27 de septiembre. En dicha intervención, García Godoy se refirió al retorno de los efectivos indicando que consideraba «conveniente regular efectivamente, mediante ley, la obligación de reintegración de todos los militares, consignada en el Acto Institucional y en el Acta de Reconciliación (…) en cuya virtud se inicia la reintegración de militares. Espero que esta reintegración estará completada en términos de tres o cuatro días».[3]
El periódico La Nación, en su edición del día 28 de septiembre, dedicó su espacio editorial —titulado «La vuelta a los cuarteles»— a comentar esta posibilidad, aduciendo que los mandos militares que anteriormente se oponían al reingreso mostraban entonces la mejor disposición de dar cumplimiento a la medida.
Sin embargo, el retorno de los constitucionalistas a sus antiguas responsabilidades castrenses resultó infructuoso. En enero de 1966, muchos de ellos comenzaron a ser destinados al exterior: algunos bajo la premisa de realizar cursos de especialización y otros nombrados como «agregados militares» en embajadas y consulados dominicanos.[4]
«Se estima que el total no excedía de 3,000. Un documento del 2 de septiembre de 1965 del gobierno rebelde enumera 49 altos oficiales sobre el rango de primer teniente del Ejército, la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, el CEFA y la Policía Nacional como miembros de las Fuerzas Armadas constitucionalistas. Entre los más prominentes tuvieron que abandonar el país el coronel Francisco A. Caamaño Deñó, el capitán de fragata Manuel Ramón Montes Arache y el capitán Héctor Lachapelle Díaz».[5]
Se entendía que la reincorporación de los combatientes no enfrentaría mayores obstáculos. No obstante, la mañana del domingo 19 de diciembre de 1965, mientras la alta oficialidad de la Brigada Mixta visitaba la ciudad de Santiago, fue atacada por tropas de la Fuerza Aérea Dominicana en las instalaciones del Hotel Matún, donde se hospedaban los militares calificados por los mandos tradicionales como «rebeldes».[6]
De acuerdo con una comunicación enviada el 11 de noviembre de 1965 al representante del presidente provisional, doctor Anselmo Brache, firmada por el coronel José N. González Pomares en representación de las fuerzas caamañistas —la cual incluía la nómina oficial elaborada por Juan María Lora Fernández y Manuel Ramón Montes Arache—, se establece que para el 30 de junio de 1966 la referida unidad contaba con los siguientes efectivos: 9 coroneles, 4 tenientes coroneles, 9 mayores, 8 capitanes, 20 primeros tenientes, 52 segundos tenientes, 18 cadetes, 1 sargento mayor, 13 sargentos de la Aviación, 20 sargentos, 75 cabos y 21 rasos. El expediente consignaba además a una cantidad considerable de veteranos de las Fuerzas Armadas y a 26 miembros en condición de licencia.
En el expediente de la referencia se hace constar asimismo que, para el 21 de mayo de 1966, un nutrido grupo de oficiales había sido sacado del país con el pretexto de recibir entrenamiento en el extranjero o para ocupar posiciones en el servicio diplomático. Enviados a cursos técnicos o de adiestramiento salieron: 20 a Venezuela, 22 a Chile y 6 a Francia. En tanto que los asignados a legaciones diplomáticas sumaron 19 hombres, encabezados por Francisco A. Caamaño Deñó como agregado en Inglaterra. Los demás fueron distribuidos en representaciones oficiales radicadas en Francia, México, Perú, Italia, Guatemala, Jamaica, Bélgica, El Salvador, Chile, Uruguay, Curazao, Canadá y España.[7]
Un contingente de singular notoriedad dentro del bloque constitucionalista estuvo integrado por la unidad especializada conocida como los «Hombres Rana». Tras el establecimiento del gobierno de Joaquín Balaguer en 1966, sus miembros sufrieron una persecución sistemática y varios perdieron la vida víctimas de atentados terroristas. Para salvar sus vidas, una parte de ellos emigró a los Estados Unidos y Venezuela, donde permanecieron amparados con visados de residencia. Integrantes de otras unidades fueron eliminados, apresados o aislados de los cuerpos castrenses debido a su condición de excombatientes al lado de Caamaño. Un caso que llamó la atención, fue la desaparición física y para siempre de Giovanni Gutiérrez, hijo del coronel constitucionalista. Giovanni Gutiérrez Ramírez; con el secuestro y desaparición del hijo se pretendió castigar la actitud del padre a favor de la constitucionalidad.
En marzo de 1969, el señor Sacha Volman, que actuaba por instrucciones del presidente Balaguer, dirigió una comunicación al mandatario en la que detallaba la situación de los militares constitucionalistas radicados en Nueva York y Puerto Rico. En la misiva, Volman señalaba:
«De aproximadamente cuatrocientos militares constitucionalistas que he enviado a los Estados Unidos con visas de residencia, hay todavía cuarenta y dos que continúan siendo militares activos. Treinta y cuatro de ellos residiendo en Nueva York y ocho en Puerto Rico».[8]
En definitiva, los miembros de las instituciones armadas que combatieron junto a los comandos civiles durante la Guerra de Abril de 1965 nunca fueron reintegrados a los cuerpos castrenses. Por el contrario, un número significativo de ellos cayó asesinado, otros se sumaron a movimientos revolucionarios de oposición y una importante cantidad fijó su residencia permanente en el extranjero, con especial presencia en los Estados Unidos.
Notas de referencia
[1] Véase el artículo 8 del Acta de Reconciliación y la Ley número 21 de 1965.
[2] «Parece confirman Brigada Mixta», El Caribe, 22 de diciembre de 1965.
[3] Texto del discurso del presidente García Godoy, La Nación, 28 de septiembre de 1965.
[4] Brian J. Bosch, Balaguer y los militares dominicanos. Santo Domingo, Fundación Cultural Dominicana, 2010, p. 37.
[5] Brian J. Bosch, Balaguer y los militares dominicanos, ob. cit., p. 33.
[6] «Chocan grupos militares rivales. Se estima en quince la cifra de los muertos en lucha armada», El Caribe, 20 de diciembre de 1965.
[7] Véanse oficios y anexos dirigidos al Gobierno Provisional, Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Presidencia.
[8] Lista de los miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas que permanecen en Nueva York disfrutando de licencias prorrogables, concedidas por el honorable presidente constitucional de la República Dominicana, Dr. Joaquín Balaguer, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por Sacha Volman, 20 de marzo de 1969. Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Presidencia.
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