El gobierno del presidente Luis Abinader inició su gestión con la consigna de la transparencia y la ruptura de la impunidad que persistió durante tanto tiempo en la administración pública.
Participación Ciudadana publicó un recuento de 20 años de ejercicio del poder judicial, y en ese período sólo hubo una condena por un caso de corrupción pública, que tuvo un carácter eminentemente político, contra Rafael Flores Estrella, quien pasó 9 meses en prisión y luego fue indultado por el presidente Joaquín Balaguer.
El caso Odebrecht, emblemático y que afectó al país entre 2001 y 2016, fue dotado de muchas pruebas y confesiones, y se comprobaron pagos de sobornos por 93 millones de dólares para la construcción de obras públicas, y nadie resultó condenado. En Brasil, Colombia, Perú, Panamá y otros países hubo condenas, prisión, suicidios y castigos justicieros y morales que en República Dominicana no se pudieron ver.
Bajo esa premisa, el presidente Luis Abinader inició su gobierno diciendo que la corrupción tendría castigo. Se iniciaron los casos por parte de un Ministerio Público independiente, y los sometimientos, expedientes y pruebas han ido y venido, con precarias condenas por parte de un poder judicial limitado en sus actuaciones, en particular por estrategias legales de defensa que procuran una extinción penal por tiempo límite sin decisión. Eso alegan las personas implicadas.
Solo hubo condena en el caso Antipulpo, con prisión de 7 años para un hermano del entonces presidente Danilo Medina, más otras decisiones por cargos menores a otros implicados.
Y como la corrupción no es solo responsabilidad de un gobierno, pues la intención dolosa existe y sobrevive pese a los peores castigos (que no se aplican en RD), también en esta administración ha habido casos emblemáticos, como el de SENASA, con prisión preventiva para varios destacados empresarios y funcionarios encartados.
Es correcta la postura del presidente de la República de aplicar castigos más duros contra los culpables, pero también es correcta la decisión de aplicar cada vez más controles en la administración pública para evitar licencias, contrataciones, contratos y otras discrecionalidades que abren la puerta a la corrupción, al nepotismo y al aprovechamiento de los recursos estatales.
El presidente está en posibilidad de reiterar su compromiso contra la corrupción, contra el abuso y la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, y en particular de que cada persona que se descubra que ha cometido abuso sea puesta en manos del Ministerio Público, investigada y sometida a la justicia si se comprueba que abusó de los poderes del cargo.
Es necesario reafirmar y trabajar con más decisión y voluntad por la independencia del poder judicial y del Ministerio Público, porque esas son las instancias particulares que pueden poner control a la voluntad de cada funcionario, electo o designado, de aprovechar la posición para servirse a sus anchas sin que haya consecuencias por sus decisiones.
El presidente de la República no debe abandonar ese propósito de su administración. En este gobierno han surgido casos en los que se abusa de los recursos del Estado, pero ni el partido ni el gobierno han salido en defensa de los señalados. Otros casos que han llegado a ser investigados lo serán, en algún momento, siempre que se sustenten y se obtengan las pruebas y se comprueben las sospechas. Y tendrían que contemplarse los castigos correspondientes.
El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental son solo algunas de las instituciones responsables de que nadie abuse de los fondos públicos. La misma responsabilidad podría recaer sobre instancias como la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, que a su vez reúnen, orientan y canalizan recursos para todos los municipios del país.
Es una tarea que no puede olvidarse y que la sociedad siempre respaldará si esa labor se realiza con prudencia, independencia y con las pruebas correspondientes.
Compartir esta nota