Mover la frontera de la impunidad

En una extensa entrevista con Wilson Camacho, director de Persecución de la Procuraduría General de la República y Procurador Adjunto, ha ofrecido palabras de aliento para quienes luchan contra la corrupción y en la impunidad en la República Dominicana.

Ha establecido que no se trata de procesos cortos, sino de ir estableciendo los cimientos de una conducta adecuada de quienes administran fondos estatales y reconocen que su manera de actuar debe corresponderse con el mandato de la ley y no con el desea de hacerse ricos.

Ante la pregunta sobre la decisión del caso Antipulpo, y si la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo desestimula a él y a sus compañeros de labores, Camacho dijo una cosa muy contundente y clara: "No, jamás. Yo siempre digo, cuando me hacen una pregunta parecida, que primero la muerte antes que perder la vida".

Wilson Camacho dijo cosas muy serias y comprometidas. Afirmó que el deber de los fiscales, de los ciudadanos, es mover la frontera de la impunidad, porque los corruptos generalmente tienen alianzas y aliados, tienen defensores, y esos defensores pueden ser políticos, y ejercen presión y hasta se colocan en posiciones de dirección, que chocan con las aspiraciones de los miembros del Ministerio Público que aspiran seguir ascendiendo en su responsabilidad.

Y es verdad. Cualquier político, por ejemplo, ejerce la función de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y desde allí podría cobrar venganzas. Y por eso, para los abogados, fiscales, investigadores, procuradores perseguir la corrupción no es una tarea fácil.

Se entiende que los jueces son terceros imparciales, que analizan el trabajo de los fiscales y toman decisiones, sentencias, correspondientes con un proceso penal libre, público, contradictorio. Y es cierto, existe el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Pero es el Estado quien paga los salarios de los jueces, es el Estado quien paga los salarios de los fiscales, paga el salario de los de la Cámara de Cuentas, de La Contraloría General de la República, de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Y el Estado procura que haya eficiencia en la administración de los fondos públicos, que son propiedad de la sociedad general. Los funcionarios del gobierno administran esos fondos, que son aportados por la ciudadanía a través de impuestos y servicios.

El juez, ni el tribunal, ni la Suprema Corte de Justicia, ni el Tribunal Constitucional pueden ser indiferentes a la decisión del Estado de detener, reducir, controlar la corrupción y de hundir, tanto como sea posible, la impunidad.

El Estado paga a los jueces para que la sociedad tenga mediadores ante los conflictos de intereses, y ante las violaciones a las normas. La corrupción, si se demuestra y se confirma con datos irrefutables, debe ser sancionada y los jueces tienen el deber de condenarla y dictar sentencias que sean firmes y vinculadas con la sanción que dictan los códigos. Si se demuestra que hay soborno, corrupción, estafa contra el Estado, lavado de activos, las penas tienen que ser correspondientes con lo que dice el Código Penal en mínimos y máximos de años de prisión, exposición de bienes y multas,

Wilson Camacho luce insatisfecho con la decisión del caso Antipulpo, pero al mismo tiempo: solo por el hecho de que por primera vez en la historia del país hubo condena contra una persona poderosa, hermano de un ex presidente de la República, entiende que vamos avanzando. Nunca antes había ocurrido. Parece un aliento.

Ciertamente, es una lucha titánica, dura, con grandes sinsabores y con traiciones y desatinos que los fiscales pocas veces sienten satisfacción, luego del esfuerzo que hacen, con las decisiones de los jueces que juzgan.

Los casos sin sentencias son muchos, la impunidad es una tradición en la justicia y en los tribunales. Y no solo por corrupción, también por crímenes, violaciones sexuales, violencia contra la mujer. Siempre depende de quién sea, la posición político, social o económica que ejerza el imputado. Hay muchas puertas para evitar las condenas. Por eso hay que mover la frontera de la impunidad, como bien dice Wilson Camacho.