Se podrá decir que no tenemos la democracia modelo, mucho menos la sociedad ideal. Pero la República Dominicana de hoy dista mucho, para bien, de lo que fue cincuenta años atrás.
Olvidamos que, hace apenas decenios, teníamos cosas tan absurdas como una ley que prohibía y perseguía ideas; regímenes que, de manera arbitraria, impedían a importantes líderes nacionales hablar por radio o televisión; una maquinaria de persecución y asesinatos políticos; encarcelamientos arbitrarios y expulsiones de ciudadanos de su propio país.
Como hoy todo eso ha quedado en el pasado, olvidamos que lo que se ha logrado para construir la democracia ha costado mucho a mucha gente: ha costado vida, cárcel, tortura, exilio, entre otros altos precios.
Y la vida en democracia requiere del cumplimiento de la ley. En las democracias sanas, el respeto a las instituciones es la piedra angular. Sin este, el sistema se desmorona y la confianza del pueblo se erosiona.
Es crucial que todos los actores de nuestro sistema político —los partidos, los aspirantes a candidatos y los líderes— se comprometan a respetar la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.
El órgano rector de las elecciones y los partidos políticos, la Junta Central Electoral, juega un papel fundamental. Su independencia y autoridad no deben ser cuestionadas sin fundamento. Cualquier desconocimiento de su autoridad institucional, especialmente por parte de los actores del sistema político-electoral, debilita la confianza en la democracia.
En los últimos meses, la JCE ha estado advirtiendo a los principales partidos del sistema que deben detener la campaña electoral a destiempo.
Pero estos partidos no han hecho el menor caso: han pasado por encima de la autoridad de la JCE.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente gobierna; el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y el partido Fuerza del Pueblo (FP) no cesan en sus mítines y campañas dentro y fuera de sus locales, y a través de los diversos medios de comunicación.
Todo esto, pese a que la ley es muy clara sobre los plazos para las campañas electorales internas, la celebración de primarias o convenciones y las campañas nacionales antes de las elecciones.
A veces, parece que estamos ya en 2028 y no apenas en 2025, a juzgar por la permanente promoción de candidatos y partidos con miras a las elecciones, para las cuales faltan tres años.
El respeto por la ley no es opcional, es una obligación. Cuando los actores políticos, sin importar su posición, desobedecen las normas o las interpretan a su conveniencia, envían un mensaje peligroso: que las reglas solo aplican a los débiles.
Los partidos y sus líderes deben asumir un rol de ejemplo y de responsabilidad. No se puede pedir respeto si primero no se da. El futuro de nuestra democracia depende de ello.
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