Consideraciones sobre la propuesta de modificación de la Ley 6132

El poder ejecutivo remitió al senado de la República una propuesta de modificación de la vieja ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento.

Ya habíamos comentado ese proyecto, y lo habíamos calificado como positivo y un paso adelante en la legislación en materia de comunicación social, incluyendo un aspecto de avance mayúsculo como es el de la despenalización de los delitos de prensa, cosa que se negaron a hacer los presidentes anteriores a Luis Abinader.

Entendemos que la pieza propuesta es una obra legislativa bien elaborada, bien consensuada y que incluyó los puntos de vista de sectores como el de los periodistas, con la representación del Colegio Dominicano de Periodistas, las empresas de prensa escrita, a través de la Sociedad Dominicana de Diarios, los radiodifusores y profesionales independientes del derecho, incluyendo al coordinador de la comisión presidencial, Namphi Rodríguez, abogado especializado en libertad de expresión y en materia constitucional, y periodista, además de varios profesionales de la comunicación y del derecho que se hicieron presentes por designación presidencial.

Han salido voces críticas, algunas irracionales y destempladas, que descalificarían cualquier legislación, porque parten del criterio de que la mejor ley de prensa es la que no existe.

Otros sencillamente porque desconocen o desean desconocer el modelo democrático, y de paso llevarse de por medio cualquier tipo de regulación, que es propia de la democracia, en la que se equilibran los derechos, se igualan las condiciones de ejercicio “profesional”, y se incluyen los nuevos medios surgidos en los últimos tiempos, que actúan como si no existiera ningún tipo de legislación para regular un ejercicio comunicativo altamente delicado, que podría representar el debilitamiento de la seguridad del Estado, la afectación de la dignidad de las personas, con excesos como la difamación y la injuria, y hasta podría afectar la imagen y la figura del poder ejecutivo en su ejercicio personal en quien haya sido electo para un determinado período presidencial.

El Código Penal en vigencia protege la imagen del presidente de la República y de sus familiares. Aquí hay personas que denigran como si se tratara de un político en ejercicio más, y desconocen las limitaciones que tienen las referencias denigrantes a quien ejerce la presidencia de la República. Pero en el caso del Código Penal se protege exclusivamente al presidente de la República y a su familia.

La ley especial para la protección del ejercicio de la libertad de expresión es la 6132, de diciembre de 1962, firmada por el presidente Rafael Filiberto Bonelly. Esa legislación ha quedado obsoleta, y una de las cuestiones que mantiene es la prisión por difamación e injuria, aparte de las compensaciones civiles que pudieran derivarse de las decisiones de los tribunales.

La despenalización de los delitos de prensa deja las sanciones en manos de los tribunales civiles. Es un avance muy grande. Los límites que se mantienen son tres en materia de delito de prensa: La seguridad del Estado, la dignidad de las personas, y la ofensa a los símbolos patrios y a la propia soberanía del país.

Los medios de comunicación, todos, incluyendo los antiguos y los modernos, están obligados a regirse por una legislación que imponga límites, porque esos límites son un reconocimiento al derecho que tienen las personas que se consideren difamadas y ofendidas a recurrir al instrumento judicial para reclamar el respeto a su historia, a su moral, a la dignidad personal y familiar, entre muchas otras razones.

El lenguaje es rico y todo puede ser dicho, incluyendo las ofensas mayores y la adhesión a los crímenes más atroces, pero al decirlo hay que tener cuidado, seguridad en que lo pronunciado esté acorde con los derechos que tienen los demás a ser respetados.

Voltaire fue quien dijo que “no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero lucharé para que pueda decirlo libremente”, una frase que ha sido modificada y reiterada de múltiples formas.

Raoul Vaneigem escribió un tratado, de buen uso en el área jurídica, titulado “Nada es sagrado, todo se puede decir”, que algunos de los vocingleros que hoy denigran la pieza propuesta por el poder ejecutivo al senado debían intentar leer, para que entiendan que los límites parten de la organización democrática, y que ninguna democracia es posible con la ley de la selva, en donde no hay reglas para la convivencia y el respeto de los derechos ajenos.

La pieza legislativa elaborada por una comisión está en el senado, y la senadora de San Pedro de Macorís encabeza la comisión de estudios. La senadora Aracelis Villanueva tiene consciencia de su responsabilidad y de la soberanía de los senadores que recibieron la propuesta. Estudiarla íntegra es su responsabilidad, como llegó, sin que sea mutilada o limitada en su dimensión, y que los senadores ejerzan su potestad legislativa aprobándola o enmendándola. Nosotros apostamos a su aprobación, tal y como fue sometida.