En menos de una semana, el Gobierno dominicano convirtió en ley lo que presentó como un "plan anticrisis". El Senado lo aprobó en dos lecturas consecutivas el miércoles 17 de junio. La Cámara de Diputados lo ratificó este jueves 18. Urgencia declarada, mayoría aplastante, trámite exprés. Lo que tardó años en discutirse, un pacto fiscal, tomó días en legislarse. Esta misma noche el presidentje Luis Abinader promulgó la pieza, como corresponde al Poder Ejecutivo.
No se trata de negar que el país necesitaba tomar acciones. La presión internacional es real: el barril de petróleo por encima de los 80 dólares, la desaceleración global que el Banco Mundial proyecta en 2.5% para 2026 —el peor desempeño en dos décadas fuera de recesiones—, y un déficit fiscal que no da más espera. El ministro de Hacienda y Economía lo explicó con claridad: República Dominicana ha absorbido hasta ahora el 15% del alza en los combustibles, cuando el promedio latinoamericano supera el 30%. Eso tiene un costo. Y ese costo alguien lo paga.
Pero una cosa es reconocer la urgencia. Otra, muy distinta, es celebrar "el parche" como si fuera la cura.
El propio Gobierno evitó la palabra "reforma", pues el trauma de intentos anteriores pesa. Llamarle "plan pro-crecimiento" o "conjunto de medidas" es, en parte, una decisión política para no despertar resistencias. Pero esa evasión semántica también revela los límites reales de la iniciativa.
Lo que se aprobó tiene elementos valorables: la eliminación del anticipo para micro y pequeñas empresas —una traba histórica al emprendimiento—, la indexación de salarios, la focalización de subsidios hacia los sectores más vulnerables, y un aumento del 3% en el Impuesto sobre la Renta a empresas con ingresos superiores a los RD$1,000 millones, que entrará en vigor en 2027. También se preservó intacto el ITBIS, una decisión que protege el consumo popular y que aceleró el consenso político.
La recaudación estimada: entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Una cifra que, según algunos economistas, podría alcanzarse con solo reducir los subsidios a los combustibles. Es decir: el margen de maniobra era mayor de lo que se admitió públicamente.
Y, si bien, la nueva normativa mejora la eficiencia recaudatoria, no corrige las distorsiones estructurales del sistema tributario dominicano. Y esas distorsiones tienen nombre y apellido.
Que la celeridad del Congreso no nos haga olvidar lo que falta. Porque lo que falta es, precisamente, lo más importante.
La evasión fiscal. República Dominicana tiene una presión tributaria de alrededor del 14% del PIB, cuando el promedio latinoamericano ronda el 19-20%. Esa brecha no se explica solo por la informalidad: se explica también por una evasión sistemática en el Impuesto sobre la Renta y en el ITBIS que el Estado ha tolerado durante décadas. La nueva ley introduce mecanismos de control, pero no ataca el problema de raíz.
La informalidad. Más de la mitad de la economía dominicana opera fuera del registro formal. Ningún paquete de medidas fiscales puede ser verdaderamente progresivo si la base tributaria sigue siendo tan estrecha. Gravar más a quienes ya pagan no es justicia fiscal: es conveniencia administrativa.
El gasto corriente. El expresidente Leonel Fernández lo señaló esta semana con una cifra que merece atención: cerca de 90 de cada 100 pesos ejecutados por el Gobierno van a gasto corriente, y apenas 10 a inversión de capital. El propio Ministerio de Hacienda reconoció que entre 2024 y 2025 el gasto corriente se redujo un 5% y el de capital aumentó 1.1%. Es un avance, pero insuficiente. Un país que aspira al desarrollo no puede seguir financiando nóminas improductivas mientras posterga hospitales, canales de riego y alcantarillados.
La nómina pública. Todos los gobiernos la han inflado. Todos lo saben. Nadie lo resuelve. La tecnología y la inteligencia artificial abren hoy una ventana de oportunidad para racionalizar el aparato estatal sin despidos masivos. Pero eso requiere decisión política, no solo voluntad técnica.
El Espacio Justicia Fiscal, que agrupa organizaciones comunitarias, académicos y movimientos sociales, lanzó esta semana una advertencia que no debe perderse en el ruido de la aprobación exprés: el proceso fue cerrado. La discusión tributaria se resolvió entre el Poder Ejecutivo y la cúpula empresarial, excluyendo a la ciudadanía, las organizaciones sociales y los territorios. Eso, denuncian, viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el espíritu del pacto fiscal que el país lleva años prometiéndose a sí mismo.
Tienen razón en el diagnóstico, aunque el Gobierno argumente que el consenso con el sector privado fue suficiente para garantizar viabilidad. El problema es que "viable" y "justo" no son sinónimos. Una reforma puede ser técnicamente sólida y políticamente conveniente, y aun así perpetuar las inequidades que la originaron.
La mayoría aplastante del PRM en ambas cámaras garantizó la aprobación sin sobresaltos. Eso es un hecho político. Pero una mayoría legislativa no es un cheque en blanco para la historia. Lo que el Congreso aprobó en horas, el país lo vivirá en años.
El verdadero desafío no es recaudar más. Es gastar mejor, distribuir con equidad, formalizar la economía y construir un Estado que rinda cuentas. Eso no se logra con urgencia legislativa. Se logra con reformas estructurales que ningún gobierno dominicano ha tenido el coraje —o la mayoría suficiente— de emprender de verdad.
La ley está promulgada. El debate público, artificialmente acelerado, tiende a cerrarse. Pero el periodismo, los políticos y la academia tienen la obligación de mantenerlo abierto.
¿Cómo se implementarán las medidas? ¿Quién vigilará que la focalización de subsidios llegue a quienes debe llegar? ¿Cuándo veremos la reducción real del gasto corriente? ¿Cuándo se discutirá en serio la nómina pública? ¿Cuándo llegará ese pacto fiscal que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige y que sigue siendo una promesa incumplida?
Esas son las preguntas que no se responden con una sesión de urgencia. Y son las preguntas que este país no puede seguir postergando.
Que la celeridad del Congreso, como fue solicitada por la urgencia de la crisis, no nos haga olvidar lo que falta. Porque lo que falta es, precisamente, lo más importante.
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