La República Dominicana ya tiene en circulación valores temáticos por aproximadamente US$ 852 millones, en un mercado que comenzó a tomar mayor impulso con la emisión del primer bono verde soberano en 2024 y que ahora busca ampliar la participación del sector privado.
El monto incluye emisiones verdes y sostenibles realizadas por entidades públicas y privadas, entre ellas el bono verde soberano por US$ 750 millones colocado por el Estado dominicano en 2024.
Olga Nivar, directora de Emisiones, Patrimonios y Calificadoras de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), explicó que actualmente existen cinco instrumentos temáticos autorizados e inscritos en el Registro del Mercado de Valores.
La lista incluye el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, aprobado en 2021; el bono verde del Banco Popular Dominicano y el bono sostenible de BANFONDESA, ambos aprobados en 2023; el bono verde soberano de la República Dominicana, emitido en 2024, y el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores de Renta Fija Verdes EGE Haina Renovables II, aprobado en 2025.
En este último caso, el programa contempla hasta US$ 140 millones, aunque todavía no ha iniciado su colocación.
La cifra de US$ 852 millones corresponde a los valores temáticos que se encuentran en circulación y no al total de recursos autorizados en los distintos programas.
El bono verde soberano recibió una demanda seis veces mayor a la oferta
La emisión soberana de 2024 constituye hasta ahora la operación de mayor volumen dentro del mercado de bonos temáticos dominicano.
La operación recibió una demanda seis veces superior al monto ofrecido, según la SIMV.
Nivar señaló que el bono se colocó a una tasa aproximadamente 15 puntos básicos inferior a la de un instrumento convencional de plazo similar y que contó con la participación de gestores de activos, fondos de pensiones y compañías de seguros, entre otros inversionistas.
El resultado muestra uno de los posibles beneficios financieros de los instrumentos temáticos: además de financiar proyectos con objetivos ambientales, pueden permitir a los emisores acceder a inversionistas con mandatos específicos de sostenibilidad.
Sin embargo, la funcionaria advirtió que los bonos verdes o azules no deben verse únicamente como una vía para conseguir financiamiento a menor costo.
Su propósito también es movilizar capital hacia inversiones que contribuyan, entre otros objetivos, a la resiliencia climática, la gestión sostenible de los recursos hídricos, la reducción de la contaminación y la protección de los ecosistemas.
El Gobierno dominicano ha reportado posteriormente la asociación del 100 % de los fondos netos obtenidos con el bono verde soberano, equivalentes a US$ 742.9 millones, con proyectos elegibles.
¿Cómo se controla que el dinero de los bonos verdes se use para proyectos ambientales?
Una de las preguntas centrales en este mercado es cómo se evita que un instrumento sea denominado verde o sostenible sin que los recursos terminen realmente en proyectos que cumplan con esos criterios.
La SIMV aplica controles tanto antes como después de la emisión.
En la etapa de autorización, revisa que el prospecto y el marco del valor contemplen los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA): uso de los recursos; proceso de evaluación y selección de proyectos; gestión de los recursos; y reportes.
También se revisa, cuando corresponde, la alineación de los proyectos con la Taxonomía Verde de la República Dominicana y se exige una revisión externa independiente, como una opinión de segunda parte.
Nivar precisó que la SIMV no certifica los proyectos. Su función consiste en supervisar que el emisor cumpla con sus obligaciones de transparencia y revelación y que exista una verificación externa independiente.
Durante la vigencia de los valores, la Superintendencia da seguimiento a los reportes de asignación de recursos y de impacto presentados por los emisores, además de revisar la publicación de hechos relevantes y la correspondencia entre lo declarado inicialmente y lo reportado posteriormente.
Los emisores deben informar, al menos una vez al año, cuánto dinero fue asignado a cada proyecto o categoría, qué recursos permanecen pendientes y cuáles fueron los impactos obtenidos mediante indicadores cuantitativos y metodologías.
La información debe publicarse en el Registro del Mercado de Valores y en la página web del emisor.
La verificación técnica de los indicadores corresponde a revisores externos independientes, como proveedores de opiniones de segunda parte, verificadores o auditores especializados.
¿Qué pasa si el emisor utiliza el dinero para otro fin?
El uso de los recursos para fines distintos a los establecidos en el prospecto constituye un incumplimiento de las condiciones de la oferta pública y de las obligaciones de información.
En esos casos, la normativa contempla requerimientos de información e instrucciones para corregir la situación, además de la obligación de informar mediante un hecho relevante.
También puede suspenderse la colocación de nuevas emisiones del programa y abrirse un procedimiento administrativo sancionador cuando la información divulgada resulte falsa, engañosa o se incumplan las obligaciones correspondientes.
El incumplimiento también puede provocar la pérdida de la denominación de valor verde, social o sostenible si el instrumento deja de cumplir los requisitos establecidos.
El mercado enfrenta dos obstáculos para crecer
Aunque el mercado de valores temáticos ha avanzado, la SIMV identifica dos principales obstáculos para que más empresas dominicanas incursionen en las emisiones verdes.
El primero son los costos adicionales de este tipo de operaciones. Estos incluyen la revisión externa, la verificación y la elaboración de reportes de impacto, gastos que tienen un peso relativo mayor cuando se trata de emisiones pequeñas.
El segundo es la falta de capacidades técnicas en algunas empresas para identificar proyectos elegibles, alinearlos con la Taxonomía Verde y los estándares internacionales y medir posteriormente su impacto.
Para reducir una de esas barreras, la SIMV disminuyó la tarifa de inscripción de las ofertas públicas de valores temáticos a 0.01 % del monto autorizado.
Anteriormente, la tarifa dependía del plazo de vencimiento: era de 0.04 % para emisiones de hasta dos años y de 0.05 % para aquellas con vencimientos superiores a dos años.
La Superintendencia también impulsa programas de capacitación y asistencia técnica con organismos multilaterales.
Entre ellos se encuentra BLUECAR, mientras que con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla un programa de capacitación sobre la Taxonomía Verde.
Dos entidades financieras evalúan bonos azules
El siguiente paso del mercado temático apunta también hacia los bonos azules, destinados a financiar proyectos vinculados con la economía azul.
Actualmente, GGGI, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, brinda asistencia técnica a dos entidades financieras privadas para evaluar el potencial de futuras emisiones de bonos azules.
La asistencia contempla la identificación de proyectos elegibles, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la revisión de criterios de elegibilidad y el análisis de oportunidades de financiamiento.
Nivar aclara que estas evaluaciones se encuentran todavía en etapas iniciales, por lo que no puede confirmarse que culminarán en emisiones efectivas.
La información supone un avance respecto a la fase inicial del proceso reportada previamente, cuando se trabajaba con una entidad financiera y todavía no había un proyecto específico seleccionado para respaldar una eventual emisión.
BLUECAR contempla apoyar la estructuración de emisiones y la identificación de proyectos vinculados con agua y saneamiento, gestión de residuos y contaminación marina, resiliencia costera y turismo sostenible.
Los análisis preliminares de la iniciativa identifican un universo potencial de proyectos elegibles que podría alcanzar US$ 100 millones.
No obstante, esa cifra no representa dinero disponible para ser entregado a los proyectos. Se trata de una estimación del potencial de movilización de inversiones mediante futuras operaciones en el mercado de capitales. La iniciativa fue presentada oficialmente en agosto de 2026 con ese objetivo de movilización.
¿Cuánto dinero podría movilizar el mercado?
La SIMV no proyecta un monto específico de capital privado que pueda movilizarse en República Dominicana mediante bonos verdes, azules u otros instrumentos temáticos durante los próximos años.
Nivar explicó que el volumen dependerá de la disponibilidad de proyectos elegibles, las necesidades de financiamiento de los potenciales emisores, las condiciones del mercado y el apetito de los inversionistas.
El país, sin embargo, ya cuenta con varios de los elementos necesarios para continuar desarrollando este segmento: un marco regulatorio para instrumentos temáticos, la Taxonomía Verde y una guía práctica para la emisión de estos valores.
La Guía práctica para la emisión de valores temáticos fue elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, la SIMV, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD), con apoyo técnico de GGGI.
Entre los sectores identificados con potencial para futuras emisiones están las energías renovables, la gestión del agua, la infraestructura resiliente, la economía azul, el turismo sostenible y la gestión de residuos.
El reto, por tanto, no está solamente en crear nuevos instrumentos financieros, sino en convertir las necesidades ambientales en proyectos que puedan ser estructurados, verificados y financiados a través del mercado de capitales.
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