La Declaración de Punta Cana, adoptada en la vigésima Reunión Regional Americana de la OIT celebrada del 1 al 3 de octubre de 2025, plantea un marco común para enfrentar los retos del mundo del trabajo en las Américas.
El documento hace énfasis en la necesidad de fortalecer la democracia, consolidar el diálogo social y promover el trabajo decente como bases para un desarrollo sostenible con justicia social.
En sus conclusiones, los delegados reconocieron avances desde 2018 pero advirtieron que persisten desigualdades estructurales y riesgos agravados por la pandemia de COVID-19.
Frente a este escenario, propusieron medidas para reducir la informalidad, modernizar la inspección laboral, garantizar la negociación colectiva y ampliar la cobertura de protección social.
Estas acciones, señalaron, requieren recursos y voluntad política para traducirse en resultados tangibles a nivel nacional.
El documento también establece como prioridades avanzar en la transición digital, fomentar las mipymes y mejorar las competencias laborales, aunque advierte que el cierre de la brecha digital es indispensable para que la transformación tecnológica no amplíe las desigualdades.
En paralelo, se impulsa una transición justa hacia economías verdes, con empleos sostenibles que permitan enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer la resiliencia productiva de la región.
Derechos fundamentales
Otro eje de la Declaración es el fortalecimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, que incluye la libertad sindical, la negociación colectiva y la eliminación del trabajo infantil y de toda forma de discriminación.
Asimismo, se plantea modernizar los mecanismos de justicia laboral, garantizar un entorno seguro y saludable y avanzar hacia la implementación de salarios vitales mediante procesos de negociación y fijación salarial.
La igualdad de género ocupa un lugar central, con compromisos para reducir brechas salariales, reconocer el valor del trabajo de cuidados y ampliar las oportunidades de liderazgo femenino.
En el ámbito migratorio, se hace un llamado a establecer políticas coordinadas para una migración laboral segura, ordenada y regular, con especial atención a jóvenes y mujeres. También se alienta la ratificación del Convenio 169 para garantizar derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Finalmente, el documento encarga a la OIT la elaboración de un plan de implementación regional con metas claras y mecanismos de seguimiento, que será presentado al Consejo de Administración en marzo de 2026.
Declaración de Punta Cana
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