El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, valoró la iniciativa de reforma a la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia y expresó que el sector industrial espera que el nuevo marco legal fortalezca la transparencia del mercado y castigue con mayor severidad la competencia desleal.
Brache afirmó que la actualización de la normativa es “un paso oportuno” para modernizar el sistema institucional que regula los mercados del país.
El dirigente empresarial sostuvo que una nueva legislación debe contribuir a enfrentar prácticas ilícitas que afectan la producción nacional, como el contrabando, las falsificaciones y otras formas de competencia desleal.
“Las economías modernas requieren reglas claras y adaptadas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y comerciales”, expresó, al señalar que una ley de competencia moderna no debe percibirse como una carga para las empresas que cumplen con las normas, sino como una garantía de condiciones justas y transparentes para todos los actores del mercado.
Fue en febrero del 2026 cuando ProCompetencia entregó el anteproyecto de reforma a la Ley 42-08. Entre sus principales innovaciones se encuentra la incorporación del control previo de concentraciones económicas, mecanismo inexistente en la normativa actual y que colocará al país acorde a las mejores prácticas internacionales.
“La nueva ley buscará no solo perseguir prácticas anticompetitivas, sino garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en nuestra economía”, señaló en ese momento la titular de ProCompetencia, María Vásquez Taveras.
Brache indicó que uno de los principales aportes de la reforma sería fortalecer la seguridad jurídica, un factor que, según dijo, influye en la capacidad de las empresas para invertir, innovar y generar empleos. También destacó que contar con normas alineadas con las mejores prácticas internacionales contribuiría a reforzar la reputación del país como destino confiable para la inversión.
El vicepresidente de la AIRD, Mario Pujols, expresó que la competencia desleal se ha mantenido en el tope del “Ranking de factores que afectan la competitividad”.
“La competencia desleal es uno de los aspectos que de manera constante preocupa a nuestros asociados. Este tipo de actuaciones oficiales mandan un mensaje contundente de que en el país existe un régimen de consecuencias para los que pretendan ignorar nuestras leyes”, explicó.
El presidente de la AIRD recordó que República Dominicana es una de las economías más abiertas del mundo, por lo que consideró necesario que el nuevo marco jurídico sea dinámico y eficiente.
Asimismo, señaló que la reforma debe alinearse con la estrategia de desarrollo Meta RD 2036, orientada a consolidar una economía más competitiva, con instituciones sólidas y crecimiento inclusivo.
“Desde la industria aspiramos a una República Dominicana más industrializada, innovadora y próspera hacia el 2036”, afirmó Brache, quien agregó que un marco legal actualizado sería un pilar del desarrollo productivo y un instrumento clave para combatir prácticas desleales.
Por ejemplo, a través de procesos de fiscalización de la Dirección General de Aduanas (DGA) han generado RD$ 15,215 millones en impuestos y multascontra la competencia desleal en el sector.
César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) explicó que, según estimaciones del sector empresarial, de cada peso que podría recaudar el Estado dominicano solo ingresan alrededor de 34 centavos. Otros 18 centavos corresponden al gasto tributario asociado a regímenes de excepción, mientras que cerca de 50 centavos se pierden debido a evasión fiscal, comercio ilícito e informalidad.
El Gobierno anunció que el Ceccom ejecutará auditorías operativas y revisiones de permisos para salvaguardar la competencia leal y proteger la industria formal ante la circulación de mercancías sin respaldo fiscal ni sanitario.
La ofensiva no surge en el vacío. República Dominicana se ubicó en la posición 50 del Índice Global de Comercio Ilícito 2025 de la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit), superando a México, Colombia y Brasil, aunque por debajo de Chile y Costa Rica, según reportó Acento.com.do en noviembre pasado.
Asimismo, hasta diciembre de 2025 se habían dictado 50 sentencias condenatorias por comercio ilícito, incluidos casos de alcohol adulterado. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ha destacado que desde 2021 no se registran muertes por ese tipo de productos.
Además, anunció que la Dirección General de Aduanas (DGA) ejecutó 196 fiscalizaciones a comercios asiáticos con un impacto de RD$15,215 millones en impuestos y multas.
En ese sentido, reiteró el respaldo del Conep a medidas orientadas a combatir estas prácticas y aumentar la capacidad recaudatoria mediante mejoras administrativas antes de introducir nuevos impuestos.
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