El Estado dominicano tiene registrados 44,094 inmuebles valorados en más de RD$ 40.5 billones, pero, al mismo tiempo, destina RD$12,000 millones para el alquiler de locales para el funcionamiento de sus instituciones públicas.
La cifra fue proporcionada por el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, durante la presentación de los resultados del primer censo del patrimonio inmobiliario estatal. Sin embargo, el funcionario no precisó el período al que corresponde ese desembolso ni ofreció un desglose que permita conocer cuánto paga cada organismo, quiénes reciben esos recursos y qué proporción de los arrendamientos podría sustituirse mediante el aprovechamiento de propiedades públicas.
Los detalles adquieren mayor relevancia al contrastarlos con la memoria institucional del Ministerio de Hacienda y Economía correspondiente a 2025. El documento establece que, mientras se concluía la segunda fase del censo de bienes inmuebles, Bienes Nacionales continuaba trabajando en el levantamiento de las propiedades alquiladas por las instituciones para sus operaciones.
Este proceso, iniciado en agosto de 2024, había recibido hasta el cierre del período información sobre los arrendamientos de 189 instituciones gubernamentales. El dato no demuestra que el inventario esté incompleto, pero sí obliga a preguntar qué contratos se utilizaron para determinar los RD$ 12,000 millones y si la cifra comprende a todo el sector público.
El registro de Hacienda muestra 44,094 inmuebles, con una valoración patrimonial de RD$40,510,937.3 millones. Esta cifra difiere de los 44,000 inmuebles y los RD$44 billones que Burgos Gómez mencionó al presentar los resultados del levantamiento. La diferencia requiere una explicación de bienes nacionales sobre los criterios de valoración, la actualización del inventario y el alcance de los datos divulgados.
Conocer el valor económico de las propiedades constituye un primer paso, pero no permite determinar cuántas están disponibles para instalar oficinas, cuáles se encuentran ocupadas, cuáles necesitan rehabilitación y cuáles no reúnen condiciones para prestar servicios públicos.
Contratos renovados y millones comprometidos con propietarios privados
Los registros presupuestarios muestran que el gasto en arrendamientos representa una obligación sostenida para las finanzas públicas. En 2024, el Presupuesto General del Estado contempló RD$4,822.8 millones para alquileres y rentas de edificaciones y locales. Entre enero y septiembre de ese año, la ejecución de esa partida superó los RD$3,125 millones, según datos de Hacienda. Este monto comprendía los tres poderes del Estado y los órganos extrapoder, mientras que los contratos examinados individualmente por la Contraloría correspondían al Poder Ejecutivo.
La documentación de la Contraloría permitió identificar 1,215 contratos de alquiler suscritos entre septiembre de 2023 y octubre de 2024, por los cuales se habían pagado al menos RD$ 1,638.8 millones en mensualidades. De esos acuerdos, 673 eran renovaciones de contratos preexistentes, 223 correspondían a adendas y 319 eran nuevos arrendamientos.
Algunos compromisos alcanzaban plazos de hasta 30 años, una duración que obliga a examinar si el Estado está utilizando el alquiler como una solución provisional o si ha terminado convirtiéndolo en una modalidad permanente para alojar sus dependencias.
Los datos presupuestarios posteriores también apuntan a la necesidad de revisar la evolución de este gasto. En abril de 2026, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al presentar un análisis basado en cifras de la Dirección General de Presupuesto, afirmó que en 2025 el gasto del Gobierno Central en alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD$5,000 millones, el nivel más alto del período examinado.
La organización también señaló que para 2026 se habían contemplado RD$ 6,898 millones en esa partida. Estas cifras deben contrastarse con los reportes definitivos de ejecución presupuestaria, pero ofrecen un punto de partida para exigir una explicación sobre la evolución del compromiso financiero.
La dimensión del problema también se refleja en los pagos de algunas instituciones. Entre los casos identificados en contratos y registros públicos figuran la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), con un alquiler mensual de RD$ 2.9 millones, y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que durante más de una década pagó alrededor de US$ 100,000 mensuales por su sede, además de unos US$40,000 por espacios de estacionamiento. También aparecen la Tesorería de la Seguridad Social, con RD$1.7 millones mensuales, y la Contraloría General de la República y el Ministerio de la Mujer, con compromisos de RD$1.4 millones cada uno en los inmuebles examinados.
El caso de Indotel muestra, además, que existen alternativas al arrendamiento prolongado. La institución formalizó en marzo de 2025 un contrato para adquirir un edificio propio, una operación que, según las proyecciones divulgadas por el organismo, representaría un ahorro estimado de RD$1,540 millones para el Estado durante los siguientes diez años. La experiencia plantea una pregunta que debería formar parte de la planificación de las demás dependencias: ¿Cuánto dinero podría dejar de pagar el Gobierno si compara sistemáticamente el costo de alquilar durante años con la adquisición, construcción o rehabilitación de instalaciones propias?
Bienes Nacionales anuncia recuperación de edificios, pero falta medir el ahorro
La concentración de oficinas públicas en inmuebles estatales es la principal alternativa que ha presentado Bienes Nacionales para reducir los arrendamientos. Burgos Gómez informó que el programa de recuperación contempla una primera etapa de 11 edificaciones, seguida de una segunda fase de 24 inmuebles distribuidos en 14 provincias. Para 2027, la institución proyecta incorporar otros 34 edificios. Uno de los proyectos es el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao, acondicionado para albergar 33 instituciones públicas y concentrar servicios que anteriormente funcionaban en diferentes locales.
El funcionario también ha estimado que la recuperación de las propiedades permitiría ahorrar RD$8,000 millones, mientras que otros RD$4,000 millones se destinarían al mantenimiento de los inmuebles. Se trata de una proyección gubernamental, no de un ahorro materializado. Para comprobar su viabilidad, será necesario conocer cuánto costará rehabilitar las edificaciones, cuáles contratos serán cancelados como consecuencia de los traslados y en qué momento comenzará a reflejarse la reducción en la ejecución presupuestaria.
La capacidad de respuesta de bienes nacionales frente a los requerimientos de información también tiene antecedentes que merecen atención. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), en su memoria institucional de 2023, dejó constancia de que su equipo investigador intentó reunirse en varias ocasiones con Burgos Gómez, mediante visitas, llamadas, correos electrónicos y comunicaciones escritas, sin conseguir respuesta. La última solicitud de reunión mencionada en el documento fue remitida el primero de agosto de ese año, durante una investigación sobre una denuncia de presunta usurpación de funciones en una oficina provincial de la institución.
La Digeig informó que remitió el expediente a la Procuraduría General de la República y recomendó suspender al servidor público señalado mientras se conocía el caso. La memoria no atribuye a Burgos la conducta denunciada, pero sí documenta que la falta de respuesta de la dirección dificultó la obtención de información oficial para el trabajo de investigación del organismo. El antecedente cobra relevancia en momentos en que la institución tiene la responsabilidad de ofrecer datos verificables sobre el patrimonio inmobiliario y los compromisos de arrendamiento del Estado.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en contar las propiedades públicas o anunciar la reconstrucción de edificios. Bienes Nacionales debe precisar cuáles inmuebles están disponibles, cuáles instituciones podrían trasladarse, qué contratos se pretende sustituir y cuánto representan esos arrendamientos en el presupuesto de cada entidad. También corresponde a las autoridades publicar el desglose de los RD$12,000 millones, aclarar el período de referencia y completar el inventario de los locales alquilados, de manera que la ciudadanía pueda evaluar si las medidas anunciadas responden a una política efectiva de aprovechamiento del patrimonio estatal.
Con más de 44,000 inmuebles registrados y miles de millones comprometidos en arrendamientos, el Gobierno tiene pendiente demostrar que administra de manera eficiente las propiedades que pertenecen a todos los dominicanos. La recuperación de edificios puede representar una oportunidad para reducir gastos recurrentes, pero su éxito no se medirá por la cantidad de inauguraciones ni por el valor estimado de los terrenos y construcciones. Se medirá por los contratos que deje de pagar, los recursos que consiga ahorrar y la capacidad de convertir el patrimonio público en instalaciones útiles para prestar servicios a la población.
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