DGCP emite reglamento sancionador que fija inhabilitaciones de hasta 10 años para proveedores del Estado

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió el Reglamento DGCP-SNCP-02-2026 del Procedimiento Administrativo Sancionador, una normativa que establece las reglas para investigar y sancionar las infracciones cometidas por proveedores del Estado, en el marco de la implementación de la Ley 47-25.

El reglamento introduce una separación clara de funciones dentro del proceso sancionador, con el objetivo de garantizar la objetividad en las investigaciones y decisiones, así como el respeto al debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica en las actuaciones administrativas.

El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que la disposición fortalece la seguridad jurídica al definir criterios objetivos para cada etapa del procedimiento, desde la investigación hasta la decisión final.

La nueva regulación detalla:

• Competencias del órgano rector.
• Fases del proceso.
• Derechos de defensa de los administrados.
• Mecanismos de decisión.
• Separación entre las funciones de instrucción y sanción.

Asimismo, establece la ejecución de las sanciones y su registro en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), así como los efectos de la inhabilitación y los mecanismos para restituir el estatus del proveedor una vez cumplida o revocada la sanción.

¿Cuáles son las medidas?

• Escalas de inhabilitación de 1 a 5 años y de 5 a 10 años, según la gravedad de la falta.
• Criterios de proporcionalidad basados en la intención, el beneficio económico obtenido y el impacto en la continuidad de los servicios públicos.
• Procedimientos simplificados para proveedores que admitan responsabilidad.
• Posibilidad de reparación del daño como parte del proceso.

En cuanto a la responsabilidad, se establece que la inhabilitación de un miembro afectará a todo el consorcio, y que las sanciones podrán extenderse a entidades vinculadas en casos de fraude o simulación para evadir las medidas.

El reglamento entrará en vigor 30 días hábiles después de su publicación oficial y forma parte de un conjunto de seis normativas especiales que la DGCP desarrolla para regular distintos aspectos de la contratación pública.

Hasta la fecha, la institución ha emitido dos de estos reglamentos.