El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a incorporar recursos en un presupuesto complementario que permitan iniciar este mismo año el pago de las acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley 16-26.
La organización remitió la solicitud a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mediante una comunicación entregada por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, quienes coordinan y representan al gremio.
De acuerdo con el documento, la iniciativa busca que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los recursos necesarios en un presupuesto complementario correspondiente al presente ejercicio fiscal.
El planteamiento se produce después del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas consideran necesario para avanzar en el proceso de reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado.
La organización reclama acelerar la aplicación de la Ley 16-26
Piden agilizar los expedientes
El CIC sostuvo que, además de promover la asignación de recursos, el Congreso debería exhortar a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los contratistas beneficiarios de la legislación.
Según la entidad, entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que aún esperan el pago de acreencias derivadas de obras ejecutadas para el Estado.
Asimismo, propuso que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Reclamo por una deuda acumulada durante años
El comité argumentó que la asignación de fondos permitiría iniciar la ejecución efectiva de la Ley 16-26, promulgada con el objetivo de establecer un mecanismo para el pago de obligaciones pendientes con contratistas de obras públicas.
La organización considera que el inicio de los desembolsos contribuiría a fortalecer la credibilidad institucional y representaría un avance en la solución de una deuda que, según sus integrantes, permanece pendiente desde hace varios años.
Depende de la disponibilidad de recursos presupuestarios
La Ley 16-26 creó el marco legal para reconocer y gestionar el pago de acreencias pendientes a contratistas de obras públicas.
Sin embargo, su aplicación depende de la disponibilidad de recursos presupuestarios y del trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de validar los expedientes y establecer el cronograma de pagos.
La solicitud del CIC se produce en un contexto de expectativa por el inicio de las labores de esa comisión y de reclamos de distintos sectores para que la normativa pase de la etapa administrativa a su ejecución financiera.
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