¿A qué precio debe comprar el Estado? Carlos Pimentel responde

Las contrataciones públicas en República Dominicana han dejado de ser un procedimiento administrativo para convertirse en una “herramienta estratégica” del Estado, clave para el desarrollo económico, la competitividad y el fortalecimiento institucional. Así lo afirmó Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

“En países como República Dominicana, donde el gasto público representa alrededor del 32 % del Presupuesto General de la Nación, la forma en que el Estado compra define qué sectores crecen, cómo se distribuyen las oportunidades y qué tipo de mercado se consolida”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones responde a una necesidad de modernización.

“Esta ley garantiza que cada proceso de contratación sea competitivo, trazable y orientado al valor”, dijo, aclarando que el valor no se limita al precio. “Incluye la calidad, la sostenibilidad, el impacto económico y el aporte al desarrollo nacional”.

En ese sentido, insistió en desterrar la cultura del menor precio. “El Estado no está obligado a comprar lo más barato, sino lo que necesita, con la calidad requerida y al precio más justo”, puntualizó. “Por eso ya no hablo del precio más bajo, sino del precio más justo”.

El director de Compras y Contrataciones resaltó que los avances en transparencia han incrementado la participación de proveedores.

“En los últimos años, el nivel de participación en los procesos de contratación se ha incrementado en un 42 %”.

Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

No obstante, advirtió que este aumento también supone nuevos desafíos. “No es lo mismo gestionar una licitación con diez ofertas que con cincuenta o con cientos. Esto exige mayores capacidades técnicas y gerenciales”.

La nueva ley, explicó Pimentel, introduce una visión más sofisticada de las compras públicas basada en el concepto de valor por dinero, incorporando criterios sociales, económicos y de sostenibilidad, lo que implica dejar atrás una lógica reduccionista del menor precio y avanzar hacia evaluaciones integrales.

Para ilustrarlo, puso el ejemplo de la compra de guantes médicos. “Si se compra el más barato, el médico puede necesitar cinco pares en una cirugía de tres horas porque se rompen. Con uno de mejor calidad y posiblemente un poco más caro, se resuelve el procedimiento completo. Comprar calidad también es garantizar derechos con dignidad”, explicó.

Según detalló, la ley, promulgada el 28 de julio del 2025 con objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado dominicano, se apoya en tres ejes: mayores niveles de transparencia y control, mayor eficiencia en los procesos de contratación y, como eje central, el aporte directo al desarrollo económico y social.

“Las contrataciones son el medio, pero el fin es generar empleo, dinamizar la economía y producir bienestar para todos los dominicanos”, enfatizó.

El funcionario señaló que no se trata de ajustes menores.

“No estamos ante una reforma cosmética ni simples cambios procedimentales; estamos ante una profunda transformación del sistema de contrataciones. Es una nueva manera de cómo el Estado contrata”, aseguró.

Debilidades estructurales

Carlos Pimentel recordó que el sistema evidenció debilidades estructurales como la discrecionalidad, el uso inadecuado de procedimientos excepcionales, la limitada planificación y la baja participación de los sectores productivos nacionales.

Estas fallas, dijo, “no solo afectaron la confianza de la ciudadanía, sino que distorsionaron el mercado, penalizando a las empresas que apostaban por la formalización, la calidad y la integridad”.

“Las contrataciones públicas dejan de ser un tema exclusivamente administrativo para convertirse en una herramienta estratégica del Estado. Eso es lo que está detrás de esta nueva normativa”, afirmó.

Entre las principales novedades de la legislación, el funcionario destacó el rol de la planificación.

“La planificación adquiere una relevancia fundamental y debe articularse desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales, estratégicos y operativos, hasta los planes anuales de compras”, explicó.

Asimismo, resaltó que la normativa prioriza la producción nacional como respuesta a la baja participación de los sectores productivos locales.

La Ley 47-25 refuerza la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), elevando del 20 % al 30 % la cuota del presupuesto de compras públicas destinada a estas empresas, y del 5 % al 10 % para mipymes lideradas por mujeres.

Pimentel destacó que estos porcentajes ya se están alcanzando incluso antes de la entrada en vigor de la ley. “Hoy estamos en un 32 % para mipymes y un 12 % para mipymes mujeres”, indicó.

El funcionario sostuvo que la nueva normativa no es proteccionista ni excluyente.

“Busca crear un mercado público más diverso, resiliente y competitivo, donde la industria nacional tenga condiciones reales para crecer”, afirmó.